Cubadebate

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. Foto: Archivo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba rechaza de la manera más enérgica la campaña difamatoria contra Cuba en materia de derechos humanos, lanzada el 16 de octubre, por el gobierno de los Estados Unidos en la sede de las Naciones Unidas.

Como ya se ha alertado, esta acción se inscribe en la secuencia de declaraciones contra nuestro país realizadas durante las últimas semanas por funcionarios de alto nivel del gobierno de los Estados Unidos, que muestran una hostilidad creciente hacia Cuba y la Revolución Cubana.

Llama la atención que tenga lugar sólo dos semanas antes de la votación por parte de la Asamblea General de la ONU del proyecto de resolución titulado “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba”.

Este tipo de acciones persigue como objetivo la fabricación de pretextos para mantener e intensificar el bloqueo, que constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de las cubanas y cubanos.

El gobierno de los Estados Unidos no tiene autoridad moral alguna para criticar a Cuba.

En lugar de preocuparse por los supuestos “presos políticos” que, según aducen, existirían en Cuba, deberían hacerlo por las violaciones de los derechos humanos que se producen en su propio territorio. En nuestro país no existen prisioneros políticos desde el propio triunfo de la Revolución en 1959.

No puede hablar de derechos humanos y democracia un país cuyo sistema electoral es corrupto por naturaleza y tiene un gobierno de millonarios, destinado a aplicar medidas salvajes contra las familias de menos ingresos, los pobres, las minorías y los inmigrantes. Un país en el que, en las campañas electorales y los procesos políticos, no hay límites éticos, se promueve el odio, la división, el egoísmo, la calumnia, el racismo, la xenofobia y la mentira. En el que el dinero y los intereses corporativos son los que definen quién será electo.

En Estados Unidos, se niega el derecho al voto a centenares de miles de estadounidenses por ser pobres. En nueve Estados, no pueden votar quienes tengan facturas legales o multas judiciales por abonar. En Alabama, más de 100.000 personas con deudas fueron eliminadas de las listas de votantes en 2017.

Los medios de información son coto de élites corporativas. Un grupo extremadamente pequeño de corporaciones controla los contenidos que el público consume, mientras se anula o convierte en marginal cualquier versión u opinión discrepante.

Es una vergüenza que en el país más rico del mundo cerca de 40 millones de personas vivan en situación de pobreza, 18,5 millones en pobreza extrema y 5.3 millones en condiciones de pobreza absoluta. La vida de los “sin hogar” es miserable. En el 2016, 553 742 personas pasaban las noches a la intemperie en Estados Unidos.

El diseño y aplicación de políticas ha sido secuestrado por los llamados “intereses especiales”, es decir, el dinero corporativo. La falta de garantías de educación, salud y seguridad social, las restricciones a la sindicalización y la discriminación terrible de género son prácticas cotidianas.

Las mujeres estadounidenses son claramente discriminadas laboralmente y siguen recibiendo salarios inferiores a los de los hombres por la realización de iguales trabajos. La pobreza, salud y problemas de seguridad de los niños son preocupantes. Las personas con discapacidades sufren abusos violentos. El acoso sexual y las violaciones generalizadas motivan múltiples denuncias y protestas. Los asesinatos de personas LGTBI se incrementaron durante el 2017, en un marco de discriminación continuada contra ese colectivo en la legislación estatal y federal.

En Estados Unidos, la riqueza media de las familias blancas es siete veces superior a la riqueza media de las familias negras. Más de uno de cada cuatro hogares negros tenía un patrimonio neto de cero o negativo. La tasa de desempleo de los negros es casi el doble que la de los blancos.

El gobierno de los Estados Unidos debería responder por las 987 personas que murieron durante 2017 a manos de agentes encargados de hacer cumplir la ley empleando armas de fuego. Según esos datos, las personas afroamericanas, que constituyen un 13% de la población, representaron casi el 23% de las víctimas.

Existe una discriminación racial sistemática en la aplicación de la ley y en los órganos judiciales. Los infractores varones negros fueron condenados, como promedio, a penas un 19,1% más largas, que aquellos blancos infractores que se encontraban en situaciones similares.

Los crímenes de odio por motivos de raza alcanzaron un récord en los últimos años y sólo en el 2016, fue informado un total de 6.121 delitos de odio ocurridos en Estados Unidos.

Los delitos violentos han ido en aumento. El gobierno de ese país, al servicio del lobby de las armas, no ejerce un control efectivo sobre estas, lo que causó un continuo incremento de homicidios, incluso de adolescentes.

Estados Unidos debería poner fin a la separación de familias migrantes, y a la reclusión de centenares de niños, incluso en jaulas, separándolos de sus padres.

Mientras Estados Unidos le da la espalda a los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, Cuba mantiene un elevado nivel de actividad y cooperación, lo que le ha granjeado el respeto en los órganos pertinentes de la Organización y entre los Estados miembros.

