¿Ser comunista te impide ser profesor en Alemania?

Kerem Schamberger, el portavoz del partido comunista DKP en Múnich, no ha podido incorporarse a trabajar en la Universidad Ludwig Maximilian de Alemania, pues su partido, aunque legal, se encuentra bajo vigilancia de la Oficina Federal de Protección de la Constitución (el Verfassungsschutz), que lo califica de extremista.

Schamberger estudió comunicación en esta Universidad y pretendía comenzar un doctorado el 1 de octubre; pero en Alemania los doctorados por lo general se llevan a cabo mediante un contrato laboral que incluye una parte de investigación y otra de docencia en la Universidad.

La realidad es que el joven aún no ha podido llevar a la realidad su relación laboral, porque según un decreto que data de 1972 todos los funcionarios o personas que trabajan en el sector público han de ser controladas por el Estado frente a su posible radicalismo, para lo cual deben presentar una aprobación del servicio secreto alemán interno.

Si bien la Universidad pidió a las autoridades dicho consentimiento en julio, estas aún no se ha pronunciado sobre la fiabilidad ideológica de Schamberger.

De acuerdo con este alumno, su posible negación sería un hecho anticonstitucional, ya que la Carta Magna alemana garantiza la elección libre de una profesión.

De esta forma “se demoniza a los comunistas”, esta medida sirve como forma de intimidación, asegura Schamberger. Asimismo, añade: “Conozco a jóvenes que querían entrar en el partido pero que se lo piensan dos y tres veces antes de hacerlo, porque saben las consecuencias que puede tener en el caso de querer hacer carrera en el sector público”.

Desde que se hizo pública la noticia, el alumno ha recibido numerosas muestras de solidaridad, desde los partidos políticos socialdemócrata SPD, Los Verdes (Die Grüne) y La Izquierda (Die Linke), así como de los sindicatos.

En contexto

• El llamado “Decreto de los radicales” (Radikalenerlass, en alemán) fue promulgado en 1972 bajo el Gobierno de Willy Brandt. Plantea que la fidelidad al orden constitucional actual debe ser un requisito para poder trabajar en el sector público.
• Esta prohibición afectó durante décadas a personas que pretendían trabajar  como profesores o como conductores de tren, ya que a estas profesiones se accedía únicamente a través del empleo público.
• Desde que la ley se creó, hasta 1991, alrededor de 1,4 millones de personas tuvieron que pasar por dicho proceso de control.
• Las personas afectadas por el decreto continúan aún hoy reclamando una reparación y rehabilitación de su función pública.
• Después de la caída del muro de Berlín, en el este de Alemania hubo una auténtica limpieza en el profesorado, desde infantil a universitario. Cientos de profesores fueron despedidos por su relación con el comunismo.
• La legislación incentiva la autocensura, en el sentido de que las personas que saben que  quieren dedicarse a la función pública no suelen formar parte oficial en organizaciones vigiladas.
• En 1995 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que el Estado alemán había actuado en contra de los artículos 10 y 11 de la Convención Europea de Derechos Humanos, al haber suspendido a una maestra por el mero hecho de pertenecer al partido comunista DKP.

(Con información de El Diario.es)