Rubén Remigio Ferro, Presidente del Tribunal Supremo Popular. Foto: Captura de pantalla/ Mesa Redonda/ Youtube.
El compromiso y la responsabilidad del sistema de tribunales en Cuba en su misión de impartir justicia a partir de lo planteado en la Constitución, así como las principales dificultades para tramitar y resolver los conflictos de diversa naturaleza que surgen en el seno de la sociedad, fueron cuestiones abordadas este miércoles en el espacio televisivo Mesa Redonda.
Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), confirmó que el reto permanente para ese órgano es estar a la altura de la compleja misión encomendada, y ser merecedores de la confianza del pueblo.
Al iniciar su comparecencia en el programa, el titular el TSP citó tres artículos reflejados en la Carta Magna, que están relacionados con la actividad de los tribunales.
Artículo 147: La función de impartir justicia dimana del pueblo y es ejercida a nombre de este por el Tribunal Supremo Popular y los demás tribunales que la ley instituye.
Artículo 148: Los tribunales constituyen un sistema de órganos estatales, estructurados con independencia funcional de cualquier otro. El Tribunal Supremo Popular ejerce la máxima autoridad judicial y sus decisiones son definitivas.
Artículo 150: Los magistrados y jueces, en su función de impartir justicia, son independientes y no deben obediencia más que a la ley.
“La Revolución nos ha enseñado siempre a luchar por la justicia, y a nosotros nos corresponde hacerlo en el ámbito judicial, en nombre del pueblo, lo que implica una alta responsabilidad y obliga a los jueces cubanos y a los tribunales a trabajar con inteligencia, sensibilidad y sabiduría”, sostuvo.
En ese sentido, destacó valores que deben primar en los jueces cubanos, como el sentido de lo justo, el apego a la Constitución, la imparcialidad, la transparencia, el humanismo, la responsabilidad, la honradez, el patriotismo y la independencia.
“Los jueces en su función de impartir justicia deben obedecer las leyes, libres de influencias ajenas al proceso que se esté ventilando. Únicamente con su conocimiento, interpretación de la ley y valorando las pruebas, deben dictar sus decisiones”, sostuvo.
Conceder mayor agilidad a la tramitación de casos
Foto: Archivo.
En otro momento de su intervención, Remigio Ferro se refirió a que la calidad de la justicia cubana descansa en elementos como la agilidad y la prontitud en la tramitación de casos.
En el año 2019, los asuntos a tramitar en los tribunales totalizaron 161 908; de ellos, se gestionaron 147 229 (90,3%). Más de 8 465 presentan demora, “una parte por su complejidad, pero el resto debido a insuficiencias en el trabajo de jueces y secretarios, temas a los que prestamos mayor atención”, señaló el Presidente del TSP.
Por otra parte, el magistrado aseguró que entre los elementos distintivos del sistema están el respeto a los procedimientos y las garantías de las partes involucradas en los procesos, así como la adopción de decisiones justas basadas en las pruebas y, finalmente, el cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales.
“En 2019, se cumplieron 73 057 sentencias de un total de 78 309; sin embargo, se demoraron unas 3 866, lo cual es una debilidad de nuestro trabajo en la que debemos concentrarnos”, sintetizó.
¿Quiénes son los jueces cubanos?
Foto: Tribunal Supremo Popular Cuba/Facebook.
Rubén Remigio Ferro aseguró que los jueces deben ser personas decentes, honestas y con prestigio social, “atributos que hay que tener no sólo al ingresar a la carrera o a la profesión, sino mantenerlos”.
En el caso de los jueces profesionales —aclaró— deben ser graduados en Derecho; pero en el sistema también hay jueces legos, ciudadanos que se integran a los tribunales con iguales deberes y derechos que los profesionales.
En Cuba, la plantilla de jueces profesionales asciende a 1 146; son jueces profesionales titulares 953, y legos 1 521. Existen 770 mujeres juezas titulares, en tanto menores de 35 años hay 378, y los jueces electos en servicio social suman 85.
- Jueces legos y de ejecución
Según explicó el presidente del TSP, los jueces legos son ciudadanos de diversos orígenes, y su elección se realiza sobre la base de la propuesta de una comisión integrada por funcionarios de las organizaciones de masas y sociales, de acuerdo con los requisitos de edad y el prestigio social.
“Ejercen por un lustro y, cada año, por un período de 30 días, dejan sus ocupaciones habituales y se insertan en los tribunales con iguales derechos y deberes que los jueces profesionales”, detalló.
“Siempre tienen presencia en los paneles de jueces. Se trata de una verdadera demostración de democracia y empoderamiento de la población en una tarea de tanta complejidad y trascendencia como es la administración de justicia”, remarcó.
