Foto:Getty
La Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia de Brasil acordó este martes reducir a ocho años, diez meses y veinte días la pena de doce años de cárcel dictada por una corte inferior contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La decisión, adoptada en forma unánime por los cuatro miembros de la sala, supone que el exmandatario, en la prisión desde el 7 de abril de 2018, podría ser beneficiado con un régimen de detención domiciliaria a partir del próximo mes de septiembre, según cálculos de expertos en asuntos jurídicos.
La reducción de pena fue planteada por el juez Félix Fischer, instructor de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia de Brasil, y apoyada por los otros magistrados, en una audiencia en la que fueron analizadas nuevas apelaciones formuladas por la defensa del expresidente (2003-2010).
Entre otros asuntos, la defensa pedía en realidad la anulación del juicio en primera instancia y, por ende, la de la condena que fue dictada por un tribunal de alzada, que le condenó a doce años de cárcel, ahora reducidos a ocho años y diez meses.
Según la legislación penal brasileña, un preso tiene derecho a reclamar el régimen semiabierto después de cumplir un sexto de la penalidad.
El caso se refiere a la primera condena dictada contra Lula en la segunda instancia, por "corrupción pasiva y lavado de dinero", una vez que la Justicia consideró probado que recibió a modo de soborno un apartamento de tres plantas en la playa de Guarujá, a cambio de favorecer a la constructora OAS en contratos con Petrobras.
Sobre Lula ya pesa otra condena a otros doce años de cárcel en un caso muy similar, pero dictada hasta ahora en primera instancia y no aún confirmada en la segunda.
En caso de que se ratificara esa pena en la segunda instancia, lo que podría ocurrir durante el primer semestre de este año, pudiera verse frustrada la posibilidad de que el exmandatario pase a cumplir lo que resta de su primera condena en su domicilio.
En ese segundo proceso, el asunto se refiere a una casa de campo en el interior del estado de Sao Paulo, que también le habría sido entregada a título de soborno a Lula.
Actualmente, el exgobernante cumple cárcel en régimen cerrado, en la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, capital del sureño estado de Paraná.
Ante las acusaciones, el fundador del Partido de los Trabajadores (PT) insiste en que resulta víctima de una verdadera persecución política y que luchará hasta el final por su dignidad.
Pese a aceptar la reducción de la pena, el STJ rechazó las peticiones de la defensa del exmetalúrgico, al considerar que no hubo ilegalidades procesales en la causa.
Para los abogadores defensores, el exjefe de Estado es víctima de una verdadera cacería judicial y el STJ recurrió a formalidades inaplicables al caso concreto.
No hay elementos jurídicos para la configuración de los crímenes imputados a Lula, argumentó la defensa y lamentó que no haya sido autorizada a participar del juicio por medio de apoyo oral.
(Con información de EFE y PL)