Temer. Foto tomada de Rpp.
Según se conoció en la jornada de ayer, magistrados del Tribunal Supremo Federal de Brasil autorizaron, luego de siete votos a favor y uno en contra, que la denuncia contra el mandatario Michel Temer, acusado de obstrucción a la justicia y pertenencia a organización delictiva, siga su camino ordinario y avance hacia la Cámara de Diputados.
"Entiendo que el juicio político que debe hacerse en la Cámara de Diputados debe preceder al análisis jurídico por parte del Tribunal Supremo Federal", argumentó al expresar su voto el magistrado Edson Fachin, encargado de las investigaciones de la operación Lavado Rápido en esta instancia judicial.
La votación fue suspendida por la presidenta del Tribunal Supremo Federal, Carmen Lúcia, al final de la tarde del miércoles y será retomada este jueves, y aunque teóricamente los jueces pueden cambiar su voto, la tendencia apunta a que los magistrados darán luz verde a la tramitación de la denuncia.
La constitución brasileña establece que la Cámara de Diputados delibere primero sobre si concede autorización al Supremo para que analice la denuncia, y en caso de que esto ocurriera, Temer sería apartado temporalmente de su cargo durante seis meses, mientras es investigado y se celebra el juicio.
La principal divergencia entre los magistrados para autorizar o no la denuncia era la validez de las pruebas, puesto que buena parte de las pruebas que sirvieron para que la Procuraduría General de la República denunciara a Temer y a otros miembros de su partido están siendo cuestionadas.
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La defensa de Temer asegura que esas pruebas no deberían tenerse en cuenta porque se obtuvieron de forma fraudulenta, por lo que pedían que la denuncia volviera a la Procuraduría General de la República hasta que se aclare si pueden usarse para acusar a Temer o no.
Los delatores del grupo cárnico JBS que revelaron buena parte de los detalles que posibilitaron presentar la denuncia contra el presidente pactaron un acuerdo de delación premiada con la justicia (beneficios penales a cambio de información), pero según recientes informaciones hubo irregularidades.
Se estima que no habrían entregado toda la información de que disponían y que un miembro de la Fiscalía presuntamente les ayudó a buscar un acuerdo ventajoso para ellos y que además inculpara al presidente.
En su momento el exfiscal general Rodrigo Janot aseguró que aunque se invalidará el acuerdo de delación premiada (lo que acabó sucediendo y provocó que Joesley y Wesley Batista acabaran en la cárcel) las pruebas derivadas de él seguirían siendo válidas.
(Tomado de La Jornada)