El diario Granma presenta en su edición de este viernes un caso de corrupción administrativa ocurrido entre enero de 2012 y principios de 2014, que involucra a directivos de la Unidad Presupuestada de Servicios Comunales (UPSC) de Boyeros, así como en la Dirección Municipal de Finanzas y Precios (DMFP) y el Centro de Gestión Contable del mismo territorio, ocurrido entre enero del 2012 y principios del 2014.
Una Auditoría Especial, llevada a cabo por la Unidad Central de Auditoría del Consejo de la Administración Provincial (CAP) de La Habana y supervisada por la Contraloría General de la República (CGR), analizó las extracciones de efectivo para los pagos de salario, vacaciones y subsidios, unido a los cheques que respaldaban esas operaciones en la etapa señalada.
Verificó además los estados de cuenta bancarios, las nóminas emitidas por Comunales, los balances financieros de la DMFP, así como las conciliaciones entre entidades y las asignaciones de efectivo.
Esa revisión exhaustiva arrojó que los cheques emitidos por Comunales incrementaban los montos a extraer en relación con el total cuantificado en las nóminas, e incluso aparecían extracciones de efectivo sin respaldo documental, operaciones que provocaron una afectación al Presupuesto local ascendente a nueve millones 408 263 pesos en CUP.
A ello se unieron los perjuicios provocados a los trabajadores de Comunales, quienes en la etapa mencionada no recibieron utensilios demandados por su labor, pues los recursos concebidos para eso nunca llegaron a su destino.
Resultó dañada, además, la población del territorio que debió sufrir el deterioro de los servicios referidos a la recogida de basura y otras acciones de higienización. Baste decir que de la inejecución de determinadas actividades también se desviaron sumas considerables.
Acusados por los delitos de Malversación, Falsificación de Documentos Bancarios y de Comercio e Incumplimiento del Deber de Preservar los Bienes de Entidades Económicas, a los seis involucrados les fueron impuestas sanciones de entre uno y diez años de privación de libertad, además de la responsabilidad civil.
La participación de Yeney Molina Martínez, directora municipal de Finanzas y Precios, de Felicia Bonne Vicet, a cargo del Centro de Gestión Contable y de Miriam Rivero Corona, técnica en gestión económica, resultó determinante en la consecución de cada estratagema.
En su condición de rectora de la actividad de Finanzas en el territorio, Molina Martínez transfirió indebidamente a la Unidad de Comunales poco más de cuatro millones de pesos en CUP por encima del presupuesto aprobado, operación cuya veracidad no fue comprobada por Tatiana Marrero, vicedirectora de Presupuesto de la DMFP.
Tales sumas salieron desde la cuenta distribuidora municipal sin poseer documentos oficiales que acreditaran modificaciones presupuestarias. El monto provenía del superávit del municipio que no era aportado a la provincia de La Habana.
Sentencias
Luego de celebrarse la vista del juicio oral, el 26 de enero del 2015 en la Sala Segunda de lo Penal, el Tribunal Provincial Popular de La Habana sentenció a los involucrados:
ALEJANDRO BERENGUER HERNÁNDEZ, FELICIA BONNE VICET y YENEY MOLINA MARTÍNEZ a diez años de privación de libertad por ser autores del delito de Falsificación de Documentos Bancarios y de Comercio de carácter continuado como medio para cometer el delito de Malversación.
MIRIAM RIVERO CORONA a cinco años de privación de libertad, subsidiada por igual periodo de limitación de libertad, por ser autora del delito de Falsificación de Documentos Bancarios y de Comercio de carácter continuado como medio para cometer el delito de Malversación.
TATIANA MARRERO GUERRA y MERCEDES MACHADO LUJÁN a un año de privación de libertad, subsidiada por igual periodo de trabajo correccional sin internamiento, por ser autoras del delito de Incumplimiento del Deber de Preservar los Bienes de Entidades Económicas.
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