El ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez, reconoció que persisten insuficiencias en el control de la implementación de estas disposiciones. Foto: Enrique González (Enro)/ Cubadebate.
La aplicación del mandato constitucional ha generado un robusto sistema legal, con 54 leyes y 123 decretos leyes promulgados hasta ahora, creando un marco normativo integral que garantiza el funcionamiento del país bajo estrictos principios de legalidad, se destacó en el quinto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional.
No obstante, el ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez, reconoció que persisten insuficiencias en el control de la implementación de estas disposiciones, lo que afecta su cumplimiento efectivo.
Silvera Martínez afirmó que la política aprobada en julio de 2025 define conceptos esenciales sobre la actuación de los directivos del país en cuanto a la exigencia y cumplimiento de las normas jurídicas, esenciales para el desarrollo nacional en un ambiente de orden y legalidad.
Ante la actualización del modelo económico y la intensa actividad legislativa, el asesoramiento jurídico requiere de profesionales preparados y éticos, capaces de resolver problemas y acompañar los procesos clave en las instituciones, sostuvo el ministro de Justicia.
El ministro de Justicia enumeró las principales medidas aprobadas para fortalecer la implementación de las normas jurídicas en el país y señaló la necesidad de reforzar el control en la aplicación de las disposiciones legales, responsabilidad directa de los órganos rectores correspondientes en cada sector.
Insistió, además, en fortalecer la exigencia por parte del Gobierno, donde el Consejo de Ministros desempeñará un papel central como eje impulsor de la iniciativa legislativa.
En este marco, el Ministerio de Justicia (Minjus) tendrá una participación activa y, por decisión del primer ministro, asumirá la rectoría en el control de los organismos de la Administración Central del Estado y su sector empresarial.
A nivel territorial, las direcciones provinciales y municipales de Justicia estarán encargadas de supervisar los sistemas de trabajo en las entidades locales que cuentan con asesoría jurídica propia. Paralelamente, las consultorías jurídicas provinciales ejercerán la vigilancia sobre las entidades contratadas para prestar servicios legales, completando así un sistema integral de control.
En cumplimiento del Decreto Ley 349, Del Asesoramiento Jurídico, se exigirá de manera gradual a pequeñas y medianas empresas la obligatoriedad de contar con asesoría legal, excluyendo a las microempresas y cooperativas.
El ministro de Justicia subrayó la necesidad de elevar el rol del asesor jurídico mediante un proceso obligatorio y gradual de habilitación para todos los operadores del derecho.
Estas acciones buscan mejorar la implementación de las leyes en el nivel de los actores económicos, fortalecer la institucionalidad y aumentar la eficacia de las normas en beneficio del desarrollo nacional.
Se reforzarán las garantías para las partes involucradas en negocios, al contar con asesoría especializada que vele por la legalidad en todas las etapas, elevando así la calidad de las relaciones contractuales.
“El carácter integral y de perfeccionamiento continuo de esta política permitirá fortalecer la legalidad en los principales procesos de las entidades, con énfasis en la contratación económica, el control interno y el acompañamiento legal a las formas de gestión no estatal”, concluyó Silvera Martínez.
Diputados tienen la palabra
Carlos Rafael Fuentes León, representante de la Comisión de Órganos Locales, destacó que en Cuba el control popular no se limita a los órganos locales, sino que involucra a las organizaciones de masas y a los trabajadores en sus centros laborales.
Explicó que los controles realizados por los consejos populares, con participación ciudadana, están enfocados principalmente en evaluar la calidad de los servicios en las comunidades, sin sustituir las funciones de control que corresponden a entidades estatales y administrativas.
El mecanismo establecido incluye procedimientos para la realización y evaluación de las acciones de control popular por los consejos populares, las comisiones permanentes de las Asambleas Municipales y otras iniciativas destinadas a perfeccionar el trabajo de los órganos locales.
Además, cuenta con un programa metodológico para el control asambleario de la implementación de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Esteban Lazo Hernández, miembro del Buró Político y presidente del Parlamento, subrayó que “el control popular no es un problema metodológico, es conceptual; es la esencia de nuestro sistema político de democracia participativa”.
Por su parte, Leydis María Labrador Herrera, diputada por Las Tunas, consideró que en la práctica la aplicación de las normas en la base no siempre se ajusta a lo establecido en las leyes, lo que exige fortalecer la cultura jurídica tanto en las instituciones como en el pueblo.
José Amado Ricardo Guerra, miembro del Buró Político y secretario del Consejo de Ministros, propuso incorporar en el documento que se elabora el control popular ejercido directamente por los ciudadanos contra posibles abusos.
Además, llamó la atención sobre la necesidad de esclarecer los pasos a seguir y la responsabilidad de quienes reciben denuncias.
“Conjugando esto con la participación popular, se podría fortalecer el documento para que el control popular abarque desde lo institucional hasta el ciudadano”, opinó.