Cubadebate

El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, reconoció que se trata de un tema muy complicado, si bien implica a múltiples factores e incide sobre la salud, el ornato público y los valores que proyectamos como sociedad. Foto: Abel Padrón Padilla/Cubadebate.

Fuertes medidas punitivas a quienes violan la ley, garantizar un mejor ordenamiento del trabajo de comunales, exigir a cada quien lo que debe hacer en cualquier sitio del país, así como fomentar la percepción de riesgo y la educación ambiental, fue el llamado de los diputados de la Comisión de Salud y Deportes de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), quienes esta mañana sometieron a análisis el problema de la higiene comunal en Cuba.

A partir de la presentación de un informe de fiscalización del trabajo de comunales en ocho provincias del país, los integrantes de este grupo coincidieron en que “el tema es tan serio, que amerita pasar de los pronunciamientos a una solución de fondo”.

“Dejemos de discutir esta cuestión por separado, y hagamos un instrumento que nos permita enfrentar el fenómeno desde el punto de vista político, ideológico, administrativo y social en todo el país", pidió el presidente de la ANPP, Esteban Lazo, quien participó del debate con los diputados durante toda la mañana de este miércoles.

Lazo reconoció que se trata de un tema muy complicado, si bien implica a múltiples factores e incide en la salud, el ornato público y los valores que proyectamos como sociedad.

“Considero que no existe una percepción clara del peligro que tiene para la salud de las personas lo que estamos discutiendo. No hay percepción en la inmensa mayoría de nuestro pueblo, ni tampoco en muchos dirigentes, cuadros, ni organismos del Poder Popular. Este país gasta 10 millones en salud, y cuántas enfermedades no tenemos que son fruto de no contar con una adecuada higiene comunal. No se puede ver a comunales separado de la salud del pueblo”, alertó el titular del Parlamento cubano.

El informe presentado muestra como provincias con más dificultades en la disponibilidad de equipamientos para la recogida de desechos sólidos a Matanzas, Cienfuegos, Ciego de Ávila, Las Tunas y Holguín.

De acuerdo con la diputada Arelis Falcón, entre las deficiencias encontradas a partir de la fiscalización resaltaron las siguientes:

• • Dificultades con el completamiento de la plantilla de cuadros y de trabajadores en todas las provincias.
  • Irregular capacitación del personal de comunales.
  • Carencia de equipos para trabajar en todas las provincias.
  • Escasez de piezas de repuesto para los equipos y los neumáticos, incluyendo los tractores.
  • Presencia de microvertederos y macrovertederos en las zonas de ubicación de los tanques.
  • Serias dificultades en Las Tunas, donde no existe un taller móvil para realizar operaciones de mantenimiento a los equipos.

• • Dificultades con la recogida de escombros.
  • Carencias de diésel, que no permitieron el cumplimiento del ciclo de recogida de desechos sólidos como está establecido.
  • Insuficientes carros para el barrido de las calles.
  • Medios de protección de los trabajadores de comunales de mala calidad, irregular suministro e insuficiente labor educativa en el uso de estos mediospor los trabajadores.
  • Déficit de contenedores de basura y ubicación inadecuada de estos medios en todas las provincias.
  • De los vertederos visitados en todas las provincias, ninguno cumple con la totalidad de los requerimientos establecidos para su correcto funcionamiento.

Los diputados de la Comisión Salud y Deportes coincidieron en que hoy es urgente resolver el problema de la higiene comunal, si queremos contar con ciudades limpias, ordenadas y para seguir sosteniendo a la salud como una de las principales fortalezas de la Revolución Cubana. Foto: Abel Padrón Padilla/Cubadebate.

Un amplio debate provocaron los resultados del informe por los diputados, quienes insistieron que hoy es urgente resolver estos problemas, si queremos contar con ciudades limpias y ordenadas, y para seguir sosteniendo a la salud como una de las principales fortalezas de la Revolución Cubana.

El diputado Jesús Satorré, por la provincia de Villa Clara, tuvo a su cargo el punto de partida de las discusiones, con una conmovedora reflexión sobre la responsabilidad colectiva.

“Este tema que es la gran paradoja de la Revolución. A menudo nos preguntamos cómo es posible que exista un país con un elevado nivel cultural como Cuba y, por otro lado, permanezca una indisciplina social tan vergonzosa como la falta de higiene comunal. Es un asunto de máximo compromiso. Este es un país educado, pero hay que hacer algo más. Las medidas punitivas para las personas que violan la ley comunal deben ser severas, porque esto sobrepasa los límites de un pronunciamiento", dijo.

