Cubadebate

Gerardo Reconco y sus hijos María y Gerardo, migrantes hondureños, fueron reunificados la semana pasada en San Antonio, Texas. Foto: Ap.

Más de 700 menores de edad aún permanecen huérfanos después de que el régimen de Donald Trump sólo logró reunificar con sus padres, bajo orden judicial, a unos mil 800, ante lo cual el juez federal encargado del caso ha ordenado a las autoridades ubicar a los demás migrantes, incluyendo a los cientos que deportó sin sus hijos.

Las autoridades declararon que cumplieron con el plazo de 30 días fijado en la orden judicial para reunificar a los niños que había separado a la fuerza de sus padres migrantes, pero el jueza Dana Sabraw, encargado del caso, criticó a las autoridades por el proceso caótico que habían realizado.

En una audiencia sobre el asunto, el viernes, Sabraw señaló que las tres dependencias federales involucradas en el asunto de la separación, detención y ahora reunificación de las familias no lograron coordinarse entre sí desde un inicio. Lo que se perdió en el proceso fueron las familias. Los padres no sabían dónde estaban los niños, y los niños no sabían dónde estaban los padres. Y el gobierno tampoco lo sabía, afirmó.

Aunque elogió el esfuerzo gubernamental por reunificar a poco más de mil 800 niños de entre cinco y 17 anos de edad (anteriormente el mismo juez obligó al gobierno a reunificar a la mayoría de los menores de cinco años), indicó que faltaba hacer más. El gobierno tiene la culpa de perder a varios cientos de padres en el proceso y vamos a proceder hacia ahí, declaró.

El gobierno informó que 711 niños permanecen separados, porque han sido calificados de inelegibles –algunos porque sus padres tienen un historial criminal y otros problemas–, pero la mayoría de éstos, por lo menos unos 431, fue porque el gobierno deportó a sus padres y no los encuentra. El gobierno insiste que en muchos casos los padres optaron por la deportación sin sus hijos, pero varios de ellos y sus abogados han denunciado que fueron presionados o engañados por las autoridades.

Cuando el juez Sabraw giró su orden, hace un mes, el gobierno no podía identificar y ubicar de inmediato a los familiares, porque no habían creado una base de datos sobre cada familia que habían separado, informó ayer el Washington Post en un amplio reportaje sobre lo que llama tal vez la mayor debacle del gobierno de Trump.

Los más de 2 mil 600 niños separados fueron enviados a centros y albergues alrededor del país administrados bajo contrato con el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), mientras sus padres fueron enviados a centro de detención administrados por el Departamento de Seguridad Interna (DHS). Los menores, al ser separados, fueron categorizados como menores de edad no acompañados, y se sumaron así a los más de 10 mil menores que habían ingresado al país sin padres. Para buscar a los que fueron separados a la fuerza, los burócratas se vieron obligados a hacer una búsqueda de datos a mano.

La manera en que DHS implementó la llamada política de tolerancia cero –anunciada en mayo, pero en práctica desde el año pasado– provocó una condena mundial tan amplia, que Trump se vio obligado a frenarla el 20 de junio. Poco después Sabraw ordenó la reunificación de las familias.

Cuatro integrantes del Consejo de Asesoría del DHS –grupo de expertos que aconsejan a la secretaría – renunciaron a finales del mes pasado en protesta contra esa política. Entre ellos estaba la ex diputada federal y ex fiscal Elizabeth Holtzman, quien declaró que la práctica era secuestro de niños, así de sencillo, y solicitó la renuncia de la secretaria Kirstjen Nielsen.

Al mismo tiempo se han multiplicado las quejas, denuncias e investigaciones sobre las condiciones que han padecido dichas familias a manos de las autoridades y sus contratistas, de maltrato a abuso sexual de niños.

La jueza federal Dolly Gee anunció el viernes que nombrará a un monitor independiente para evaluar las condiciones en centros para menores de edad migrantes en Texas, después de denuncias de más de 200 familias sobre alimentos podridos, falta de agua y temperaturas muy bajas en algunas instalaciones.

Una niña guatemalteca de seis años, separada de su madre por las autoridades, fue obligada a firmar una declaración confirmando que era su responsabilidad mantenerse distante de un joven en el mismo centro de Arizona, quien abusó de ella, reportó The Nation.

No son casos aislados. ProPublica realizó una investigación de los aproximadamente 100 albergues en 17 estados que operan bajo contrato con HHS –donde los niños separados se sumaron a los aproximadamente 10 mil menores de edad alojados en ese sistema–, donde detectaron cientos de quejas y acusaciones de ofensas sexuales, violencia y hasta niños extraviados.

(Con información de La Jornada)