Cubadebate

Thomas Wilner representó a los detenidos de Guantánamo en el juicio que estableció su derecho a ser asistidos por un abogado, y en las dos decisiones de la Suprema Corte que confirman su derecho al habeas corpus.

Por  Thomas Wilner* 

La prisión de Guantánamo continúa siendo una carga para la política exterior estadunidense, que socava nuestra credibilidad y brinda una excusa a cualquier dictador extranjero que abuse de los derechos humanos. Como ha dicho el presidente Obama: Guantánamo se ha vuelto un símbolo en todo el mundo de un Estados Unidos que desdeña el estado de derecho. También ha expresado con exactitud lo que se debe hacer:Tenemos que cerrarla... Es cara, es ineficiente, lesiona nuestra posición internacional. Reduce la cooperación con nuestros aliados en esfuerzos de contraterrorismo. Es un instrumento de reclutamiento para extremistas. Es necesario cerrarla. Grandiosas palabras... pero muy poca acción.

Circula un mito de que, como el presidente dice que quiere cerrar Guantánamo, lo haría si pudiera, pero no puede porque el Congreso lo ha detenido. No es cierto: el presidente tiene autoridad, conforme a la legislación existente, para lograr ese resultado transfiriendo a los detenidos a otra parte. Cierto, el Congreso reformó la Ley Nacional de Autorización de Defensa para prohibir que se asignen fondos para la transferencia de cualquier detenido de Guantánamo a Estados Unidos. También prohibió financiar las transferencias a otros países, a menos que el secretario de la Defensa en persona certificara que el detenido en cuestión jamás se involucraría en actividad terrorista. Como nadie puede garantizar tal cosa, esa medida bloqueaba las transferencias. Pero luego el Congreso enmendó la ley para permitir al secretario superar la prohibición y transferir detenidos a otros países si a su juicio (1) el país receptor daba pasos para mitigar sustancialmenteel riesgo de que el detenido se involucrara en actividad terrorista, y (2) la transferencia servía a la seguridad nacional estadunidense.

Son condiciones bastante factibles. Ya el presidente ha declarado que conviene a la seguridad nacional estadunidense transferir a los detenidos en Guantánamo. Además, muchos países han expresado voluntad de aceptar detenidos y se han ofrecido a dar los pasos necesarios para mitigar sustancialmente el riesgo de que lleguen a participar en actos terroristas. Como ha señalado Carl Levin, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, esa norma reformadaproporciona una ruta clara para la transferencia de detenidos a terceros países. El anuncio hecho esta semana de que se transferirán a dos prisioneros de Guantánamo a Argelia es buena noticia y demuestra la afirmación de Levin: se puede hacer. El presidente tiene también otra ruta a su disposición. La ley permite al gobierno transferir detenidos en cumplimiento de una orden judicial. Con sólo obedecer órdenes de tribunales para liberar, por ejemplo, a detenidos que ya hayan sido exculpados, el Departamento de Justicia podría autorizar su transferencia, libre de las restricciones legislativas. Sin embargo, jamás lo ha hecho.

Esta inacción representa un gran costo. El Pentágono reportó en fecha reciente que la prisión de Guantánamo cuesta a los contribuyentes casi 500 mil millones de dólares al año: la increíble cantidad de más de 3 millones por prisionero al año, unas 40 veces el costo de una prisión de máxima seguridad en el país. Y seguimos pagando pese a que hace más de tres años y medio un equipo especial formado por altos funcionarios de seguridad y aplicación de la ley determinó que la mayoría de esos hombres –84 de los 164 detenidos– no tienen relación con actos terroristas. Sin embargo, permanecen en prisión, y nosotros continuamos pagando. ¿Por qué?

Más allá del gasto y del daño que causa a nuestro prestigio y seguridad, Guantánamo es una terrible tragedia humana. Durante mis visitas he tenido que informar a prisioneros que uno de sus padres o abuelos, o un hermano o hermana, han muerto, y los observo llorar, sabiendo que han perdido su última oportunidad de decir adiós. Hasta al peor convicto preso en Estados Unidos se le permiten visitas familiares. A esos hombres no. Y jamás han sido condenados, o siquiera juzgados, y la mayoría han sido exculpados.

El hecho es que sólo un pequeño número de los detenidos en Guantánamo son considerados posibles amenazas. La mayoría fueron levantados poco después del 11-S en Afganistán y sus alrededores y vendidos como cautivos por tribus locales a cambio de recompensas. No eran los líderes, que escaparon, sino cuando mucho soldados de a pie, así como muchos inocentes capturados por error. Ya en el verano de 2004 era un hecho generalmente aceptado que ninguno de los detenidos que estaban entonces en Guantánamo era un agente de importancia. Una nota del 21 de junio pasado en The New York Times lo informó así: En entrevistas, docenas de militares de alto nivel y funcionarios de inteligencia y aplicación de la ley de Estados Unidos, Europa y Medio Oriente señalaron que, contra las repetidas afirmaciones de altos funcionarios del gobierno, ninguno de los detenidos en la base naval de Guantánamo tenía un alto rango operativo en Al Qaeda.

Sólo después del verano de 2004 el gobierno de George Bush comenzó a enviar detenidos de alto valor, como se les llamó, a Guantánamo desde sitios negros alejados del conflicto en Afganistán. Diez fueron enviados en septiembre de 2004; 14 más –incluido KSM– en septiembre de 2006, y cinco más en 2007-08. En total, 29 prisioneros fueron transferidos a Guantánamo después de agosto de 2004. Algunos han sido liberados. Uno fue condenado en un tribunal estadunidense y está encarcelado aquí. De los que quedan en Guantánamo, 26 al parecer son considerados amenazas potenciales. Deben ser juzgados y, si se les condena, encarcelados legalmente. Los demás deben ser transferidos al extranjero.

El presidente debe hacer esto de inmediato, ejerciendo su autoridad vigente para transferir a los 84 hombres que ya han sido exculpados, y luego continuar con la mayoría de los demás. Desde luego, siempre existe el riesgo de que un prisionero liberado haga algo malo. Todo juez y gobernador enfrenta ese riesgo al liberar a un prisionero. Y, si ello ocurre, la persona o partido político que autorizó la liberación bien puede enfrentar críticas. Pero el miedo a las críticas no debe impedirnos hacer lo correcto. ¿Cómo explicar a los 84 exculpados que deben permanecer en prisión porque es políticamente inconveniente dejarlos salir? ¿Cómo explicar al mundo que debemos mantener abierta la prisión de Guantánamo, aunque manche nuestra reputación y comprometa nuestra habilidad de combatir al terrorismo, porque tememos las críticas políticas? El presidente debe tener el valor de respaldar sus palabras con hechos. Más retraso no es tolerable.

* Thomas Wilner representó a los detenidos de Guantánamo en el juicio que estableció su derecho a ser asistidos por un abogado, y en las dos decisiones de la Suprema Corte que confirman su derecho al habeas corpus.

(Tomado de La Jornada, de México)