El Congreso colombiano discutirá desde mañana el acto legislativo que creará la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), corazón del acuerdo con las FARC-EP, confirmaron hoy noticiarios.
En virtud de la JEP serán creados tribunales y salas con la finalidad de investigar, juzgar y sancionar a responsables del largo conflicto interno, bajo las premisas de cero impunidad frente a crímenes de lesa humanidad pero sí beneficios como indultos y amnistías en casos de delitos políticos y conexos.
Lo más importante de este debate es ser fiel a las expectativas que tiene la sociedad colombiana, particularmente las víctimas de la contienda quienes buscan verdad y justicia, y ser consecuentes con los acuerdos suscritos en términos legislativos y constitucionales, comentó el senador Iván Cepeda en declaraciones a Contagio Radio.
Estaremos vigilantes -añadió- para evitar que ocurra una ruptura con lo consensuado.
En esencia la reforma introduce en el ordenamiento jurídico los principios que rigen el pacto sobre víctimas rubricado entre el Gobierno y las FARC-EP, en proceso de desmovilización, entre ellos los preceptos claves para judicializar tanto a guerrilleros, como a agentes del Estado o terceros.
Con anterioridad el Parlamento aprobó la Ley amnistía (para los miembros de esa guerrilla) y de tratamientos jurídicos especiales (para militares), primera del paquete encaminado a implementar el trascendental consenso con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), con fecha de 24 de noviembre.
Por lo que los debates en torno a la JEP en el Capitolio son medulares a fin de conformar el sistema de justicia transicional (permite pasar de un escenario de guerra a la paz) y transcurrirán en medio de acalorados análisis, opinan investigadores quienes no descartan la férrea oposición del partido Centro Democrático, tradicional detractor de las negociaciones con ese grupo y sus resultados.
Calculamos que dicha discusión demore 30 o 40 días y, promulgado ese acto, se tramitará una ley estatutaria que reglamente la parte operativa del Tribunal de Paz; explicó a la prensa el representante a la Cámara Hernán Penagos, coordinador ponente.
Aunque el Congreso apruebe la Jurisdicción Especial de Paz, no se podrá poner en marcha de inmediato; aún hará falta la conformación del Comité de Escogencia y la selección de los comisionados de la verdad, de los magistrados, jueces y fiscales, junto a otros pasos.
Así las cosas la JEP podría funcionar tal vez en mayo, vaticinan expertos.
Actualmente el Gobierno y ese movimiento guerrillero, el mayor del país, impulsan la adecuación de los puntos y zonas (26 en total) donde los insurgentes deberán abandonar las armas y comenzarán a prepararse para su reincorporación a la vida civil.
Ambas fases son verificadas por un mecanismo tripartito compuesto por voceros del Ejecutivo, de las FARC-EP y una misión política coordinada y financiada por Naciones Unidas.
La habilitación de dichos escenarios en los cuales son construidos campamentos temporales y la tramitación normativa en el Congreso son dos de los ejes esenciales del llamado período de postconflicto, iniciado a finales del año previo.
(Tomado de Prensa Latina)