El Ministerio de Energía y Minería de Argentina oficializó el incremento de las tarifas del servicio de gas domiciliario distribuido por redes, que promediará un 300 por ciento para los usuarios residenciales y llegaría al 1700 por ciento para las pequeñas y medianas empresas, con vigencia a partir de ayer.
A su vez, el director general de AySA, Martín Heinrich, confirmó ayer que el aumento tarifario en el servicio de agua para su área de prestación (Ciudad Autónoma y conurbano) será del “216,6 por ciento en general”, con un máximo del 375 por ciento. En ambos casos se contempla la aplicación de una “tarifa social” para sectores de menores ingresos o con mayor grado de vulnerabilidad: jubilados o pensionados con ingresos de hasta dos veces el haber mínimo; empleados que perciben una remuneración bruta de hasta dos salarios mínimos; los titulares de programas sociales y quienes estén inscriptos en el régimen de monotributo social.
El fuerte incremento de las tarifas de gas y de aguas sucede al ya contundente aumento de las tarifas de electricidad a principios de año (vigente desde el 1º de febrero). En todos los casos, la consideración hecha por el gobierno nacional es la necesidad de reducir los subsidios a cargo de fondos fiscales y que estas tarifas han permanecido congeladas durante largos años. Por eso, en vez de tarifazo, los funcionarios hablan de “normalización” de los valores. Sin embargo, el impacto de estos aumentos, sumados a los del transporte, sobre los hogares más humilde es significativo.
La decisión de mover los precios del gas para los tres segmentos del sistema (producción, transporte y distribución) se implementó a través de tres resoluciones, una de las cuales (la 31/2016) instruye al Enargas para que “efectúe una adecuación transitoria” en el marco de la denominada “revisión tarifaria integral”.
Agrega la publicación que las pequeñas y medianas empresas que permanecen bajo el régimen de suministro por distribuidora, en la categoría SGP 1, 2 y 3) son las más afectadas por el aumento, ya que la suba del precio del gas que deberán afrontar alcanza hasta el 1700 por ciento (multiplica el valor de la factura por 18).
En lo que se refiere a la tarifa del agua corriente, Heinrich, de AySA, eludió dar mayores precisiones dado que “el sistema tarifario es bastante complejo, porque está asociado con el tamaño de la propiedad”, Sin embargo, admitió que el aumento máximo puede alcanzar al 375 por ciento.
“Lo importante es señalar que esto, más que un aumento, es un proceso de normalización tarifaria: hoy Buenos Aires (área metropolitana) paga una cuarta parte de lo que se paga en el resto del país”, indicó, reiterando el concepto que intenta imponer el gobierno nacional para evitar la alusión a un tarifazo.
El director general de AySA subrayó que “la propuesta de sistema de tarifa social” que se pondrá en marcha en esta oportunidad, destacando que “es un sistema automático de subsidio a quien no lo puede pagar, a la persona y no al hogar, en función de su real capacidad de pago, en función de un ingreso familiar de dos haberes mínimos”. Agregó Heinrich que “el sistema va a ser muy sencillo, con la primera factura ya va a estar disponible el sistema en Internet”.
(Tomado de Página 12, Argentina)