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Con el propósito esencial de fomentar una conciencia de consumo racional y ahorro, Cuba ha reordenado las tarifas para los servicios de abasto de agua potable, saneamiento y drenaje. La noticia no es nueva, como tampoco lo es que comenzarán a aplicarse a partir de 2020.
Un acuerdo del Consejo de Ministros, adoptado en marzo último, aprobó la reestructuración del sistema tarifario de los servicios asociados a la actividad de acueducto y alcantarillado en el país.
Bladimir Matos Moya, vicepresidente primero del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), explicó a la prensa que las modificaciones responden a la implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, particularmente a aquellos vinculados al sector, y que establecen el reordenamiento del sistema tarifario.
Las tarifas aprobadas son aplicables a los sectores productivo, presupuestado y doméstico que disponen de metros contadores para el consumo del agua.
El primero de ellos no distingue entre personas jurídicas o naturales: quien produce bienes o presta servicios amparado en una actividad económica legal, debe pagar por el agua consumida como insumo.
De acuerdo con Matos Moya, el elemento que distingue la tarifa a aplicarse progresivamente el año que viene, es que establece como principio y concepto que hay que considerar prohibitivo derrochar el agua.
“Se debe tener en cuenta que la restructuración no tiene la pretensión exclusiva de generar mayores ingresos al prestador del servicio, sino incentivar más el ahorro entre los consumidores”, destacó.
La tarifa nueva no modificó el precio para el sector presupuestado ni para la población; ¿Dónde hubo cambios? En la esfera productiva, en la cual se ha demostrado una irracionalidad y consumo injustificado del líquido porque no existe consciencia de consumo racional en la mayoría de las entidades estatales.
“El precio, entonces, es un regulador del consumo, por lo que aumentarán los costos para quien consuma más agua de la debida”, abundó el funcionario.
En el caso de los Trabajadores por Cuenta Propia (TCP) —quienes no pagaban el agua consumida en el ejercicio de sus actividades y teniendo en cuenta que la mayoría se desenvuelve en sus domicilios—, con la nueva restructuración se les aplica la tarifa doméstica acprde al consumo correspondiente a cada residente del núcleo, y la productiva, a partir del consumo adicional.
Las tarifas y el sector doméstico
Según la norma aprobada internacionalmente, el agua para consumo doméstico es aquella usada para beber, cocer los alimentos, la higiene personal y la del hogar, y otros usos asociados.
Se trata de un consumo reconocido por la Asamblea General de Naciones Unidas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es suficiente entre 50 y 100 litros por persona al día.
En el caso de Cuba, y para el reordenamiento de las tarifas, se decidió aprobar una cantidad entre 100 y 150 litros por persona al día. Por ende, se da el derecho —por un precio mínimo— a una cantidad que supera el máximo aprobado por la OMS.
Foto: INRH.
En los lugares rehabilitados, donde el servicio es mejor y se está metrando, se tiene condiciones suficientes para que esa cantidad de agua llegue a la población.
Si bien es cierto que el país ha venido solventando de manera gradual los problemas en su infraestructura hidráulica, el vicepresidente primero del INRH reconoció que aún existen múltiples afectaciones, como la pérdida de volúmenes significativos de agua por los salideros, por solo citar un ejemplo.
Para solucionar gradualmente esa problemática, el presupuesto estatal destina cuantiosos volúmenes de dinero cada año, lo que ha permitido un proceso de rehabilitación de las redes de acueducto y alcantarillado en varias provincias.
Aquellos lugares donde se han realizado labores de reestructuración y mantenimiento de la infraestructura hidráulica coinciden con la instalación de los metrocontadores de agua, especificó Matos Moya.
“Por tanto, se está tratando como política que la medición del servicio de agua a la población sea controlado en aquellos sitios donde exista mayor disponibilidad y un proceso de recuperación de la infraestructura”, señaló.
A tono con las cifras ofrecidas por el directivo, el sector estatal y productivo está metrado al 90%, mientras que en el sector residencial se ha metrado hasta el 22%, una cifra que espera vaya aumentando hasta completarse en cinco años, aunque podría ser antes.
