El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, instó el viernes a una corte secreta que supervisa programas de vigilancia a rechazar la petición de un grupo de libertades civiles de acceder a fallos utilizados como base legal para cimentar una masiva base de datos de registros telefónicos.
Abogados del Departamento de Justicia dijeron en documentos presentados en el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera estadounidense que las opiniones de la corte son una excepción única al amplio acceso que tiene el público en general a registros judiciales en Estados Unidos.
Si el público tuviera derecho a los dictámenes del Tribunal de Vigilancia, los daños posibles serían "reales e importantes y, francamente, más allá del debate", escribieron los abogados, citando resoluciones anteriores de la corte.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU por su sigla en inglés) pidió el mes pasado a la corte revelar algunos de sus dictámenes luego de que el diario británico The Guardian diera a conocer una gigantesca base de datos del Gobierno estadounidense de llamadas telefónicas diarias, lo que provocó un debate mundial sobre la legalidad del programa.
El reporte de The Guardian se basó en un documento proporcionado por el ex contratista de una agencia de espionaje estadounidense, Edward Snowden, prófugo desde que se le imputaran cargos criminales de filtración de secretos del gobierno estadounidense.
Se cree que Snowden está en un aeropuerto de Moscú y su pasaporte estadounidense ha sido revocado por Washington.
Para justificar la práctica, funcionarios estadounidenses apuntan a una disposición de la Ley Patriota de Estados Unidos que obliga a las empresas a entregar "cosas tangibles", aunque antes del informe del The Guardian no se sabía públicamente que el Departamento de Justicia y el Tribunal de Vigilancia interpretaron el término en el sentido de bases de datos completas.
Algunos senadores estadounidenses advirtieron en 2011 que los estadounidenses se sorprenderían y alarmarían si supieran cómo interpretaba el Gobierno partes de la Ley Patriota.
Aunque el Departamento de Justicia dijo que el tribunal de vigilancia no debe conceder la petición de la ACLU, escribió que la corte es libre de revelar dictámenes por su propia voluntad bajo ciertas reglas. El Gobierno considera la posibilidad de desclasificar aún más registros para ayudar al público a entender los programas de vigilancia, añadió.
(Con información de Reuters)