Foto: Marcelino Vázquez/ Cubadebate
En Cuba, el 22% del empleo informal es femenino, pero la realidad es más compleja, según Yudith Laura Ferreiro, directora del Centro de Estudios de la Mujer de la FMC, quien habló ante los diputados sobre una investigación pionera sobre la participación de las mujeres en el sector no estatal.
La información fue dada al presentar los resultados de una investigación del Centro de Estudios de la Mujer de la FMC sobre el empoderamiento económico femenino en el sector no estatal, durante los debates de la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de los Derechos de la Mujer.
El estudio, surgido a raíz de los debates del VII Pleno del Comité Central del Partido, buscó identificar manifestaciones de discriminación y violencia de género en este sector emergente de la economía cubana.
El estudio reveló patrones de discriminación y violencia simbólica contra mujeres en empleos privados, desde exclusiones por maternidad hasta requisitos basados en estereotipos.
Foto: Marcelino Vázquez/ Cubadebate.
Xiomara Torres, representante por Guantánamo, subrayó la urgencia de actuar. “Hay un nivel de aceptación alarmante. Les hacen creer que un salario alto compensa la falta de derechos laborales”, dijo.
La Federación de Mujeres Cubanas propuso expandir la investigación a todos los territorios con apoyo universitario y de diputados locales, y debe romper la normalización de la injusticia.
La investigación muestra, además, situaciones preocupantes que requieren atención inmediata.
Según los datos presentados, persisten prácticas laborales que vulneran los derechos de las trabajadoras, particularmente en lo relacionado con la licencia de maternidad, la igualdad salarial y las condiciones de contratación.
Es alarmante cómo muchas mujeres aceptan estas condiciones por considerar que los salarios más altos compensan la falta de protección social, desconociendo el efecto a largo plazo en su seguridad económica.
Un aspecto especialmente sensible es el de la violencia simbólica.
Durante la presentación se mencionaron ejemplos concretos de anuncios laborales que exigen determinadas características físicas o nivel educacional injustificado, así como promociones en establecimientos que utilizan el cuerpo de la mujer como reclamo comercial. Estos casos, aunque parezcan aislados, reflejan patrones culturales profundamente arraigados que requieren una respuesta integral.
La diputada Arianna Cruz enfatizó la necesidad de aplicar el nuevo decreto ley sobre contravenciones: “Un acto discriminatorio es inconstitucional. No es solo una violación administrativa, es un delito”.
“En nuestras comunidades nos encontramos constantemente con mujeres vulnerables que, a pesar de reconocer situaciones de explotación, no denuncian por temor o necesidad económica”, afirmó.
Este testimonio subraya la paradoja: mientras más crece el sector no estatal, más urgente se hace garantizar los derechos laborales de quienes en él trabajan.
La presentación generó un intenso debate entre los diputados presentes. Varios coincidieron en que estos problemas no son exclusivos de un territorio específico, sino que se manifiestan en mayor o menor medida en todo el país.
La diputada Yamila González Ferrer, vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas, explicó que “un acto discriminatorio no es simplemente una contravención, es una violación constitucional”, recordando que el marco legal cubano contempla herramientas para enfrentar estas situaciones.
Foto: Marcelino Vázquez/ Cubadebate
La investigación del Centro de Estudios de la Mujer deja claro que el empoderamiento económico femenino no puede medirse solo por la participación en el mercado laboral, sino por la calidad y las condiciones de esa participación.
Los resultados presentados son una base sólida para diseñar políticas públicas más efectivas y mecanismos de control que garanticen los derechos de todas las trabajadoras, sin importar el sector en el que se desempeñen.
La FMC asumió el compromiso de continuar profundizando en esta línea de investigación, ampliando la muestra a más territorios y sectores económicos.
Al mismo tiempo, se destacó la necesidad de trabajar en la capacitación tanto de trabajadoras como de empleadores, para que el respeto a la igualdad de género sea una realidad en todos los espacios productivos de Cuba.