La presidenta Dina Boluarte durante la rueda de prensa con medios extranjeros, el 24 de enero de 2023 en el palacio de gobierno de Lima. Foto: AP.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidió este martes “una tregua nacional” para apaciguar las protestas en reclamo de su renuncia, durante una rueda de prensa en la que defendió el trabajo “inmaculado” de la policía y afirmó que las manifestaciones son impulsadas por narcotraficantes, mineros ilegales y contrabandistas.
Boluarte, vicepresidenta en el Gobierno de Pedro Castillo, que juró el 7 de diciembre como nueva mandataria tras la destitución y detención del primer presidente de origen rural de Perú, dijo que la tregua busca entablar mesas de diálogo.
Las protestas estallaron tras la destitución y detención de Castillo, el 7 de diciembre, pero, tras reanudarse el 4 de enero, a los reclamos principales se sumaron los derechos sociales, la desigualdad y discriminación racial en zonas históricas olvidadas del Perú, de mayoría indígena.
Las marchas y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que hasta hace una semana eran principalmente en el sur de los Andes, llegaron a la capital y este martes cientos de manifestantes caminaron por las calles del distrito más rico, San Isidro, pidiendo la dimisión de la mandataria.
Las alrededor de 60 muertes en menos de dos meses de gobierno de Boluarte, reportadas por la Defensoría del Pueblo hasta el lunes, han enardecido a los manifestantes integrados principalmente por campesinos de los Andes, pero también por universitarios y migrantes de la región andina en Lima.
En la rueda de prensa de este martes, en contraste con la preocupación internacional por el exceso de fuerza en la respuesta de los uniformados a las manifestaciones, la mandataria peruana afirmó que la policía nacional ha tenido “una conducta inmaculada” y sostuvo que narcotraficantes, mineros ilegales y contrabandistas impulsan las protestas.
El primer ministro, Alberto Otárola, declaró el lunes en una investigación preliminar fiscal por “genocidio”, tras las muertes ocurridas durante las protestas de varias semanas exigiendo la renuncia de la presidenta Boluarte y los miembros del Parlamento.
La investigación –iniciada el 10 de enero y que suma otros delitos como homicidio calificado y lesiones graves– también incluye a Boluarte. Las protestas han dejado unos 60 muertos y más de 900 heridos, según la Defensoría del Pueblo.
De acuerdo con los informes del organismo, casi todos los fallecidos son civiles. La mayoría recibió proyectiles por arma de fuego y algunas de las víctimas fueron impactadas por disparos en la cabeza.
Por el rango de los investigados, la indagación está a cargo de la fiscal general Patricia Benavides. El genocidio es castigado con una pena mínima de 20 años de cárcel. También están incluidos en la indagación el exprimer ministro Pedro Angulo y otros exministros.
Además, Boluarte descartó su dimisión. “Me iré cuando hayamos convocado a las elecciones generales”, dijo ante la prensa, reafirmando que se quedará en el poder hasta la fecha que acuerden los legisladores.
El Congreso aprobó este martes la segunda legislatura que se abrirá el 15 de febrero, en la que se deberá confirmar, con el voto a favor de 87 congresistas, el adelanto de elecciones a abril de 2024.
El llamado a diálogo y tregua de la presidente peruana se produjo cuando en Lima este martes fue convocado otro día de movilizaciones aún más desafiantes que las de los últimos días, con la anunciada llegada de nuevos contingentes a la capital.
Según las autoridades de Transportes, este martes 85 piquetes tenían bloqueado el paso en carreteras de nueve de las 25 regiones peruanas que piden la dimisión de Boluarte.
En la región de Ica, la policía buscaba con gases lacrimógenos desbloquear varios tramos de la Panamericana Sur que permanecen cerrados por decenas de pobladores.
(Con información de AFP y AP)