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Gobierno de facto en Bolivia militariza varias ciudades en respuesta a la crisis

Bloqueo en la ruta Santa Cruz - Cochabamba. Foto tomada de la cuenta en Twitter de Actualidad Bolivia

Bloqueo en la ruta Santa Cruz - Cochabamba. Foto tomada de la cuenta en Twitter de Actualidad Bolivia

Protestas masivas, bloqueos en carreteras, represiones policiales, desalojos con armas y una creciente presencia de grupos paramilitares envuelven a Bolivia en un caos político y social.

Como trasfondo de la situación actual, se encuentra el retraso en celebrar las elecciones y los intentos de proscripción del Movimiento al Socialismo (MAS).

Este fin de semana se recrudecieron los enfrentamientos, algunos de ellos armados, entre fuerzas de seguridad y grupos de choque, contra las organizaciones aglutinadas en la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad, que el lunes pasado comenzaron una serie de movilizaciones para protestar por la postergación de las elecciones del 6 de septiembre al 18 de octubre.

La pandemia de COVID-19 es la justificación del gobierno y las autoridades electorales para cambiar la fecha, pues plantean que esa jornada propagaría todavía más el coronavirus, que hasta ahora ha dejado un saldo de 89 999 contagios y 3640 muertes.

Sin embargo, seguidores del MAS consideran que este es un pretexto para ganar tiempo, ya que están realizando una serie de maniobras para impedir la postulación de Luis Arce, el candidato presidencial del MAS quien, de acuerdo con las encuestas, encabeza la intención de voto.

Unido a marchas y actos masivos, los grupos que apoyan al MAS y organizaciones universitarias y vecinales, se apostaron de manera permanente en rutas a lo largo del país con el fin de presionar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que mantenga la agenda electoral y los comicios se realicen el próximo mes.

En medio de este escenario, hasta este domingo la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó 77 bloqueos en carreteras, principalmente en Cochabamba, Oruro, La Paz y Potosí.

Uno de los casos más graves se registró en la localidad de Santa Rosa, ubicada en el departamento de Santa Cruz, donde la Defensoría del Pueblo confirmó que hubo por lo menos tres heridos de bala.

En la Plaza Abaroa, en el centro de la Paz, cientos de encapuchados amenazaron con sacar por la fuerza a los manifestantes, que permanecen frente al TSE.

Las organizaciones denunciaron, además, que en varios bloqueos hubo represiones policiales con gases lacrimógenos y detenciones injustificadas, y que se multiplicó la presión por parte de grupos paramilitares que llegaron armados a las protestas para amedrentarlos.

Ante las denuncias de violencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le exigió a Jeanine Áñez que garantice el diálogo con todos los actores involucrados y asegure el ejercicio del derecho de reunión y de protesta pacífica y el respeto a los derechos humanos.

El expresidente Evo Morales advirtió que se corre el peligro de que la violencia derive en pérdida de vidas humanas, y denunció intentos de un nuevo golpe de Estado para evitar las elecciones e instalar un gobierno conformado por civiles y militares.

"Denunciamos ante los organismos internacionales de Derechos Humanos que grupos paramilitares, organizados, financiados y que actúan en coordinación con el gobierno de facto, están cometiendo actos de violencia en Boliva con gravísimas consecuencias humanas", escribió en su cuenta en Twitter el exmandatario.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, amenazó con operativos de desalojo y con denuncias penales en contra de funcionarios y dirigentes políticos que están organizando o apoyando los bloqueos, ya que los acusó de delitos contra la salud pública porque con los cortes de rutas se impide el paso de insumos sanitarios en plena pandemia.

Estas acusaciones fueron negadas por el MAS con fotos y videos que demuestran que sí se permite el paso a ambulancias y proveedores de hospitales.

(Con información de RT en Español)