Encuentro de Ciencias Penales
Con la convocatoria a la realización en el 2020 del XV Congreso Internacional de Ciencias Penales y III Evento Legalidad, Derecho y Sociedad, culminó hoy la actual edición del Congreso Internacional de Ciencias Penales.
Al evento, que desde el miércoles 14 sesionó en el Palacio de Convenciones de La Habana, asistieron más de 400 delegados de 26 países, entre esos 10 Fiscales y Procuradores Generales así como destacados operadores del Derecho.
Durante las jornadas se firmaron varios acuerdos de cooperación entre Cuba y naciones como España, Portugal, Venezuela, República Popular de Corea, Kazajstán, República Dominicana, República Democrática Popular Lao y Bolivia.
Esos acuerdos y los programas para materializarlos, tienen entre sus objetivos favorecer el combate a los delitos de carácter internacional como los relacionados con el tráfico de drogas y la trata de personas, entre otros, afirmó Darío Delgado, Fiscal General de Cuba.
También se desarrolló una amplia agenda científica que incluyó temas relacionados con la trata de personas, el lavado de activos, el combate a la corrupción y la atención legal al adulto mayor en Cuba.
El XV encuentro de Ciencias Penales, programado para el año 2020 en el propio Palacio de Convenciones, está dirigido a fiscales, procuradores, abogados, jueces, policías, criminalistas, criminólogos, victimólogos, médicos legistas y psiquiatras forenses.
Además, se convocó a funcionarios que atienden menores de edad víctimas y con trastornos de conducta, psicólogos, sociólogos, contralores, auditores, economistas, asesores jurídicos, profesores y estudiantes universitarios, entre otros especialistas
Las temáticas incluyen el enfrentamiento a los delitos trasnacionales; el rol del Ministerio Público y del Sistema Judicial en el enfrentamiento a la corrupción; Ciberdelito y Terrorismo, así como el lavado de activos y la necesaria cooperación internacional para enfrentarlos.
Asimismo se debatirá sobre la protección integral de la infancia, las leyes migratorias y el control de la legalidad como garantía de la seguridad jurídica ciudadana.
(Con información de ACN)