Millones de ciudadanos de España exigen la dimisión del jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, y la convocatoria a elecciones anticipadas tras el escándalo de corrupción que involucra al ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas.
Un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía de España confirmó que la administración del gobernante Partido Popular (PP) vulneró la Ley de Financiación de Partidos Políticos - entre los años 1990 y 2008- al aceptar “donaciones” ilegales que superaban el tope máximo permitido por la legislación nacional.
Tras analizar los llamados papeles de Bárcenas (la supuesta caja B del PP de los últimos 20 años) y cotejarlos con la contabilidad oficial de este partido, el informe reveló que el Partido, a través de su extesorero Luis Bárcenas, ingresó en la cuenta especial del Banco de Vitoria (luego Banesto) donaciones ilegales “troceadas en pequeñas cantidades”, para evitar que superasen el tope legal de 60 mil euros anuales (casi 80 mil dólares).
“Se observa una actuación persistente en el tiempo consistente, en transformar donaciones nominales por encima del límite legal en ingresos en la cuenta de donativos anónimos, dividiendo la cuantía en múltiples partes por valor inferior, con lo que es imposible verificar (a simple vista) si se incumplen los límites máximos de aportación”, detalla el documento de 131 folios y cinco anexos.
El documento precisa que las administraciones públicas del PP adjudicaron, entre los años 2001 y 2012, contratos con un valor de más de 12 mil millones de euros (15 mil 700 millones de dólares) a las empresas donantes que aparecen en la contabilidad B que llevaba Bárcenas.
“Las salidas de dinero reflejadas se concretan en cuatro grandes partidas: ingresos en las cuentas de donativos, pago de impuesto y sociedades, abonos de gastos de campaña y entrega a dirigentes del partido”, reseña el texto legal.
Asimismo, el informe policial, dirigido al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, nombra a "19 donantes identificados", entre los que se encuentran los nueve imputados en el caso conocido como “Los papeles de Bárcenas”.
La UDEF también expone que las empresas donantes (OHL, Sando, Sacyr, Azvi, Aldesa o Contructora Hispánica, entre otras) recibieron contratas de administraciones públicas, algunas gobernadas por el PP y otras por el PSOE y otros partidos.
De acuerdo con el documento, la empresa que recibió más contratos fue Obrascon Huarte Laín (OHL), que se adjudicó entre los años 2002 y 2009 un total de 619 obras públicas por valor de siete mil 758 millones de euros (10 mil 181 millones de dólares).
Corrupción administrativa
La Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos de España -vigente desde 1987 hasta 2007- señalaba que “los partidos no podrán recibir, directa o indirectamente, aportaciones procedentes de una misma persona física o jurídica superiores a la cantidad de 10 millones de pesetas al año (60 mil euros)”.
La norma también prohibía aportaciones procedentes de “empresas que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras o suministros para la Administración Pública”.
Según los “papeles de Bárcenas”, el actual jefe del Gobierno español recibió unos 25 mil euros anuales (casi 33 mil dólares), del extesorero del PP, Luis Bárcenas.
Por su parte, Rajoy ha rechazado las acusaciones de corrupción en su contra. Sin embargo, ya la mayoría de los involucrados (integrantes de la cúpula del PP) en el escándalo han confirmado haber recibido en metálico los pagos especificados en la contabilidad B.
(Con información de teleSUR)