Guatemala profundizó sus divisiones respecto al juicio de Efraín Ríos Montt, ante la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que anuló anoche la sentencia contra el ex dictador con una votación 3-2.
En redes sociales, la radio y medios escritos, activistas sociales y ciudadanos expresaron su apoyo o rechazo al dictamen de la CC, que anuló todo lo actuado en el debate oral a partir del 19 de abril.
“El tribunal (constitucional) hizo justicia; eran demasiadas las aberraciones jurídicas y una vez más el tiempo nos da la razón”, dijo Francisco García, abogado defensor del ex jefe de gobierno de facto (1982-83).
Por su lado, el abogado Héctor Reyes, del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), uno de los querellantes adhesivos, dijo que tras el fallo de la CC, “quien queda mal es el Estado de Guatemala” ante los ojos del mundo.
Los dos votos en contra de la decisión correspondieron a los magistrados Mauro Rodrigo Chacón y Gloria Porras. Chacón representa a la Universidad de San Carlos y Porras al Ejecutivo, aunque fue nombrada durante el anterior gobierno del socialdemócrata Álvaro Colom (2008-2012). Al frente del actual gobierno está Otto Pérez, un militar retirado de ideología de derechas.
Los dos magistrados disidentes razonaron su voto señalando una “extralimitación” en la resolución de la CC, que además calificaron de “ambigua” y advirtieron que “está dejando desprotegidas a las víctimas”.
Porras argumentó que no es procedente anular las actuaciones de un tribunal por medio del “ocurso de queja”, pues para ello existe la vía ordinaria en el sistema de justicia.
“Estimo que este tribunal se excedió al anular las actuaciones dentro del proceso (...) pues si las partes consideran que en la tramitación del proceso existieron vicios de procedimiento tienen a su alcance los recursos ordinarios”, señaló la magistrada.
A su vez, Chacón señaló que “el acto reclamado por el postulante (la defensa) no conlleva agravio alguno susceptible de ser reparado en sede constitucional, pues el abogado (García, defensor) conocía de antemano la integración del tribunal”.
El conflicto surgió a partir de la estrategia de la defensa para detener el proceso desde el primer día de audiencias, el 19 de marzo.
Ese día, García asumió sorpresivamente la defensa de Ríos Montt en remplazo de los abogados que hasta ese momento lo defendían.
Como primera medida, García recusó a dos de los tres integrantes del tribunal, la presidente Jazmín Barrios, por supuesta enemistad, y uno de los vocales, Pablo Xitimul, por supuesta amistad. Tales argumentos fueron rechazados por la corte, que resolvió continuar escuchando a los testigos pese a las protestas de García.
Finalmente, el abogado fue expulsado de la sala de audiencias, por considerar los jueces que mintió al indicar que Barrios y Xitimul no podían continuar con el trámite y que la intención del abogado era desacreditar la independencia de sus integrantes.
Como reacción, la defensa solicitó amparo ante una Sala de Apelaciones, que lo concedió el 19 de abril y ordenó suspender el juicio de manera provisional.
Sin embargo, el tribunal decidió seguir adelante, y ése fue uno de los argumentos que los abogados de Ríos Montt plantearon ante la CC: que no se había cumplido el amparo provisional dictado por la Sala.
Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión el viernes 10 de mayo por el Tribunal A de Mayor Riesgo, que lo halló culpable de los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad. Otro militar acusado, José Mauricio Rodríguez, ex jefe de los servicios de inteligencia durante el mandato de facto de Ríos Montt (1982-1983), fue absuelto, pero la CC también anuló ese fallo.
Ambos militares fueron juzgados por la matanza de al menos mil 770 indigenas ixiles en el departamento de Quiché.
(Con información de DPA)