Carlos Muñiz Varela (en la foto con su hijo) fue ejecutado el 28 de abril de 1979.
El secretario de Justicia de Puerto Rico, César Miranda, deja la investigación sobre el asesinato del empresario cubano Carlos Muñiz Varela casi a punto de concluir, confiado en que el gobierno de Ricardo Rosselló aproveche los avances de este cuatrienio para cerrar con éxito un caso que, frente a una mínima colaboración de las autoridades federales, se busca esclarecer hace más de 37 años.
“Ya no estamos en la etapa de investigar a los conspiradores e identificar a los encubridores. Ya se sabe quiénes son. Se empiezan a manejar nombres de los posibles participantes del asesinato”, dijo el secretario Miranda, en una entrevista con El Nuevo Día.
Al llegar el lunes a su despacho, la secretaria designada de Justicia, Wanda Vázquez, encontrará un informe digitalizado de más de 300 páginas con esos hallazgos. Al sumarse documentos de evidencia y recortes de periódicos, el archivo, que por vez primera organiza todo el caso, ronda las 900 páginas.
Pese a que la investigación ha permitido conocer un grupo de personas que planificó, encubrió y participó en el asesinato de Muñiz Varela -incluso desde la entrañas de la Policía de Puerto Rico-, el Departamento de Justicia solo puede acusar a los que participaron directamente en la ejecución. Los demás delitos, como conspiración y encubrimiento, están prescritos.
Para poder acusar de asesinato, el secretario Miranda considera que se necesita aún dar con el paradero de un informante del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), que, de hecho, no se sabe si está vivo. Muchos de los participantes del asesinato de Muñiz Varela -vinculados a organizaciones del exilio cubano en Puerto Rico y Florida-, pueden tener cerca de 80 años de edad.
“El tiempo va borrando la trayectoria del caso”, sostuvo Miranda, quien habló en conferencia telefónica junto al fiscal Pedro Berríos Lara, el hijo de Muñiz Varela, Carlos Muñiz Pérez, y el portavoz del Comité de Amigos y Familiares de Carlos Muñiz Varela, Raúl Álzaga Manresa, responsable de la agencia de viajes Varadero de la que fue socio el asesinado empresario.
Muñiz Varela fue ejecutado el 28 de abril de 1979 en momentos en que junto a Álzaga Manresa y Ricardo Fraga promovía viajes del exilio cubano a La Habana. Entonces tenía 25 años y en medio de la Guerra Fría buscaba llevar a cabo la misma gestión que ahora el gobierno de EEUU promueve tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington.
Pese a la falta de colaboración de las oficinas centrales del Departamento de Justicia de EEUU y del FBI, la investigación del gobierno de Puerto Rico ha concluido que contrario a lo informado originalmente el ataque en contra de Muñiz Varela en una calle de Guaynabo se hizo desde dos automóviles, no uno.
Tras el asesinato, uno de los automóviles que se utilizó en el ataque -un Cutlass Supreme-, apareció quemado en Vacía Talega. Tres personas viajaban en aquel auto. Pero, ahora se conoce que un segundo vehículo, un ‘sedán blanco’, fue utilizado en el operativo criminal.
Por lo menos cinco personas participaron en la ejecución, dijo el fiscal Berríos Lara, quien evitó responder si tienen identificado al pistolero o pistoleros. De todos modos, el número de personas vinculado al asesinato es mucho mayor, aunque el Departamento de Justicia prefiere no hacer precisiones.
Según el secretario Miranda, un testimonio que se dio a la Policía y nunca se había dado a conocer, permitió contactar a una testigo del caso que precisa la existencia de un segundo vehículo.
Otros testigos, además, indican que la muerte de Muñiz Varela “se estuvo contemplando con bastante antelación”.
Como sospechosos hay tanto personas que residían en Puerto Rico como otras que viven en Miami (Florida).
En ese sentido, el Departamento de Justicia mantiene una petición a la Policía del condado de Miami Dade para que ofrezca la información que puedan tener en sus archivos sobre el caso de Muñiz Varela, posibles sospechosos que operaban desde Florida y cualquier dato relevante sobre los grupos de derecha del exilio cubano.
“Una de las personas identificadas en el proceso de planificación fue contactada. Llegamos a esa persona, pero se negó a hablar. Nos habló por vía del abogado acogiéndose a su derecho a la no autoincriminación. Otras personas involucran la participación de agentes de la Policía antes y después de la muerte”, dijo Miranda.
