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Organizaciones internacionales exigen justicia para el caso Berta Cáceres

Berta Caceres at the banks of the Gualcarque River in the Rio Blanco region of western Honduras where she, COPINH (the Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras) and the people of Rio Blanco have maintained a two year struggle to halt construction on the Agua Zarca Hydroelectric project, that poses grave threats to local environment, river and indigenous Lenca people from the region.

El asesinato de la líder social y activista medioambiental Berta Cáceres, perpetrado por un grupo de hombres armados el 3 de marzo de 2016, causó conmoción no sólo en el ámbito nacional sino también en el exterior, donde numerosos grupos repudiaron el hecho.

Las Organizaciones no gubernamentales (ONG), Oxfam Alemania y GegenStrömung ("Contracorriente") mantienen su postura de que la empresa alemana Voith Hydro y la multinacional Siemens tienen corresponsabilidad en la muerte de Berta Cáceres.

El homicidio de Cáceres estuvo motivado por su lucha contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Luego de fuertes presiones tanto de la familia de la víctima como de organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad internacional, diversos entes financieros suspendieron sus desembolsos y el proyecto no fue concretado.

En un estudio, las ONG acusan a las dos empresas alemanas de violar los principios rectores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre empresas y derechos humanos, así como de no realizar un análisis de riesgos sobre la situación de los derechos humanos antes de iniciar el proyecto.

Exigen celeridad en la investigación

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), quien exhortó el pasado jueves a las autoridades de Honduras a continuar con la investigación y el proceso judicial, hasta la captura de los autores intelectuales.

"Desde Cejil alertamos de las deficiencias que ha experimentado el proceso de investigación, hasta ahora, en respuesta a su asesinato", afirmó la organización regional que protege los derechos humanos.

Si bien existe el reconocimiento por parte de la agrupación al conseguir la captura de ocho personas hasta la fecha, aún queda por aclarar el papel que jugó cada imputado jugó en el suceso.

Igualmente, el organismo calificó como "preocupante e inexplicable" el hecho de que, a pesar de los indicios de la relación entre el proyecto de Agua Zarca y el crimen, siga intacta la concesión a la empresa DESA, sin que el Estado impulse acciones para revocarla.

(Con información de Telesur)