Cubadebate

El expresidente salvadoreño Mauricio Funes (2009-2014) alertó con frecuencia sobre las probabilidades de que el caso del exmandatario Francisco Flores podría quedar en la impunidad a causa de la lentitud en la investigación por parte de la fiscalía. Luego de estas alertas, Flores fue acusado por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia a particulares, sin embargo el camino hacia la aplicación de la justicia tiene nuevos escollos.

Hace apenas una semana, el juez Levis Italmir Orellana, encargado del caso, acusó a los querellantes por la supuesta revelación o difusión de información reservada y ordenó la apertura de un proceso sancionatorio contra ellos.

Ante esta medida, acudieron al procurador de los Derechos Humanos, David Morales, quien a su vez exigió al cuestionado juez que explicara por qué abrió un expediente contra los acusadores.

Orellana arremetió también contra el propio procurador con el argumento de que interfiere en una jurisdicción que no le compete.

Lo cierto es que tanto el juez como la fiscalía ordenaron no revelar más información financiera proporcionada por la Red Contra el Crimen Financiero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que se manejó como un Reporte de Operaciones Sospechosas.

Dicho reporte revela las conexiones del depósito de cheques de New York a Costa Rica, de Costa Rica a la Florida y de la Florida a las Bahamas en las cuales está implicado Flores.

De acuerdo con los querellantes, sin ese documento es difícil acusar a Flores de lavado de dinero y la fiscalía en vez de proporcionar más pruebas para profundizar la investigación las está retirando.

Orellana ha enviado dos veces a prisión domiciliaria al exmandatario, quien confesó ante una comisión parlamentaria el manejo irregular de más de 10 millones de dólares procedentes de una ayuda de Taiwán para los damnificados de los terremotos de 2001.

La misma comisión especial de la Asamblea Legislativa siguió ahondando en el caso y concluyó que Flores podría haber cometido el delito de lavado de dinero y activos, y haber desviado unos 80 millones de dólares durante su mandato.

Sin embargo, la investigación supuestamente transcurre, a Flores no se le ha acusado por lavado de dinero y numerosas organizaciones como la Iniciativa Social para la Democracia y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho exigen que retiren al juez Orellana del caso.

De acuerdo con el portal Transparencia Activa, Orellana, quien preside el tribunal desde hace 10 años y el Departamento de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia, tiene cinco expedientes disciplinarios en su contra.

Asimismo, ha tenido en sus manos casos ligados al narcotráfico, corrupción y estupro con resoluciones polémicas.

Un reciente editorial de la Universidad Centroamericana (UCA) José Simeón Cañas, refiere que en 2005, Orellana dejó en libertad condicional a varias personas acusadas de pertenecer a un grupo criminal dedicado al robo y venta de autos.

“Tiempo después, el líder de esa banda, Francisco Chávez Abarca, fue detenido en Venezuela acusado por Cuba de terrorismo”, detalla el trabajo de la UCA titulado El sistema de justicia, a prueba.

Chávez Abarca fue cabecilla de un brazo armado estructurado en Centroamérica por el terrorita Luis Posada Carriles, la Fundación Nacional Cubanoamericana y el resto de la mafia anticubana con el propósito de causar muerte, dolor y destrucción en Cuba, para crear un clima de inseguridad, pánico y terror que afectara a la población y a la industria turística a fines de la década de 1990.

El texto añade que el Fiscal General de la República, Luís Martínez, fue abogado particular del expresidente y admitió recientemente haber sido suplente, hasta 2008, de la junta directiva de Dubrandt, una sociedad anónima de capital variable, cuya representante legal y presidenta era Lourdes María Rodríguez de Flores, esposa del exgobernante procesado.

(Tomado de Contrainjerencia)