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El Juez de los “fondos buitres” califica de “ilegal” proyecto de Argentina de trasladar deuda

fondos buitreEl juez neoyorquino calificó como un acto “invalido e ilegal” a la decisión del gobierno argentino de enviar un proyecto de Ley de Pago Soberano para poder abonar a los bonistas con títulos reestructurados, al tiempo que rechazó el pedido formulado por los fondos buitre.

En la audiencia realizada en la Corte Distrital, convocada de urgencia por el magistrado a partir de un pedido formulado por el fondo Elliot, Thomas Griesa volvió a instar a las partes a “sentarse a negociar” y manifestó su convencimiento en que “más temprano que tarde, habrá un acuerdo”.

Griesa volvió a instar a las partes a que se sienten a negociar con el special master (mediador) designado por su corte, Daniel Pollack. “En este caso, está tan claro como puede estar, que de alguna manera, en algún momento, espero más temprano que tarde, habrá un acuerdo” entre las partes, afirmó el juez.

De esta manera, el magistrado rechazó el pedido de imponer la figura de “desacato” al país, que fue formulada por los fondos buitre NML y Aurelius, tanto en el encuentro de hoy como en la carta que le enviaron ayer para solicitar una “audiencia de emergencia”, tras el anuncio del plan de pago soberano realizado por la Argentina el martes por la noche.

“¿Cómo contribuye el desacato a un acuerdo?”, les preguntó Griesa a los abogados de los fondos buitre, quienes insistieron reiteradas veces en pedir que el juez aplique dicha figura al país. Para el abogado de Aurelius, Edward Friedman, el desacato contribuiría a enviar “un claro mensaje” a la Argentina y a las partes involucradas en el litigio que podrían asistir al país a ejecutar la iniciativa oficial de pago. Tanto Friedman como Robert Cohen, de NML, plantearon además que la corte “considere sanciones” posteriores al desacato, cosa que también fue desestimada de plano por Griesa.

Por su parte, el representante de la Argentina, Carmine Boccuzzi, afirmó que la figura de desacato no contribuiría de ninguna manera a lograr un acuerdo negociado entre las partes, y remarcó que “no hay fundamentos” para aplicar dicha figura a la Argentina, ya que el país no ha violado ninguno de los términos del convenio firmado con los bonistas reestructurados. Lo que Argentina “está haciendo es, abiertamente, proponer un proyecto de Ley dentro de un marco democrático”, concluyó Boccuzzi.

(Tomado de Página 12, Argentina)