Nicaragua lleva más de dos meses sumergida en una severa crisis sociopolítica, que estalló en medio de protestas contra reformas del gobierno al seguro social, más tarde derogadas. Foto: Prensa Latina
El gobierno de Estados Unidos refuerza sus presiones sobre Nicaragua, al anunciar nuevas restricciones en las visas de funcionarios y otros individuos presuntamente involucrados en actos de represión y violaciones de los derechos humanos.
La medida, según se conoció en Managua, alcanza a funcionarios de la Policía Nacional, de gobiernos municipales y un funcionario del Ministerio de Salud.
Sin embargo, el periodista norteamericano Max Blumenthal denunció en un reportaje que la actual crisis que atraviesa Nicaragua no se debe a una explosión social espontánea como han pretendido hacer creer determinados medios de comunicación, sino que obedece a una estrategia bien diseñada por Washington.
Para Blumenthal la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés) y la Fundación Nacional para la Democracia (NED, en inglés) son los organismos que están detrás de la inestabilidad en Nicaragua.
Ambos entidades, dedicadas -según denuncias- a la intromisión en países que no son alineados a sus políticas expansionistas, han asesorado y financiado movimientos en la nación centroamericana para socavar al gobierno sandinista, de acuerdo con Blumenthal.
Por otro lado, el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, reiteró que la administración presidida por Daniel Ortega es un gobierno constitucional legítimamente electo e insistió que hay grupos y movimientos que buscan sustituir al Estado ilegalmente.
Durante una sesión de trabajo en la Comisión de Verificación y Seguridad del diálogo nacional entre el gobierno y sectores opositores, Moncada subrayó que conversar requiere de condiciones básicas de paz y seguridad.
'Nuestra posición ha sido clara queremos dialogar de buena fe y que restablezcamos la paz, que se respete la vida, la libre movilización y circulación, resuelto eso podemos escuchar sobre la democratización que plantea la oposición, que quiere cambios por la vía de hecho', dijo.
El canciller manifestó que no se puede dialogar en un ambiente de violencia, inseguridad y criminalidad y el gobierno está obligado a mantener el orden público de acuerdo a la Constitución y la ley.
Nicaragua lleva más de dos meses sumergida en una severa crisis sociopolítica, que estalló en medio de protestas contra reformas del gobierno al seguro social, más tarde derogadas, pero que no detuvieron las manifestaciones, a las cuales se sumaron otras demandas políticas.
Acorde con denuncias, tales reformas sirvieron de pretexto para poner en marcha un plan dirigido desde el exterior con el objetivo de desestabilizar la nación y provocar el derrocamiento del gobierno sandinista.
(Con información de Prensa Latina)