La ruta entrampada del petróleo (+ Fotos)

Por Laura Lyanet Blanco Betancourt

Casi al mismo tiempo que las leyes, se inventaron las trampas. Y, con el tiempo, se perfeccionaron.

Lo saben el pistero del servicentro que «se la juega» para «resolver» unos pesitos con la tarjeta de combustible del chofer estatal, y el «botero» que anda en busca de cómo alimentar el motor de su Chevrolet para sacar las ganancias del día.

Lo conocen—aunque no lo controlen lo suficiente— directivos de la empresa estatal, energéticos y jefes de tráfico. Lo saben, y lo eluden, el chofer de la pipa de petróleo y el del camión que le «presta» la tarjeta al pistero del principio.

Están al tanto también el gobierno, Cimex, Tránsito, la policía y los inspectores estatales del transporte.

Aunque no por eso las cifras de desvío de combustible en Villa Clara han mermado en los últimos tiempos.

Invento y complicación

«El pistero te da un timbrazo y ya sabes que tiene “comida” para ti. Pero debes llegar cuando el otro carro, el estatal, todavía esté echando el petróleo», dice F. «Pasas detrás de él y resuelves lo tuyo».

F. es chofer de un Peugeot particular y se busca la vida trasladando pasajeros de Santa Clara a La Habana. El carro es ahorrador, pero los viajes a la capital son largos, y da unos cuantos en la semana. Por eso se hizo “socio” del pistero de un «servi» que está un poco alejado del centro de la ciudad.

Cuando el pistero tiene algo, F. va corriendo para allá, a llenar el tanque con lo que dejó una Yutong. Paga a 10 pesos MN el litro de petróleo. Diez pesos que se reparten luego el pistero y su otro socio, el chofer de la Yutong.

El modus operandi de I. es menos complejo. Él prefiere comprarle el combustible directamente al chofer estatal. «Con ellos te cuesta 6 o 7 pesos el litro. Aunque ahora lo pagamos hasta a 10 porque hubo una reducción de combustible en las empresas, y como ellas son las que nos surten... Pero, bueno, siempre sale más barato que si lo compras en el Cupet: ahí te cuesta 1 CUC».

El inconveniente —apunta I.— es que si comprara el petróleo legalmente en los servicentros de la provincia, entonces no podría cobrar a 40 pesos el pasaje de Caibarién a Santa Clara, una de las rutas que cubre en un viejo carro americano: «Si echo 10 litros allí, serían 250 pesos (10 CUC). La máquina con seis pasajeros hasta Santa Clara es 240 pesos. ¿Qué me queda entonces? Y tengo que pagar mecánico, ponches y otros arreglos», explica.

«Si pa’ ellos es así, ¡imagínate cómo es la cosa con nosotros, que necesitamos más de 100 litros diarios!», dice P., propietario y chofer de un camión de transporte privado de Placetas. «Mejor no te enredes con eso, que es muy complica’o, muchachita, ¡muy complica’o!».

 Lo que pasa en el «servi»

 Según José Suárez Pousa, jefe del grupo comercial de la Gerencia Comercial de Cimex en Villa Clara, hay dos asuntos claves en este contexto: «Primero, el precio del petróleo en los servicentros es alto en comparación con el del mercado negro; segundo, en nuestros puntos de venta solo está reordenado el 40 % del total de diesel que consume la provincia, pues el resto va por tiro directo de Cupet a las cocinas y grupos electrógenos de hospitales, centros educacionales, de elaboración de alimentos y otros. Eso amplía el margen para el descontrol».

Aunque no significa que no se cometan indisciplinas en los servicentros, y el propio Suárez Pousa lo reconoce: «La más común, un carro particular abasteciéndose con una tarjeta magnética estatal. La hemos visto. Pero hay que detectarla en el momento en que se comete. Después es más difícil demostrarla.

«No obstante, hemos extremado las medidas de control: realizamos visitas sorpresivas, velamos porque no se abastezcan dos vehículos con la misma tarjeta, y exigimos que el chofer extraiga el combustible directamente hacia el tanque y no hacia un galón».

Otra de las acciones de prevención tomadas en esos centros está relacionada con el post: todos los servicios de venta tienen que pasar por el equipo antes de abastecer al carro. «Además, tiempo atrás un chofer estatal extraía 30 litros de combustible de su tarjeta, echaba solo 20 en su tanque y dejaba 10 en bomba, previo acuerdo con el pistero, hasta que apareciera un comprador para el excedente. Ahora, con el post, si no extrae todo ese combustible, pocos minutos después de colgar la manguera ese excedente se reintegra automáticamente al depósito».

Por supuesto, ninguna medida resulta suficiente si las empresas y organismos estatales no ponen de su parte en la regulación de los destinos de su combustible. Porque hasta ahora, han hecho poco o no lo suficiente. Basta revisar algunos datos para advertir las irregularidades.

En Villa Clara existen 577 transportistas privados con vehículos de motor diesel. Supongamos que cada chofer compra, como promedio, 10 litros diarios de combustible para trabajar. Compra realizada a través de los servicentros. Así, la provincia vendería 5770 litros diarios. Sin embargo, el promedio de venta de diesel en los servicentros villaclareños fue, en septiembre, de 440.38 litros diarios: o sea, cada uno de los 577 vehículos privados de transportación de pasajeros consumió, como promedio, 2,5 litros de diesel. ¿Será que tenemos los carros más económicos del mundo?

