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Niños migrantes en la frontera de México con Estados Unidos. Foto: Getty Images.

El Pentágono informó este miércoles que aprobó el envío de otros 2 100 efectivos a la frontera con México, desde donde medios de prensa reportan confusión luego de que el martes entrara en vigor una nueva directriz que complica el asilo a quienes lleguen a la línea fronteriza  tras haber viajado desde un tercer país, algo que afecta a la gran mayoría de los migrantes, muchos de ellos huyendo de la violencia.

Según precisó el Pentágono, el nuevo contingente está conformado por 1 000 guardias nacionales de Texas adicionales y 1 100 militares en servicio activo, quienes asistirán en tareas como apoyo logístico y vigilancia aérea, y llegan para sumarse a los 4 500 efectivos en servicio y tropas de la Guardia Nacional que ya actúan en la zona.

Entretanto, en Nuevo Laredo, uno de los pasos fronterizos entre el mexicano estado de Tamaulipas y Texas, todo era confusión, incertidumbre y rumores al entrar en vigor la nueva directriz de asilo de Estados Unidos, el intento más enérgico hasta ahora del gobierno de Donald Trump para reducir el número de personas que piden asilo en Estados Unidos.

Cientos de migrantes se han presentado en los cruces fronterizos con la esperanza de entrar a Estados Unidos, pero las nuevas normas, que entraron en vigencia el martes, prohíben a la mayoría de los migrantes solicitar protección como refugiados si han pasado primero por otro país.

Las nuevas normas buscan principalmente reducir la migración de centroamericanos que llegan a Estados Unidos a través de México, pero afectan también a migrantes de Sudamérica, África y Asia que llegan a la frontera sur estadounidense.

En algunos puntos de la ciudad seguían llegando migrantes a los albergues, como una familia de siete miembros -tres de ellos menores- del estado mexicano de Michoacán, que huían de las balaceras y las extorsiones y que se mostraron felices cuando aceptaron alojarlos en una de las casas de acogida de la localidad. Aunque alguno tuviera que dormir en el pasillo, todos tenían la esperanza de llegar a un sitio seguro y ponerse en la lista de espera para solicitar asilo en Estados Unidos.

Mientras, en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración mexicano (INM) que hay junto al puente internacional número I, en torno a unos 70 migrantes, muchos de ellos centroamericanos, eran retornados a México con la cita de un juez metida en una bolsa de plástico transparente y un sabor agridulce en la boca.

Durante la tarde del martes la planta baja de ese edificio era un cúmulo de mujeres acunando a niños, hombres haciéndose preguntas y pequeños correteando ante la atenta mirada de sus padres que esperaban sentados en el suelo hasta que por la noche un autobús los llevó a Monterrey, a 200 kilómetros de distancia. Los autobuses parecían haber sido contratados por la agencia mexicana de inmigración, aunque esta institución dijo a The Associated Press la semana pasada que el INM no se encargaba de eso.

“No nos deportaron, pero fuimos sacados de mala manera, supuestamente en espera de una audiencia”, dijo Nolvin Godoy, un guatemalteco de 29 años que se endeudó pagando a un coyote casi 10 000 dólares para que lo sacara de su departamento natal, Chiquimula, con su esposa y su niño de dos años y lo cruzara el río Grande para entregarse a las autoridades estadounidenses.

Después de 10 días en un centro de detención de Estados Unidos, les entregaron su cita con el juez para septiembre, donde podría iniciar el trámite de refugio, y los mandaron a México. Pero el joven tiene pocas esperanzas de poder presentarse a la audiencia en esa fecha. “Hoy cayó la ley y mire, nos van a llevar a Monterrey y no sabemos qué va a pasar después porque no conocemos a nadie, estoy endeudado”, dijo.

Como Godoy, decenas de personas fueron retornadas el martes por Nuevo Laredo y por la noche fueron llevadas a Monterrey, en el vecino estado de Nuevo León. La mayoría había llegado a Estados Unidos de forma irregular y no tenía el perfil de quienes esperan en México semanas o meses, se apuntan en listas de espera y luego son llamados por las autoridades esadounidenses para procesar su petición de asilo.

En algunos casos, confesaron a AP que no se habían planteado solicitar refugio hasta que les pusieron los papeles frente a ellos y lo vieron como una opción.

El pastor Aaron Méndez, encargado del albergue para migrantes Amar, teme que retornos como el del martes, que calificó de “engaño”, se multipliquen a partir de ahora.

A su juicio, Estados Unidos está utilizando el Programa de Protección de Migrantes, por el que Washington está devolviendo a México a solicitantes de asilo de terceros países para que esperen aquí su proceso, como “deportaciones encubiertas” porque la mayoría, previsiblemente, no podrá acudir a su audiencia, con lo que perderán la opción de solicitar asilo en el futuro.

Además, explicó, se deja a esos migrantes en situación vulnerable mientras se vacían los centros de detención estadounidenses y EE.UU. no gasta en deportaciones.

“Creo que lo que hizo el gobierno las veces pasadas de mandar poquitos fue como una forma para ver qué pasa, como una prueba”, agregó el religioso. “Ahora manda muchos y es una forma de decir ‘lo voy a seguir haciendo’”.

Pero mientras la desinformación cundía entre ese grupo, otros pequeños grupos, 15 el martes, 20 el miércoles y entre los que había niños, acudían al puente internacional porque les había llegado el turno después de esperar durante semanas.

Los que tenían que seguir esperando decían sentir una mezcla de esperanza y preocupación por el hecho de tener que esperar la resolución de su proceso de asilo en México, un programa mediante el que han sido retornadas a este país en torno a 20 000 personas desde enero.

Este miércoles, varias agrupaciones defensoras de los derechos civiles en Estados Unidos pidieron a un juez federal que emita una orden temporal que suspenda los intentos del gobierno de Trump de eliminar la posibilidad de pedir asilo en la frontera con México.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otras agrupaciones presentaron su solicitud en busca de una audiencia el jueves ante un tribunal federal en San Francisco. Los grupos presentaron una demanda el martes y ahora pidieron al juez que bloquee la orden de Trump mientras se escucha el caso. Una segunda demanda está pendiente en Washington, D.C.

Las autoridades de EE.UU. esperan que las nuevas normas desanimen a los migrantes de abandonar sus países, buscando disminuir la cantidad de personas que están siendo detenidas por los agentes fronterizos.

Hay ciertas excepciones: si alguien ha sido objeto de tráfico humano, si el país por el cual pasó el migrante no es firmante de uno de los tratados internacionales sobre el trato a refugiados (aunque la mayoría de los países occidentales son signatarios) o si el migrante buscó asilo en otro país y le fue negado.

Sin embargo, los activistas dicen que la medida es ilegal porque evade el proceso establecido por el Congreso para quienes piden asilo. Han comparado el caso con gestiones anteriores hechas por el gobierno de Trump para impedir que pidan asilo los que crucen la frontera ilegalmente, algo que fue frenado por los tribunales federales.

El trato que los agentes fronterizos le están dando a los migrantes centroamericanos ha sido criticado fuertemente. Los activistas y legisladores demócratas han denunciado condiciones insalubres y atestadas en los centros de detención.

Entre otras condiciones, han mostrado niños que intentan cuidarse por sí mismos e imágenes de celdas abarrotadas donde algunos retenidos no tienen espacio para dormir.

(Con información de AP y Reuters)