“Si contáramos a los conspiradores, encubridores y participantes directos, fácilmente podríamos estar hablando de una docena de persona”, comentó, por su parte, Álzaga Manresa.
Todos los participantes directos, con excepción de uno, están vivos, según el secretario Miranda.
Frío y caliente el FBI
El secretario Miranda reconoció la colaboración que dio el exdirector del FBI en San Juan Carlos Cases, quien entregó un documento sin las tachaduras tradicionales que hace la Policía federal, lo que ha permitido corroborar “con certeza el número de personas participantes (en el asesinato) y la potencial posible identificación de los participantes directos y de la planificación”.
“Hemos logrado acceso a testimonios a informantes de la época, a quien uno de los participantes le hace admisión sobre el particular”, agregó el secretario Miranda, quien recomendará que el fiscal Berríos Lara siga a cargo de la investigación.
Pero, subrayó que desde las oficinas centrales en Washington la colaboración ha sido nula. Nunca le han contestado las cartas que ha enviado a los secretarios de Justicia o al director del FBI sobre el caso.
El informe indica que se requiere que el FBI permita a los investigadores del Departamento de Justicia de Puerto Rico entrevistar a dos agentes jubilados que estuvieron vinculados a temas relacionados al exilio cubano en la Isla y en EEUU.
Para el secretario Miranda, si el informante del FBI que quieren localizar estuviera vivo y disponible, “todavía pudiera haber oportunidades de tener un caso a la mano, pero, sino, forzosamente habría que concluir que el caso debe ser cerrado”.
Álzaga Manresa difiere, pues piensa que aún tienen también la posibilidad de lograr desclasificar nuevos documentos del gobierno federal -quizá ante la muerte de algunos participantes en el caso-, y abrir nuevas ventanas a la investigación.
Por ejemplo, el Comité de Amigos y Familiares obtuvo hace más de cuatro años, por medio de la ley federal de libertad de información (FOIA), documentos en los que el propio FBI relacionó con el asesinato al grupo sombrilla de la derecha cubana Coordinadora de Organizaciones Revolucionarias Unidas (CORU). En esos informes el FBI describió esa organización, a la que estuvo asociado el fallecido líder del exilio cubano en la Isla, Julio Labatud, como “una organización terrorista antiCastro”.
En septiembre de 2014, además, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) se negó a dar información sobre el grupo “Comando Cero” o “Comando Zero” que se atribuyó el asesinato, tras recibir un referido del FBI en torno a una petición de información hecha por el Comité de Amigos y Familiares. “Revisamos el material y determinamos que la información permanece clasificada y debe ser negada en su totalidad, bajo las exenciones de la ley de libertad de información (FOIA)”, indicó entonces Michele Meek, coordinadora de asuntos de Información e Intimidad en la CIA.
Encubrimiento
No obstante, el informe ya refleja, fuera de toda duda, que sectores de la Policía de Puerto Rico participaron en el encubrimiento del asesinato. El fiscal Berríos Lara entrevistó a más de 80 personas, incluyendo ex investigadores, fiscales y agentes.
Entre las personas entrevistadas estuvo el expolicía Ernesto Gil Arzola, convicto hace más de dos décadas por el asesinato de Griselle González Ortiz (Jessica), quien iba a ser testigo en un caso de asesinato en contra del notorio Tito Camaro, líder de un grupo criminal.
“Esto es una carrera de relevo y el último tramo va a caer en las manos de la designada secretaria de Justicia, Wanda Vázquez”, dijo Álzaga Manresa, portavoz del Comité de Amigos y Familiares de Muñiz Varela.
Mientras, Muñiz Pérez, quien tenía solo cinco años cuando perdió a su padre, reconoció el trabajo del secretario Miranda y su equipo, así como el interés inicial del exsecretario Luis Sánchez Betances.
La hija de Muñiz Varela, Yamaira, solo tenía meses de nacida cuando ocurrió el asesinato.
“Estamos cerca de un momento histórico. Nosotros mantenemos una esperanza limitada de que algún día se puedan encausar algunos responsables. Como Raúl pienso que el FBI tiene información que puede culminar este proceso”, dijo Muñiz Pérez, al señalar que el encubrimiento del caso pudo extenderse a “nivel federal – con la participación del FBI-, y eso puede ser una piedra en el camino” hacia el descubrimiento de toda la verdad.
De todos modos, Muñiz Pérez afirmó que “no hay vuelta atrás” y a que el gobierno de Rosselló y a la secretaria designada Vázquez le toca “culminar este caso”.
(Tomado de El Nuevo Día, Puerto Rico)