Estados Unidos, que fue el promotor y sostén de las sangrientas dictaduras militares en nuestra región, con la complicidad de la OEA, ha declarado la vigencia y aplicabilidad de la Doctrina Monroe como instrumento de política exterior, en total desprecio de la Proclama de la América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

En el archipiélago cubano, los únicos prisioneros que son privados de sus derechos y dignidad, torturados y confinados por largos períodos, sin base legal, tribunales de justicia ni debido proceso, son los que mantiene el gobierno de los Estados Unidos en el centro de detenciones arbitrarias y torturas en la Base Naval de Guantánamo que ocupa ilegalmente parte de nuestro territorio.

En la sesión del lunes de la Comisión de Asuntos Socio-Humanitarios de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Representante Permanente de Cuba, embajadora Anayansi Rodríguez Camejo, presentó la denuncia de esta provocación que recibió el repudio expreso de 11 países. La Embajadora de Estados Unidos ante el ECOSOC, quedó sin argumentos y en absoluto aislamiento.

El Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados, convocado de emergencia, sesionó con la presencia de 91 delegaciones, de las que 17 intervinieron expresamente en oposición a la calumniosa maniobra.

Las Misiones Permanentes de Bolivia, Nicaragua y Venezuela estuvieron allí en solidaridad con Cuba. Como se apreció en las imágenes de televisión, los Estados miembros y los otros invitados, casi sin excepción, declinaron participar en la farsa de este martes, a la que apenas asistieron “representantes” de supuestas organizaciones “no gubernamentales” financiadas por el Departamento de Estado, y un puñado de cipayos que cobran sueldo de este o de sus testaferros.

Hizo uso de la palabra en este circo, la ayer vapuleada Embajadora de Estados Unidos ante el ECOSOC; moderó el “panel” un ex Jefe de la Sección de Intereses de los Estados Unidos en La Habana en los años 90, quien conoce personalmente a los apátridas de la nómina del Buró de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado.

Un ejemplo de la calaña de los convidados, son dos de los asalariados de Estados Unidos en su política anticubana, utilizados nada menos que como “panelistas” en el “evento”. Ellos dirigen las organizaciones “Instituto de la Raza, la Equidad, y los Derechos Humanos” y el “Observatorio Cubano de Derechos Humanos”. La primera de estas organizaciones recibió 290 mil dólares de las autoridades estadounidenses, mientras la segunda obtuvo 67 mil 434 dólares, destinados al objetivo de subvertir el orden constitucional cubano.

Y, no podía faltar en el show, el histérico Secretario General de la OEA que hizo un receso en su campaña personal de denuestos y agresiones contra la Revolución Bolivariana y Chavista para hacer turismo de eventos en Nueva York.

Cumpliendo escrupulosamente los requisitos publicados por el Departamento de Estado, se inscribieron para participar 22 representantes de 9 organizaciones no gubernamentales estadounidenses que abogan por el fin del bloqueo y la normalización de relaciones con Cuba. Curiosamente, todas excepto una, fueron impedidas de asistir por los nada democráticos anfitriones. Otros invitados fueron expulsados de la sala.

Los periodistas, que terminaron por ser la mayoría de los presentes, mostraban caras de diversión o de resignación, en el caso de los destinados a complacer a los propietarios o editores de la rentable industria de la desinformación.

Es motivo de especial preocupación que se haya permitido que dicho “evento” anticubano tuviese lugar en la magna sede de la Organización de las Naciones Unidas y que se haya realizado en el Día Mundial de la Alimentación, precisamente por parte del Estado que vota en contra de la Resolución “El derecho a la alimentación” del Consejo de Derechos Humanos y de la Asamblea General.

Para hacerlo, se han violado las normas que rigen el uso de las salas y los servicios de las Naciones Unidas, que dejan claro que “sólo se realizarán eventos que estén en consonancia con los propósitos y principios de las Naciones Unidas y estén justificados por su pertinencia para la labor de la Organización”.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos pretende otra vez utilizar las instalaciones de las Naciones Unidas como su coto privado. El Ministerio de Relaciones Exteriores denuncia que una acción de esta naturaleza no puede ser considerada en consonancia con los propósitos y principios de la Organización, ni pertinente para su labor, cuando está dirigida específicamente contra la independencia y libre determinación de un Estado miembro, y en el marco de una campaña de hostilidad y amenazas contra Cuba, repudiada por la comunidad internacional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores solicita respetuosamente a la Secretaría General de las Naciones Unidas una investigación rigurosa y urgente de lo ocurrido, de cuyo resultado informe oportuna y apropiadamente a la Asamblea General para que se adopten las medidas pertinentes para prevenir estos actos agresivos contra Estados soberanos.