Luego que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunciara que su gobierno impulsará una reforma del Código Penal, que tendrá como objetivo endurecer las penas contra quienes encabecen medidas de fuerza, varios sectores manifestaron su oposición a la iniciativa.
El mandatario explicó que se intenta más dureza en las penas a quienes “agredan a Carabineros en manifestaciones públicas”, además de establecer como delito “la ocupación o invasión ilegal de inmuebles”, entre ellos, colegios, liceos, universidades, viviendas y recintos comerciales, industriales, y religiosos.
Si la reforma es aprobada por el Parlamento chileno, quienes incurran en estos hechos podrían ser condenados entre 541 días hasta tres años de cárcel.
“Estamos haciendo lo correcto, proteger a los inocentes y condenar a los delincuentes; los vándalos, los encapuchados nunca van a tener la última palabra en nuestra sociedad”, declaró Piñera, en referencia directa a las masivas movilizaciones estudiantiles que desde hace cuatro meses se llevan adelante en todo el país, en demanda de la gratuidad de la educación.
Después del anuncio, las voces contra la iniciativa se acrecentaron, como el caso del diputado comunista, Hugo Gutiérrez, que sostuvo que esa medida “criminaliza el movimiento” de estudiantes.
Por su parte, el jefe de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC), Aldo Cornejo, afirmó que el proyecto es “una respuesta inadecuada a los problemas que hoy vive el país”.
“El gobierno se equivoca si pretende resolver los problemas estructurales de la educación, metiendo a la cárcel a los estudiantes. Obviamente el camino es el diálogo, las propuestas constructivas y no la represión”, aseveró el legislador.
Cornejo agregó que los ciudadanos saben la política del gobierno en materia de seguridad ciudadana “ha sido un fracaso, que las cifras han aumentado y que, además, existe un clima de descontento social producto de numerosas promesas incumplidas”.
Por su parte, el integrante de la Confederación de Estudiantes Chilenos (Confech), Sebastián Farfán, calificó la iniciativa oficial como algo “negativo”.
“La medida daña aún más las confianzas y perjudica el diálogo fructífero de las mesas (con el gobierno) porque los compañeros que están se preguntan si de verdad hay voluntad para avanzar o hay más empeño en desarticular al movimiento. Esto confirma nuestras sospechas”, explicó el dirigente estudiantil.
A su vez, la referente de la Universidad de La Serena, Laura Palma, expresó que el Ejecutivo “está desesperado por controlar la efervescencia porque más que querer solucionar el problema de fondo quieren terminar con las marchas y el conflicto”.
Para el presidente de la Federación de Estudiantes Chilenos (Feuc), Giorgio Jackson, la medida “responde solamente a la lógica de revisar el síntoma y no revisar la enfermedad. Se está haciendo una mirada superficial del tema”.
El próximo miércoles se espera una nueva reunión entre las federaciones estudiantiles y el Ministerio de Educación, donde se seguirá debatiendo sobre la gratuidad del sistema educativo que, en la actualidad, es uno de los más costosos y excluyentes a nivel mundial, según las denuncias de estudiantes y profesores y de estudios de especialistas en la materia.
(Con información de AVN)