“Hay un porciento importante de la población que recibe el servicio, pero no cuenta con el dispositivo de medición del consumo de agua. Lo ideal será metrar cada vivienda, pues la tarifa como regla general está pensada para el control individual del consumo”.
Otro de los temas que se debe abordar si de aplicación de nuevas tarifas se trata, es que desde 1994 se comienza a aplicar en Cuba de forma estable la tarifa de cargo fijo, que no es más que aquella por la que cada persona paga un peso (1,00 CUP) por el servicio de acueducto y 30 centavos por el de alcantarillado (en caso de tenerlo): el conocido 1.30 CUP.
Seis años después, entra en vigor una tarifa de cargos variable para el consumo metrado de agua.
De este modo, en la actualidad lo que existe es un reordenamiento —acotó Matos Moya— pues el contenido de la nueva tarifa introduce diferencias, pero no porque sea novedoso el cobro de agua a quien se le mida el consumo.
Son las únicas dos tarifas que se aplican en Cuba para el servicio de acueducto. Ahora, no hablamos sólo del servicio de agua, sino de saneamiento y drenaje, y en la nueva tarifa en sí están contenidos todos los servicios asociados a la actividad de acueducto y alcantarillado.
En el caso de unos pocos edificios multifamiliares cuyos núcleos no tienen la posibilidad de ser metrados de manera individual, la tarifa se aprobó bajo un criterio de “reparto equitativo”.
“Se instala el metrocontador en la cisterna común del edificio y el volumen de agua total se divide entre la cantidad de personas que habitan en la instalación; esto da un consumo percápita que, multiplicado por la cantidad de personas en cada casa, debe arrojar un aproximado a la realidad”. Se aplica la misma tarifa.
En cuanto a precios, el servicio de alcantarillado no cambia, ni el de limpieza de fosas, ni la desobstrucción en interiores.
El servicio de agua mediante carros cisterna en los lugares donde no existe infraestructura es gratuito, en otros casos, se aplicarán los precios establecidos en las nuevas tarifas.
Servir el agua: Alto costo económico
La mayoría de las afectaciones están dadas por la falta de electricidad. Foto: Radio Rebelde.
Otro elemento imprescindible a la hora de establecer la restructuración tarifaria es el valor económico que implica llevar el agua potable a cada una de las viviendas e instituciones.
A tono con el vicepresidente primero del INRH, el costo de servicio está en el orden de los 479 millones de pesos cada año, o 0,32 pesos por cada metro cúbico de agua bombeado desde la fuente.
Ello equivale a un alto consumo energético: 600 gigawatts/hora. Hay que tener en cuenta que la actividad de recursos hidráulicos —específicamente el servicio de acueducto y alcantarillado— está contemplada entre las principales consumidoras de energía eléctrica en el país. Concretamente, se destina aproximadamente 118 millones de pesos en este particular.
Conceptos como la tasa de cambio (debido a la dualidad monetaria), la depreciación y los costos de mantenimiento mayor (rehabilitación), no inciden en el precio de la tarifa, porque son asumidos por el Estado.
Otras cifras:
- 1,4 millones de barriles de petróleo que el país necesita importar cada año para generar la energía vinculada a la actividad de acueducto y alcantarillado.
- 14,9 millones de litros de combustible directo (para el consumo de pipas, camiones fosas, desobstructores y el parque de equipos en general).
- 32 millones de dólares en importación de material (materia prima para producir tuberías, piezas de repuesto para transporte, productos químicos para la desinfección del agua).
¿Cuándo comienzan a aplicarse las tarifas?
El Consejo de Ministros aprobó la aplicación progresiva de las tarifas en 2020. El sector productivo comenzará a pagar al cierre del primer trimestre del año; luego el presupuestado (segundo semestre) y luego el doméstico (tercer trimestre).
En correspondencia con tal decisión, se aplicarán este año tarifas equivalentes (simulación). Se trata de una especie de factura virtual aplicada en función de la nueva tarifa, para que se adopten, desde ya, las medidas pertinentes por los derrochadores.