Cubadebate

"Rousseff fue objeto del conjuro de fuerzas corruptas y desesperadas. El proceso se inició en la Cámara de Diputados hace meses violando desde el inicio los elementos básicos de un proceso justo y democrático, especialmente en la formulación de la denuncia", añade.

Dice también que fue "una demanda sin pies ni cabeza que la comunidad jurídica de ese país y de América Latina consideran antijurídica y carente de sustento".

"El pronunciamiento de la comunidad internacional es crucial y en tal sentido llama la atención el silencio del gobierno peruano, especialmente de nuestra cancillería", agrega.

Plantea que Perú "por lo menos deplore lo sucedido a título de injusticia y llame como corresponde al respeto de la legalidad. En este punto, es lamentable el inmovilismo de la Cancillería".

Al respecto, el progresista Frente Amplio pidió tras el golpe que Perú no reconozca al nuevo gobernante Michel Temer, por haber surgido de una decisión minoritaria y no de la voluntad popular.

Por su parte, el director del diario Uno, dice en su columna diaria que el golpe contra Dilma Rousseff fue "obra de una banda de delincuentes que manipulan legisladores al servicio de la oligarquía y el imperialismo".

Señala los cargos de corrupción que pesan sobre Temer y su entorno de conjurados, que acusaron a la presidencia de maquillar cifras con fines presupuestales, lo que no solo han hecho todos los gobernantes brasileños sino que no está tipificado como delito.

Añade que pese a la campaña mediática de apoyo a la conspiración golpista, el pueblo rechaza al nuevo régimen y defiende el gobierno de Dilma, que alcanzó importantes logros sociales, "pero cometió un crimen horrendo a ojos de Washington y la reacción latinoamericana: defendió la unidad, la soberanía y el desarrollo independiente de Nuestra América".

En el diario Perú.21, el columnista Santiago Pedraglio señala que Dilma no ha sido ni siquiera acusada de corrupción, pero la avalancha informativa la presenta como vinculada a ese delito.

Critica que se haya usado una simple falta administrativa para derrocarla, una medida "tan desproporcionada que, más que un contenido constitucional, tiene un indefectible sello político".

Pedraglio añade que "los que sí están imputados por corrupción son algunos de sus principales acusadores".

(Con información de PL)