Varios sindicatos con representación en grandes compañías públicas de Puerto Rico advirtieron hoy al Gobierno de que la recién aprobada ley que decreta la emergencia fiscal puede provocar una reacción en su contra entre la ciudadanía que desborde sus previsiones.
La presidenta de la Asociación de Empleados Gerenciales de la Autoridad de la Energía Eléctrica (AEE), Luz Marixibelle López, dijo en una conferencia de prensa junto a varios líderes sindicales que el Gobierno "no tiene claras las repercusiones" de la aprobación la pasada noche de la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Esa ley, de entrada en vigor inmediata, declara un estado de emergencia fiscal que contempla ajustes y recortes para la gran mayoría de las instancias públicas y sus empleados, que con la entrada en vigor de la norma verán mermados algunos de sus derechos adquiridos.
Aclaró que en un hipotético caso de huelga en rechazo a la nueva ley habría poco más de 500 personas en cargos de responsabilidad para atender las necesidades de un territorio de 3,7 millones de habitantes.
Además, matizó que se trataría de empleados de oficina sin la cualificación necesaria para llevar a cabo trabajo en la calle.
El sindicato envió hoy una carta al gobernador en la que se señala que la nueva ley acarreará el retiro del 25 por ciento de los empleados de la AEE, lo que afectará de forma grave al Centro de Control Energético y podría ocasionar, en último término, un colapso del sistema eléctrico.
Emilio Nieves, presidente de la Asociación de Maestros, la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (Unete), aseguró también en la conferencia de prensa que la entrada en vigor de la normativa provocará que más de 150.000 estudiantes de escuelas públicas queden desatendidos.
Nieves dijo que la ley aprobada va a tener como consecuencia que todo el pueblo puertorriqueño se posicione contra la norma y no solo los empleados de compañías públicas, que son los principales afectados.
El presidente del Sindicato de Bomberos Unidos (SBU), José Tirado, indicó por su parte que la crisis que sufre Puerto Rico y que, a su juicio, empeorará con esta nueva ley, es peor que la que se vivió con el anterior gobernador, Luis Fortuño, y que la intención del actual Ejecutivo es desmantelar el movimiento obrero en Puerto Rico.
Durante la jornada de hoy un grupo de sindicalistas de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) llevó a cabo una concentración frente a las instalaciones de la fábrica Martex en el municipio sureño de Santa Isabel, donde se esperaba la presencia del gobernador, Alejandro García Padilla.
El presidente de Utier, Ángel Figueroa Jaramillo, pidió a la ciudadanía, durante una entrevista radial, que no pague sus facturas de agua y luz en rechazo a esta ley, que congela salarios y contrataciones, reduce pagas extraordinarias y exige recortes presupuestarios a los organismos públicos.
Pese a estas amenazas de protestas, García Padilla recordó hoy que el Gobierno ha llegado a acuerdos con los sindicatos que representan a cerca del 70 por ciento de los empleados públicos, por lo que descartó que se pueda llegar a una huelga general.
(Con información de EFE)
(Con información de EFE)