Los jueces de ejecución, por otra parte, son una figura nueva que atienden, influyen, controlan y ayudan en su reinserción social a las personas egresadas de los centros penitenciarios, ya sea por el beneficio de libertad condicional, o sancionadas a penas que se cumplen de manera condicionada en libertad.
Litigios más frecuentes en los tribunales cubanos
El Presidente del TSP explicó que entre los conflictos más recurrentes en materia penal están aquellos contra el patrimonio, así como el robo, el hurto y la apropiación indebida; también tienen una alta incidencia los delitos económicos como la especulación y la reventa de artículos, y otros vinculados a la corrupción, como es el caso de la malversación.
Entre los asociados a la violencia figuran las lesiones, las amenazas, la portación de armas y los relacionados con la tenencia y tráfico de drogas, “el cual ya tiene una prevalencia notable en la sociedad”.
En materia civil, añadió que los litigios que más se llevan a los tribunales son los que involucran a vecinos por espacios y construcciones colindantes; la solución de la solicitud de violación de escrituras notariales; la reclamación de pagos de deudas y la declaración de incapacidad legal a personas con trastornos mentales.
Sobre los procesos judiciales de familia, advirtió que se encuentran los divorcios y la división de la comunidad matrimonial de bienes; las controversias sobre la guarda y cuidado de los hijos menores de edad; las demandas sobre pensiones alimenticias y el reconocimiento de matrimonios no formalizados.
Relacionados con la actividad económica y mercantil están las reclamaciones por incumplimientos de contratos; las demandas por impagos de deudas entre entidades económicas; los litigios que implican a trabajadores por cuenta propia o de cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, así como las reclamaciones que involucran a inversionistas extranjeros.
Entre los administrativos, apuntó las reclamaciones más frecuentes contra resoluciones de la Vivienda, el Instituto de Planificación Física y la Aduana General de la República.
En materia laboral, destacó las demandas por inconformidades de trabajadores que han recibido medidas disciplinarias de separación definitiva de la entidad; la pérdida definitiva de la plaza o traslado a una plaza diferente, y reclamaciones de derechos relativos a los sistemas de pago.
Preparación de los jueces y vinculación de los tribunales con la universidad
Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Foto: UH.
En otro momento de la Mesa Redonda, el Presidente del TSP consideró que la profesión de juez “reclama preparación permanente”, y que por ello, no se puede limitar solo a los aspectos técnicos, jurídicos y legales, sino poseer mucha información de cómo viven las personas y las características de los distintos fenómenos sociales y económicos” del país.
“Los jueces también se involucran en investigaciones científicas, sobre todo en temas vinculados con la administración de justicia y la aplicación del derecho”, destacó.
Asimismo, ponderó la sólida interrelación entre las universidades y los tribunales. En la actualidad, 32 profesores de la carrera de Derecho son jueces suplentes en los tribunales; y 11 de los tribunales son unidades docentes.
“También hay contratados a tiempo parcial 139 estudiantes de derecho de diferentes años que se vinculan como asistentes judiciales y secretarios”, añadió.
Impacto de la Constitución en el sistema judicial y trabajo en nuevos proyectos de leyes
Constitución de la República de Cuba. Foto: Abel Rojas Barallobre/ Juventud Rebelde.
“Uno de los impactos más contundentes, visibles y abarcadores de la nueva Constitución cubana en el sistema de justicia ha sido la ampliación de los derechos, deberes y garantías de las personas”, aseveró el funcionario.
Remigio Ferro recordó que la Constitución, de por sí, es una ley directamente aplicable en los procesos judiciales, pero que a la vez requiere de un cuerpo legislativo ulterior en el que ya se trabaja.
En la Carta Magna —ejemplificó— el acceso a la justicia es una garantía que se amplía en virtud de que las personas puedan acudir a los tribunales a establecer sus reclamaciones.
El Artículo 99 de la Constitución también ha creado las bases para que se reincorpore la posibilidad de reclamar ante los órganos judiciales, cuando los derechos constitucionales de las personas sean vulnerados, y sobre la correspondiente indemnización cuando proceda.
El titular del TSP también se refirió a un grupo de proyectos de leyes en cuya elaboración se avanza, y que se presentarán a la Asamblea Nacional del Poder Popular en octubre próximo, de acuerdo con el cronograma legislativo aprobado por ese órgano:
- Ley de los tribunales populares.
- La ley de los procesos penales.
- Códigos de procesos civiles; de familia; de derecho al trabajo y la seguridad social, y mercantil.
- Ley del proceso administrativo contencioso.
- Ley del proceso de amparo judicial a los procesos constitucionales.
Remigio Ferro concluyó reafirmando que las preocupaciones, quejas, planteamientos y denuncias de la población acerca de la labor de los tribunales en sus diferentes instancias, son elementos esenciales para la administración de justicia en el país, y para lo cual existen funcionarios y expertos capacitados en recepcionar, investigar y dar respuesta a las reclamaciones.