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Gobierno español ordena la exhumación de Francisco Franco

Los restos de Francisco Franco permanecen en el Valle de los Caídos desde el 23 de noviembre de 1975. Foto: Reuters

El Gobierno español aprobó este viernes la exhumación  del dictador Francisco Franco de su actual lugar de enterramiento, ubicado en el Valle de los Caídos, a 50 kilómetros al norte de Madrid.

El anuncio fue hecho por la ministra española de Justicia, Dolores Delgado, al salir del Consejo de Ministros. La funcionaria se refirió a la medida como el cumplimiento de una responsabilidad histórica asumida por el gabinete del jefe de Gobierno, Pedro Sánchez.

Tras la decisión, los familiares del dictador contarán con un periodo de 15 días para escoger un lugar en el que depositar sus restos.

De acuerdo a lo expresado por la actual administración española, el lugar deberá cumplir con los requisitos que permitan garantizar el orden público y la seguridad ciudadana, lo que excluye la Catedral de La Almudena, situada en el centro de Madrid, donde la familia tiene dos tumbas disponibles.

Según un informe de la Delegación del Gobierno de Madrid, este desaconsejó enterrar los restos del dictador Francisco Franco en la Catedral de La Almudena por motivos de orden público y seguridad.

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, indicó que el texto que la presencia de los restos del dictador en la catedral podría generar desórdenes públicos.

Desde que el Gobierno expresó su intención de trasladar los restos del último dictador de España, la polémica al respecto ha formado parte de la actualidad social y política del país europeo, y las reacciones se han ido sucediendo a lo largo de los meses.

Francisco Franco fue enterrado en el Valle de los Caídos el 23 de noviembre de 1975. Desde entonces, se ha convertido en un lugar de peregrinación para los simpatizantes de la dictadura franquista.

El Gobierno de Pedro Sánchez acometió  la exhumación de los restos del dictador en virtud de una reforma de la Ley de Memoria Histórica, que fue promulgada en 2007 por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

La legislación fue derogada por los Gobiernos del Partido Popular. Bajo el mandato de Mariano Rajoy no se asignó ninguna partida presupuestaria para su aplicación efectiva.

(Con información de Telesur)