La Asamblea General de las Naciones Unidas celebrará este 7 de julio, a solicitud de Cuba, un debate de carácter urgente en el que nuestro país denunciará las acciones agresivas del Gobierno de Estados Unidos, incluidas las amenazas de una agresión militar directa.
Durante la sesión, Cuba expondrá el impacto del cerco energético que enfrenta el pueblo cubano, el cual, junto con las restantes medidas de recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington, constituye un acto de genocidio, un castigo colectivo y una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos del pueblo cubano y del derecho internacional humanitario.
El cerco energético que hoy sufre el país, con profundas repercusiones para la vida cotidiana de la población, constituye, en términos prácticos, un bloqueo naval contra Cuba, considerado un acto de guerra. Asimismo, la obstaculización de la llegada de suministros humanitarios vulnera las normas del derecho internacional humanitario.
La política de intensificación del bloqueo aplicada por Estados Unidos contradice, además, los principios y normas del derecho internacional.
Cuba ha solicitado este debate debido a la urgencia y gravedad de la situación actual. No se trata de una agresión hipotética ni de una simple evaluación de riesgos, sino de una agresión que ya está en marcha y que se manifiesta en los ámbitos económico, político y comunicacional, además de contemplar la eventual amenaza de una agresión militar contra la Isla.
El debate en la Asamblea General, órgano más amplio, representativo y democrático de las Naciones Unidas, permitirá demostrar que, contrario a la narrativa promovida por Estados Unidos —y en particular por su Departamento de Estado—, Cuba no es ni puede ser una amenaza para ese país.
Por el contrario, la verdadera amenaza para la existencia y el bienestar del pueblo cubano es el bloqueo estadounidense, hoy recrudecido hasta niveles sin precedentes. Esa política también afecta los derechos soberanos de otros Estados y vulnera los intereses de empresas, entidades e inversionistas que no están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos.
Como en ocasiones anteriores, Cuba confía en recibir nuevamente el respaldo de la comunidad internacional a su solicitud de debatir con carácter urgente una situación que representa una amenaza para la paz y la estabilidad internacionales y regionales, así como para la condición de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.