Por su parte, la diputada Mariela Castro, por el municipio de Plaza de la Revolución, insistió en que para encontrar una solución definitiva al tema no solamente basta con reforzar el papel de los delegados ni llamar a la disciplina colectiva, sino que se requiere de una eficiente organización de los procesos, un mejor funcionamiento de los servicios comunales, y un fortalecimiento del personal que trabaja en esta actividad.

“Todo lo que se hable en esta Comisión debe encaminar acciones específicas. De nada vale opinar aquí, hay que convertirlo en un plan de acción”, pidió la legisladora.

Otra arista del tema la planteó la diputada Gloria María, por la provincia Santiago de Cuba, quien enfatizó en la enorme misión que tienen los delegados y los diferentes factores combatiendo lo mal hecho desde su radio de acción más cercano.

Asimismo, Alexis Lorente, diputado por Sancti Spíritus, recordó que se trata de una tarea de todos, y un problema de cada familia. “Hasta que cada uno de nosotros no sepa lo que tiene que hacer para evitar la proliferación de escombros y microvertederos en lugares no indicados, no ganaremos la batalla. No es discurso, tenemos que pasar a la acción. Las personas dicen: el microvertedero que se hace; pero hay que insistir que estos no se hacen, sino que lo hacemos.

Al intervenir luego del amplio debate generado, la viceministra de Economía y Planificación, Mildred Granadillo, llamó la atención sobre la necesidad de una adecuada toma de decisiones con los recursos disponibles en los consejos de la Administración Provincial, si bien se tiene que comprender que una de las prioridades del país es la higiene comunal.

“La asignación de portadores energéticos está destinada a sostener las actividades fundamentales, entre los que está la recogida de los desechos sólidos urbanos. Pero esta asignación es una decisión del Consejo de la Administración Provincial, se determina a nivel del territorio, que es donde se conocen las características y las prioridades. Pero cómo le explicamos a la población que no recogemos la basura porque no tenemos diésel. Eso no tiene justificación alguna”, señaló Granadillo.

La viceministra anunció que este año se prevé la entrega de unos 15 mil contenedores de basura para todas las provicnias, pero alertó de la responsabilidad de los territorios en evaluar el volumen de los desechos sólidos y decidir adecuadamente la ubicación de los mismos.

“No basta con tener más equipos nuevos en función de la actividad. Si no garantizamos la sostenibilidad de los mismos y no involucramos a todas las entidades del territorio en función de ganar responsabilidad y cultura de la higiene comunal, no vamos a acabar con el problema de la basura”, destacó.

Con el compromiso de pasar de los pronunciamientos a la acción, de buscar una solución definitiva a un problema ya viejo en nuestra sociedad, concluyó la discusión de este tema en la Comisión de Salud y Deportes, donde una idea se repitió hasta el cansancio: sin higiene comunal no tendremos salud, ni tampoco podremos disfrutar de ciudades limpias y ordenadas.

Parlamento cubano: A evaluación el estado de las ilegalidades urbanísticas en los territorios

Comisión de Industria, Construcciones y Energía, de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate.

La violación de regulaciones y proyectos; el incumplimiento de las demoliciones; la construcción, ampliación o reposición de viviendas sin la documentación establecida, así como la ocupación ilegal de suelos, son las ilegalidades urbanísticas que más proliferan en Cuba.

Así lo señaló este miércoles el General de División Samuel Rodiles Planas, presidente del Instituto de Planificación Física (IPF), ante la Comisión de Industria, Construcciones y Energía, de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

El directivo ofreció a los diputados de ese grupo de trabajo detalles sobre el estado del enfrentamiento a las indisciplinas de esta índole en el país, a las cuales se suman —de manera significativa— los cambios estructurales de locales y construcciones de inmuebles sin los documentos requeridos, y la edificación de obras para otros usos, bajo autorizos expedidos para viviendas.

En cada uno de sus períodos ordinarios de sesiones, el Parlamento cubano evalúa este tema; sin embargo, de acuerdo con la información ofrecida por el titular del IPF, 2019 comenzó con un “inventario” de 110 mil 200 ilegalidades de las acumuladas de años anteriores, y vinculadas al ordenamiento territorial y urbanístico. El grueso (90 mil 012) corresponde a personas naturales, mientras que el resto a las entidades.

“La Habana (36 mil 845), Granma (12 mil 408), Matanzas (10 mil 701) y Santiago de Cuba (10 mil 253), son las provincias más afectadas”.

Este calendario, se planificó la eliminación de 21 mil 756 ilegalidades, de las cuales ya se solucionaron seis mil 308 en los cinco primeros meses del año, valor que representa tan solo el 19% de la totalidad.

