La popularidad del gobierno francés registró esta semana una caída en picada, debido a la persistencia de la crisis económica, el aumento del desempleo y las incoherencias dentro del Ejecutivo.
Una encuesta realizada por el instituto TNS Sofres revela que el índice de aceptación del presidente François Hollande se desplomó hasta el 36 por ciento, el nivel más bajo en tres décadas obtenido por un jefe de Estado en su primer semestre.
En el caso del primer ministro, Jean-Marc Ayrault, el apoyo a su gestión es de apenas 34 por ciento.
Esa baja de cota de confianza, explica el director general del instituto, Edouard Lecerf, se debe en primer lugar a la continuación de los despidos y al aumento del desempleo.
Según las más recientes estadísticas oficiales, la cifra total de personas sin trabajo asciende a tres millones 57 mil 900, el 10,1 por ciento de la población en edad laboral.
La otra razón de la baja aceptación popular es la incoherencia entre los ministros, la falta de claridad de su discurso y en la gobernanza, opina el analista.
Esta semana Ayrault desató una aguda polémica cuando admitió la eventualidad de abrir el debate sobre la duración de la jornada laboral de 35 horas, considerada aquí como una de las principales conquistas del movimiento sindical.
Ante el fuerte rechazo provocado por sus declaraciones, el propio primer ministro aseguró más tarde que su gobierno no abrirá el expediente de la jornada laboral, porque esa, dijo, no es la causa de las principales dificultades de la economía nacional.
El ejercicio del poder hoy día es muy difícil, admitió el presidente François Hollande en una entrevista concedida a la prensa, donde abordó los problemas enfrentados en este período, entre ellos la crisis en la eurozona.
Tanto Hollande como Ayrault han insistido también en la herencia dejada al gobierno del Partido Socialista (PS) por la anterior administración de Nicolás Sarkozy, de la conservadora Unión por un Movimiento Popular.
Al respecto, el senador del PS André Vallini llamó al presidente a fijar un nuevo rumbo porque el argumento del legado de Sarkozy ya no es suficiente para tranquilizar a la ciudadanía.
Al final de la semana una de las medidas que provocó un fuerte rechazo fue la decisión del gobierno de capturar y extraditar a España a la francesa Aurore Martin, miembro del partido vasco Batasuna.
A Martin se le acusa de militar en esa organización política, la cual es clandestina en España, pero cuyo funcionamiento es legal en Francia.
La decisión fue repudiada tanto por políticos de izquierda como de derecha, e incluso tres parlamentarios del gubernamental PS condenaron la decisión del ministro del Interior, Manuel Valls, de cumplir una orden europea que no había sido aplicada por su antecesor, Claude Guéant.
(Con información de Prensa Latina)