Detrás de las tarjetas

El V8 de J.L. no es el carro más económico del mundo. Ni siquiera el más ahorrador de su entidad, la UEB provincial de Transporte y Servicios a la Mecanización (Tranzmec), del grupo azucarero Azcuba.

«Pero las pruebas del litro no siempre se hacen bien, ni todos los carros tienen odómetro para medir las distancias recorridas, ni GPS —asegura—. Eso nos da una brecha para sacar alguito de vez en cuando, para nosotros».

J.L. es consciente de que ese «alguito» no es legal, pero «¿de dónde sacas el dinero para comprar la pieza que te hace falta cuando se rompe el carro? Porque no te pienses que en los talleres hay mucho. De hecho, a veces las piezas salen del almacén para el mercado negro, y tienes que ir allí y dar 200 pesos por un rollete delantero», afirma.

«Otras veces el jefe te da un poco más de petróleo del que te toca, o gasolina, para que lo vendas y pagues el arreglo que tienes que hacer por la calle, con un cuentapropista», dice Y., otro chofer de Tranzmec.

O simplemente quieres «buscar unos ingresos extras, porque el salario no te alcanza», defiende A., conductor de una retroexcavadora.

Todos tienen una razón «bastante justificada» para el desvío y la venta de combustible. Desde sus puntos de vista, claro. Pero, ¿quién controla, quién exige, quién ordena las rutas del llamado oro negro?

Opina Gustavo Pérez Bermúdez, vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial (CAP): «El salidero mayor está en el combustible estatal, y los directores de empresa lo saben. Pero de reconocerlo a arreglar la realidad, va un trecho».

En este punto, Suárez Pousa, el comercial de Cimex VC, ilustra el «salidero» con otros datos: «En los servicentros de la provincia se vendieron 26 505 litros de diesel en el primer semestre de este año. Solo en agosto, 29 920 litros. Y en septiembre, 13 423 litros, cerca de la mitad de las ventas del primer semestre».

Considerando que a partir de julio comenzaron las restricciones en la asignación de combustible al sector estatal, las cifras resultan más que sospechosas. O evidentes.

¿Truco o trato?

Las acciones de control sobre el consumo de combustibles aumentaron a partir de la reducción en las asignaciones, iniciada en julio pasado. Los cuerpos de inspección estatal del CAP, Mitrans, Cimex y el Minint resultan los más sistemáticos, aunque el panorama negativo aún no se elimina.

Hasta septiembre de este año, la Oficina para el Uso Racional de la Energía (ONURE) de Villa Clara realizó 13 acciones de control relacionadas con el combustible. Solo la UEB Villa Clara de la Empresa de Ómnibus Nacionales resultó evaluada de Deficiente, según refleja un documento proporcionado por Danilo Machado Morales, del Grupo de Inspección de Combustibles de la ONURE. Las irregularidades allí detectadas pudieran vincularse a la venta de diesel a transportistas privados, puesto que varios de ellos han declarado a las Yutones de Astro como sus surtidoras.

No obstante, desde la perspectiva de Pérez Bermúdez, del CAP, Azcuba, el Micons, la Agricultura y Ferrocarriles son los mayores «suministradores» de petróleo a los choferes particulares. Sobre todo, por las pipas que existen en algunos de estos organismos para distribuir combustible al resto del parque automotor.

«Las pipas van a zonas alejadas a serviciar un tractor o una motoniveladora que realizan obras por allá. Los choferes se ponen de acuerdo entre sí para adulterar el recorrido de la tarea diaria y, con esto, el consumo real de combustible. ¿Quién chequea esos carros en lugares apartados?», se cuestiona Pérez Bermúdez.

Sin embargo, O., chofer de una de las referidas pipas, sostiene que estas resultan más confiables que las tarjetas magnéticas en manos de los choferes: «Nosotros tenemos que llevar unos datos de consumo y de asignaciones que deben coincidir con los despachos. Y en mi caso, la pipa tiene GPS, que no me deja andar rega’o por ahí, y además, una persona conmigo para verificar las operaciones. Pero el chofer del carro puede echar una cantidad x de petróleo y justificarla en la hoja de ruta, que aguanta todo lo que le ponga, y nadie comprueba si dio o no los viajes declarados».

«Los jefes —afirma el vicepresidente del CAP— deberían chequear mejor cada tarjeta, cada índice de consumo y cada paso de los choferes, para que no se les escape nada, porque de ahí está saliendo el combustible para los particulares. Y el Estado pierde bastante. Saca la cuenta de cuánto ganaría la provincia si se vendieran solo 10 litros diarios a cada transportista privado de pasajeros».

Aunque los implicados no lo asuman con suficiente seriedad, el problema con el petróleo no se limita al dinero dejado de ingresar a las finanzas estatales. Según la Ley 62 del Código Penal cubano, los choferes vendedores del combustible podrían incurrir en el delito de apropiación indebida, y los compradores, en el de receptación. Los dos, sancionados con privación de libertad de tres meses a un año, multas de 100 a 300 cuotas, o ambas.

Convendría pensar en una solución provechosa para todos: choferes estatales, transportistas privados y economía. Bien podría manejarse la opción de abaratar el precio del diesel en los servicentros. Tampoco sería descabellado proporcionar tarjetas de combustible para los carros particulares del servicio público, a cambio de un ordenamiento de rutas desde las administraciones locales.

Las alternativas, cuanto antes, mejor. Si no eliminan las violaciones, al menos que sirvan para reducirlas. El control y las legislaciones deberían tener mayor alcance que las trampas.

(Tomado de Vanguardia)