El parlamento de China aprobó por amplia mayoría cambios a la Ley de Legislaciones, que permitirá el avance de nuevas medidas de reforma y apertura que adopta la dirigencia del país con el fin de alcanzar una sociedad moderadamente próspera.
La votación, según fuentes de la Asamblea Popular Nacional (APN), fue de dos mil 761 diputados a favor, 81 en contra y 33 abstenciones, reflejo de los mantenidos debates en esta tercera lectura de la legislación durante estas sesiones nacionales, que en muy pocas ocasiones aprueba leyes.
Lo más frecuente es que las aprobaciones a las modificaciones de leyes existentes o de nuevas legislaciones sean a nivel del Comité Permanente de la APN, que celebra sesiones bimensuales en esta capital.
En esta ocasión, sin embargo, la relevancia de esta legislación vigente desde el año 2000 y calificada de base del sistema legal de China llegó a la instancia nacional y al análisis de los tres mil diputados del parlamento.
La urgencia de estas modificaciones, a juicio de especialistas, se debe a que nuevas reformas en varios sectores del país carecen del sustento legal para avanzar, por lo cual algunos expresaron la necesidad de contar con leyes buenas y pragmáticas para los tiempos actuales.
Guo Linmao, integrante de la Comisión de Asuntos Legales de la APN, dijo a la agencia estatal de noticias Xinhua que se reconoció que la ley que estaba vigente tenía muchas fisuras y debilidades que no permitían eludir parcialidades e interferencias.
De acuerdo a lo informado, la nueva letra de este documento amplia los poderes judiciales a 288 ciudades chinas, de las 49 que disfrutan hoy esos privilegios, y da respuesta a los reclamos que durante dos décadas han tenido muchas ciudades de la importancia de legislar sus propios asuntos.
Otros diputados aclararon que no se trata de un simple cambio de estatus, sino una muestra de que el gobierno central delega su autoridad a la sabiduría y vitalidad de la base, en vista a una mayor reestructuración económica y reforma social.
Al respecto, medios de prensa han reiterado en estos días de sesiones parlamentarias que para un país que durante dos mil años estuvo regido por un poder central desde el cual el emperador nombraba hasta el último de los jefes de los condados las nuevas previsiones de son toda una novedad. Para evitar el abuso de poder, la ley recién aprobada permite a las ciudades emitir regulaciones locales sobre desarrollo y administración rural y urbano, protección ambiental y preservación del patrimonio histórico y los valores culturales.
Aclara además que ese poder será entregado paso a paso y será responsabilidad de las legislaturas provinciales decidir cuál de sus ciudades está lista para ejercer ese poder.
Durante las sesiones los diputados también pasaron revista a la ley de impuestos, que se encuentra en fase de estudio y debe estar lista en 2020 con la intención de regular los 18 documentos existentes, solo tres de los cuales cuentan con respaldo legal: gravámenes individuales, corporativos y sobre los vehículos.
Según las fuentes de la APN se avanzó el análisis de las regulaciones vinculadas con el poder administrativo, que propone prohibir que ministerios y gobiernos locales emitan reglas y políticas que vayan en contra de los derechos ciudadanos o incrementen sus obligaciones sin respaldo legal, aunque prosigue en fase de debate.
Para agosto se anunció también que el Comité Permanente de la APN comenzará la lectura de la primera ley en China para castigar la violencia y abusos domésticos, un tema tabú en este país para discutir en público, porque muchos lo consideran un asunto interno de la familia.
(Con información de Prensa Latina)