Sin embargo, en el mismo período, emergieron siete mil 730 nuevas violaciones, detalló Rodiles Planas. Holguín y La Habana fueron los territorios con mayor incidencia, aunque la capital logró solucionar el problema completamente.

Según explicó el titular del IPF en la comisión, visitada por los vicepresidentes de los Consejos de Estado y de Ministros, el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, e Inés María Chapman Waugh, existen varias medidas para enfrentar la problemática.

Entre ellas están la rendición periódica de cuentas por las autoridades de los gobiernos provinciales y municipales, además de las entidades de los consejos de la Administración Provincial involucradas.

Como parte de la información a los diputados, representantes de los ministerios de la Construcción, de Industrias, de Energía y Minas, y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, se refirieron a las acciones desarrolladas en cada uno esos organismos a fin de revertir las ilegalidades en materia territorial y urbanística.

Generó particular interés el tema de las tendederas eléctricas. Se conoció que al cierre de mayo fueron depuradas unas 17 mil 150 en todo el territorio nacional —bajo la premisa de que no constituyen ilegales aquellas metradas y que se cobran—, y quedan por eliminar 357.

Entre las vulnerabilidades persistentes en el sector hidráulico están la construcción de nuevas piscinas ilegales, así comolas conexiones a conductoras de abasto, el entronque de residuales líquidos conectados al sistema de drenaje pluvial, y el empleo de la faja de protección de los embalses para cultivos, viviendas y ganadería.

Rodiles Planas explicó que el sistema de Planificación Física tiene identificadas áreas (microlocalizaciones) para construir más de 600 mil casas, que dan respuesta al número de las previstas en la Política de la Vivienda, tanto por la vía estatal como los subsidios.

Asimismo, en 2018 fueron otorgados 15 mil 322 habitables, el 96% de las viviendas concluidas ese año (15 mil 898) por el Estado. Las 435 casas restantes presentan acciones constructivas pendientes, tales como terminaciones de pisos, redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas, entre otras.

Diputados: Atajar el problema desde el inicio

Diputados de la Comisión de Industria, Construcciones y Energía. Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate.

En los debates posteriores, los diputados de la Comisión enfatizaron en la pertinencia de actuar en el momento y con agilidad ante el descubrimiento de las irregularidades.

Francisca Sáenz Márquez, por Nuevitas, Camagüey: “Las construcciones no se hacen en un día, están a la vista de todos, ¿por qué no enfrentarlas antes que se concluyan?”.

Similar criterio expresó el diputado camagüeyano Carlos Massip, al apuntar que las violaciones “ocurren a la vista de todos y no se atacan, aunque todo está legislado; entonces ¿por qué seguimos permitiendo que ocurran?”.

Por su parte, Julio César Reyes, de Las Tunas, afirmó que las ilegalidades “hipotecan” el desarrollo de un municipio y un Consejo Popular, a la vez que propuso rescatar las instituciones que se pueden utilizar para beneficio social.

María Petra Paterson, por Holguín: “Además de ser diputados somos delegados de base, hay temas que se enfrentan desde allí, todo está diseñado sobre la base de procedimientos y normativas que hay que hacer cumplir”.

Sin embargo, existen elementos que dan al traste con que no se pueda dar cumplimiento a lo legislado y motivan que se cometan ilegalidades. La diputada citó el ejemplo de Holguín, con un deficitario sistema de alcantarillado, factor que propicia el vertimiento de desechos a la calle porque las personas no tienen otra alternativa.

En otra opinión, el diputado Miguel García Pantoja, por Camagüey, dijo que se ha aplicado de forma morosa lo relativo a la entrega de solares, aspecto recogido en el Decreto-Ley 322 de la Vivienda. “Es ahí donde las personas están viendo la solución para tener su vivienda en un lugar digno”.

“Enfrentamos todos los días estos hechos, se está construyendo en las márgenes de los ríos y eso trae problemas, es por ello que los factores y nosotros como delegados de base, debemos frenar estas situaciones, muy duras y complejas pues involucran a madres con hijos”, valoró.

Al intervenir, Inés María Chapman, vicepresidenta de los Consejos de Estado y de Ministros, especificó que el tema del ordenamiento pasa por problemas objetivos y subjetivos.

“Para el tema de la construcción de viviendas hay una política aprobada, que tiene continuidad y establece un ordenamiento, lo que no da pie a que las personas puedan cometer ilegalidades ni que los organismos lo permitan”.

La funcionaria abogó por un mayor orden y control sobre los elementos que intervienen en el ordenamiento territorial y urbanístico, como los suelos y las aguas, por solo citar dos ejemplos, aunque reconoció que aún persisten “el peloteo, las trabas, la indolencia y la falta de sensibilidad” en las estructuras que aún inciden en los procesos de trámites y generan malestar.