La Contraloría General de Venezuela inhabilitó a Juan Guaidó y a otros 27 exdiputados opositores para ejercer cargos públicos por un máximo de 15 años. Esta decisión se produce después de la negativa de todos los implicados a presentar una declaración jurada de patrimonio, tras concluir sus funciones como parlamentarios, en el período entre 2015 y 2020.