El gobierno de Argentina formalizó este jueves una demanda contra los Estados Unidos ante el Tribunal Internacional de La Haya, debido al conflicto con los llamados “fondos buitre”, tenedores de bonos que han puesto en riesgo a la economía del país sudamericanos y son defendidos por un juez de la ciudad de Nueva York.
"La Argentina sostiene que los Estados Unidos realizaron violaciones de la soberanía argentina y otras ilegalidades como resultados de las decisiones judiciales adoptadas por los tribunales estadounidenses en relación a la reestructuración de la deuda pública", resumió la Corte en un parte de prensa difundido este mediodía.
La Corte Internacional envió ahora la presentación al gobierno de los Estados Unidos, que deberá aceptar la jurisdicción del tribunal para que haya un caso. "No se va a tomar ninguna acción en el proceso hasta tanto los Estados Unidos acepten la jurisdicción de este tribunal", alertaron las autoridades de La Haya.
En un comunicado, la Presidencia del país informó que hizo la presentación contra los Estados Unidos "por la violación de su obligación internacional de respetar la soberanía de la República Argentina, en particular sus inmunidades soberanas, la violación de su obligación internacional de no aplicar o estimular medidas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y la de ejercer de buena fe y conforme a derecho las funciones judiciales que la República Argentina ha aceptado"
Consideró que "la responsabilidad internacional de los Estados Unidos por la violación de las obligaciones menciona surge, principalmente, de la acción de uno de sus órganos, el Poder Judicial". Y agrega que "dado que el Estado es responsable de la conducta de todos sus órganos, las violaciones mencionadas han generado una controversia entre la República Argentina y los Estados unidos", por lo que la somete a la Corte Internacional.
"Para el caso de que los Estados Unidos no aceptaran la competencia de la Corte, la República Argentina entiende que ese país está en la obligación de indicar un medio de solución pacífica alternativo para resolver la presente controversia", añade la nota.
(Tomado de Infobae)