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Colombia entre las protestas, la reforma tributaria y la pandemia

Protestas en Bogotá. Foto: Federico Rios/ The New York Times.

El pasado 28 de abril fue convocado, por parte de los sindicatos, un paro general de 24 horas en Colombia contra la reforma fiscal que proponía el gobierno, y se evaluaría alargarlo por dos o tres días. Pero entre marchas pacíficas, disturbios, cierres de carreteras y enfrentamientos con la policía, las protestas contra las medidas neoliberales ya van por su séptimo día, y fueron masivas en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena. 

La economía de Colombia se contrajo un 7 por ciento el año pasado, mientras que la pobreza aumentó del 36 a casi el 43 por ciento de la población, según cifras divulgadas por el propio gobierno.

La propuesta final de la Ley de Solidaridad Sostenible, como se denominaba la reforma tributaria, proponía un aumento del impuesto sobre el valor agregado al 19% para los servicios públicos de energía, alcantarillado y gas domiciliario mientras reducía el monto mínimo a partir del cual los ciudadanos deben pagar impuestos.

Tres millones de trabajadores deberían hacer una declaración de renta de la que actualmente están exentos debido a sus ingresos y la mitad de ellos tendría que pagar impuestos.

Críticos del gobierno como la exsenadora Piedad Córdoba acusaron a la propuesta de reforma tributaria del gobierno de Duque de golpear el consumo, afectar a la producción y mantener intocables a grandes empresas, sin tener en cuenta el creciente desempleo y la quiebra en las clases medias.

Además criticó el impuesto al servicio de Internet justo cuando la virtualización del trabajo y la educación lo han convertido en un rubro esencial de todos los hogares, también el impuesto a los servicios funerarios en plena pandemia y con cifras de 400 muertos al día.

Las críticas continuaron contra el impuesto a la gasolina, con el consecuente traslado de costos hacia el transporte público y de mercancías.

El Defensor Nacional del Pueblo, Carlos Camargo, afirmó que cuatro días de protestas en la ciudad de Cali se saldaron con 10 muertos, mientras que el ministro de Defensa, Diego Molano, informó que se estaban investigando cuatro homicidios. Grupos locales de derechos humanos, por su parte, incluso señalan que las víctimas mortales durante las protestas ascienden a 14.

El expresidente Álvaro Uribe pidió el uso de fuerza letal contra los manifestantes mediante su cuenta en Twitter, esto generó una masiva protesta en la plataforma exigiendo que se bloqueara la cuenta del ex mandatario en esa red.

La red social borró el tweet aludiendo que el exmandatario violó la política de "glorificación de la violencia", mientras él se justificó declarando su intención de "evitar el vandalismo en las principales ciudades del país, los cuales generan terrorismo y miedo entre los ciudadanos".

El presidente Duque afirmó que se tomarían las medidas necesarias de "asistencia militar" para "garantizar el abastecimiento, la movilidad, el derecho al trabajo y la seguridad en el territorio nacional", señalando que el Ejército y la Policía están listos para seguir actuando. "No vamos a permitir que las vías de hecho, la destrucción de bienes o el mensaje de odio tengan cabida", apuntó.

Mientras, altos cargos militares de la policía y el ejército colombiano culpan a las protestas de estar incentivadas y planificadas por guerrillas urbanas, el ELN, y elementos de las FARC, así como a una supuesta injerencia desde Venezuela, un argumento usado en otras ocasiones, como en las protestas en Chile en 2019.

El domingo 2 de mayo, Duque anunció que retirará la reforma para formular un nuevo texto. Pero esa decisión ha hecho poco para sofocar la ira pública, y las manifestaciones se han transformado en una gran protesta nacional por el aumento de la pobreza, el desempleo y la desigualdad agravados por la llegada del coronavirus el año pasado.

Registran más de 20 homicidios por parte de la policía colombiana en protestas

Policías arremeten contra manifestantes en la ciudad colombiana de Palmira. Foto: EFE

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de Colombia afirmó que, tras recolectar información de varias organizaciones de derechos humanos y sindicales, en la ciudad de Cali, en el departamento del Valle del Cauca, se registraron al menos 10 asesinatos de ciudadanos que se movilizaron por las protestas contra la reforma tributaria.

Los abatidos se cuentan como víctimas directas de las acciones policiales, teniendo como protagonista al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).

Otras organizaciones como Defender La Libertad, reseña TeleSur, detallaron que entre el 28 de abril y el 1° de mayo, en toda Colombia y en el marco de las protestas, se cometieron 21 homicidios, 503 detenciones (en su mayoría arbitrarias), 10 casos de violencia sexual de Policías contra mujeres, 42 casos de abusos contra defensores de DDHH, 208 heridos y 18 manifestantes con lesiones oculares.

Queda en el aire un humo que no se disipa: las preguntas sobre un país en el que la violencia no desaparece y cuyo gasto militar es el más alto de la región, que exporta su guerra interna y hasta la utiliza para agudizar un cambio de gobierno en Venezuela. La presión social obtuvo un rédito momentáneo, con bajas sensibles como es usual en el conflicto social y armado que vive Colombia desde hace más de medio siglo.

(Con información de Misión Verdad, Telesur)

Continúa condena internacional contra violencia policial tras una semana de protestas en Colombia