El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. Foto: Anna Moneymaker / Gettyimages.ru
Los republicanos de Estados Unidos encaran las elecciones de medio mandato con un discurso que entrelaza la lucha antiterrorista con la demonización del comunismo y la izquierda radical, en una escalada retórica que ya ha dejado huella en la agenda diplomática y de seguridad nacional. A mediados de julio, esa línea política no solo está definida, sino operativa.
El escenario elegido para su lanzamiento público fue la Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político, convocada por el Departamento de Estado.
Allí, el secretario de Estado, Marco Rubio, sentenció que “la amenaza de la violencia procedente de la izquierda ya no puede seguir ignorándose”. No se trató de un foro académico ni de un intercambio técnico: Rubio reunió a representantes de más de sesenta países para impulsar una campaña internacional contra las “organizaciones de extrema izquierda”, con un paquete de medidas que incluye nuevas categorías de terrorismo, restricciones de visado y la persecución de redes transnacionales.
El mensaje tuvo un refuerzo de peso con la intervención del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien aseguró que apenas dos horas después de jurar su cargo fue víctima de un intento de asesinato por parte de “un activista de izquierda”.
Bessent se refería a Ryan Michael English, un individuo que ya se declaró culpable y será sentenciado en agosto. Aunque no hay evidencia pública de que English pertenezca a organización violenta alguna, el episodio sirvió como ancla emocional para una narrativa más amplia: la de un poder asediado por fuerzas internas que operan desde la sombra.
Lo que Rubio y Bessent presentaron como testimonios aislados encaja, sin embargo, en una construcción política sistemática. La prueba más elocuente es la Estrategia de Estados Unidos para la lucha contra el terrorismo, publicada en mayo pasado.
Ese documento oficial eleva a los “extremistas violentos de izquierda, incluidos anarquistas y antifascistas”, al rango de una de las tres categorías prioritarias de amenaza terrorista, junto con los cárteles de la droga y las organizaciones islamistas.
Pero el texto va más allá: acusa a la administración anterior de haber utilizado el aparato antiterrorista para perseguir a conservadores y manipular procesos electorales. De este modo, en un mismo instrumento estatal quedan soldados el terrorismo de izquierda, la persecución a los simpatizantes de Trump, los presuntos abusos de los servicios de inteligencia y la integridad de los comicios.
Rubio, por tanto, no inauguró un debate; más bien dio cobertura política a una doctrina ya madurada en los despachos. Con ella, los republicanos obtienen un comodín interpretativo que les permite presentar la delincuencia común, los disturbios callejeros, los movimientos de protesta, la inmigración irregular, las organizaciones antifascistas e incluso una fracción del Partido Demócrata como manifestaciones de una misma amenaza endógena.
En palabras del secretario de Estado: “Muchas personas en puestos de liderazgo han justificado repetidamente actos de violencia e incluso de terrorismo como formas legítimas de expresión política cuando servían a ideas de izquierda”.
El núcleo ideológico del discurso de Rubio, sin embargo, trascendió lo pragmático para adentrarse en terreno metafísico. Para él, el “terrorismo de izquierda” no es una protesta contra injusticias concretas, sino “una rebelión contra la civilización”. Y concretó: “Una rebelión de los peores contra los mejores, de los débiles y cobardes contra los fuertes y bondadosos”.
El secretario de Estado también cargó contra el comunismo, al que definió como “un mundo sin personas que sobresalgan por encima de los demás y realicen hazañas extraordinarias”, así como “un mundo sin Dios”
En esa lógica, la frontera entre un terrorista, un activista de izquierda, un manifestante, un socialista democrático, un comunista o un mero adversario político se diluye por completo.
La conclusión que se desprende de las intervenciones de Rubio y Bessent, refrendadas por declaraciones previas de Donald Trump y otros líderes republicanos, es que la Casa Blanca ha comenzado a tratar la disidencia ideológica como una variante del terrorismo. Y eso tiene implicaciones profundas para el proceso electoral: una victoria republicana sería presentada como un triunfo sobre la “amenaza comunista-terrorista”; una derrota, en cambio, podría atribuirse a la injerencia de Rusia y China, al sabotaje interno del Partido Demócrata o a la movilización de los sectores más radicales en las calles.
Queda por ver si esta construcción discursiva se limita a una estrategia de campaña o se consolida como un modelo político estable. Los próximos procesos penales, las listas de sanciones y las investigaciones financieras que el Tesoro y el Departamento de Estado tienen en cartera ofrecerán pistas decisivas.
Lo que ya es evidente es que el GOP ha decidido jugar sus cartas con un arsenal que mezcla seguridad nacional, guerra cultural y geometría variable del enemigo, todo ello en vísperas de unos comicios que se anticipan tan reñidos como polarizados.
(Con información de RealClearPolitics)