Una mujer se suicidó hoy en la norteña localidad española de Baracaldo, poco antes de ser desalojada de su vivienda por la imposibilidad de afrontar el pago de la hipoteca, informó la Policía vasca.
Amaia Engaña, de 53 años, se subió a una silla y se lanzó al vacío desde el cuarto piso del edificio en el que vivía en ese municipio de la provincia de Vizcaya (País Vasco), según fuentes policiales citadas por diversos medios periodísticos.
Es la segunda muerte que se registra en este país por los mismos motivos, después de que el pasado 25 de octubre un hombre apareció ahorcado en la sureña ciudad andaluza de Granada, también antes de ser desahuciado de su morada.
El cuerpo sin vida de Miguel Ángel Domingo, de 54 años, fue localizado por la Policía Nacional en el patio de su vivienda, en el barrio granadino de La Chana.
Una hora después del hallazgo del cadáver, una patrulla de la Unidad de Prevención y Reacción del Cuerpo Nacional de Policía se personó en el lugar para ejecutar un desalojo por orden judicial.
El pasado 26 de octubre otro hombre intentó quitarse la vida, cuando iba a ser desahuciado de su hogar en el ayuntamiento de Burjassot, en la comunidad autónoma española de Valencia.
Desde el inicio de la debacle financiera, hace cuatro años, se realizaron más de 370 mil ejecuciones hipotecarias en España, que dejaron a centenares de miles de personas en la calle con una deuda de por vida.
La crisis en esta nación ibérica, con casi seis millones de desempleados, puso de relieve profundos dramas sociales, como los de las familias que son desahuciadas de sus hogares por no poder pagar el préstamo a las entidades bancarias.
Un informe del Consejo General del Poder Judicial (órgano de gobierno de los jueces) subrayó que las expulsiones aumentaron un 20,6 por ciento en 2012 respecto al año precedente.
Según datos difundidos por la prensa y las organizaciones sociales contra los desalojos, en España se decretan a diario unos 500 desahucios de casas con hipotecas no pagadas.
El gobierno del derechista Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, principal fuerza de la oposición, acordaron esta semana poner en marcha medidas urgentes para frenar este flagelo.
La actual ley hipotecaria no contempla de forma general que la entrega de la vivienda -lo que se conoce como dación en pago- sea suficiente para saldar la deuda adquirida con el banco, con lo cual los afectados están obligados a continuar pagando su crédito.
Uno de los ocho abogados generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) dictaminó la víspera que los desahucios de viviendas en España vulneran la normativa comunitaria de derechos al consumidor.
En su fallo, Juliane Kokott, abogada general de la citada institución, consideró que la ley española de ejecución hipotecaria es incompatible con las normas europeas de protección de los consumidores.
Aunque el informe no tiene carácter vinculante, obligará al alto tribunal de la UE a pronunciarse al respecto.