Cada misil Tomahawk lanzado en Libia por EEUU cuesta un millón de dolares. Foto: Ejercito de los Estados Unidos
El martes 9 de agosto de 2011, Sana Khan, secretario del Comité de Sanciones creado en virtud de la resolución 1970 del Consejo de Seguridad de la ONU, transmitió a los miembros del Comité un aviso emitido por la embajadora Susan Rice, representante permanente de Estados Unidos en la ONU.
En aquella misiva, de la que la Red Voltaire logró obtener una copia [Ver el documento que usted puede bajar a su computadora a través del vínculo que aparece al final de esta página], Washington informa al Comité su intención de descongelar 1 500 millones de dólares pertenecientes al Banco Central de Libia, a la Autoridad Libia de Inversiones, al Banco Exterior de Libia, a la Cartera Libia de Inversiones en África y a la Compañía Nacional Libia de Petróleo.
Afirmando que el descongelamiento es legal cuando se trata de fondos destinados a fines humanitarios o civiles (artículo 10 de la resolución 1970 [1]), Washington anuncia su intención unilateral de distribuir la mencionada suma de la siguiente manera:
- 500 millones de dólares para organizaciones humanitarias escogidas [por Estados Unidos] «para responder a las necesidades humanitarias actuales y a las otras que sea posible anticipar, conforme al llamado de las Naciones Unidas y sus actualizaciones previsibles»;
- 500 millones de dólares para «empresas de suministro de combustible y de bienes humanitarios necesarios»;
- 500 millones de dólares para el Temporary Financial Mechanism (TFM) para «pagar los salarios y gastos de funcionamiento de los funcionarios libios, gastos en alimentación, electricidad y otras compras humanitarias». De esta última suma, 100 millones de dólares se destinarán ulteriormente a las necesidades humanitarias de los libios en las zonas bajo control del Consejo Nacional de Transición (CNT) cuando este último haya establecido «un mecanismo creíble, transparente y efectivo» para hacérselos llegar.
Hablando claramente, Estados Unidos anunció al Comité de Sanciones su intención de apoderarse de 1 500 millones de dólares y de entregar un tercio de esa suma a sus propios servicios humanitarios (USAID), otro tercio a sus propias multinacionales (Exxon, Halliburton etc.) y el tercer tercio al TFM, una oficina del LIEM, que no es otra cosa que un órgano no oficial creado por Washington y avalado por el Grupo de Contacto para administrar Libia [2].
Washington hizo saber además que consideraría que contaba con el acuerdo tácito del Comité de Sanciones a los 5 días del recibo de su notificación por parte de dicho comité.
Por desgracia, al no formar parte del Comité, Libia no tenía forma de oponerse al robo. En efecto, el embajador de Libia ante la ONU desertó desde el principio y -en violación de los compromisos recogidos en el Acuerdo de Sede de la ONU firmado por Estados Unidos- el Departamento de Estado no ha otorgado aún su visa al nuevo embajador de Libia.
Washington esperaba aprovechar dicha ausencia, forzosa, para apoderarse del botín. Por su parte, Francia ya abrió una brecha al robarse 128 millones de dólares en las mismas condiciones.
Fue finalmente el representante permanente de Sudáfrica, el embajador Baso Sangqu, quien obstaculizó la maniobra.
Además de poner de relieve la rapacidad de Estados Unidos, este inaudito episodio confirma que no es el Consejo Nacional de Transición quien gobierno la autoproclamada «Libia libre» de Benghazi y Misurata. Este Consejo no es más que una fachada, por cierto bastante resquebrajada. El este de Libia, bajo control de la OTAN, está siendo administrado por el Libyan Information Exchange Mechanism (LIEM), un órgano informal, sin personalidad jurídica, instaurado en Nápoles únicamente por Estados Unidos, aunque cuenta con algunos empleados italianos.
Los fondos que nos presentan como sumas entregadas al Consejo Nacional de Transición pasan en realidad a manos del LIEM, que los utiliza para pagar salarios a los miembros de dicho consejo y a sus propios funcionarios, así como a los funcionarios del consejo. La diferencia es por lo tanto enorme ya que el Consejo Nacional de Transición no tiene una política propia sino que se limita a aplicar la política de Estados Unidos. Lo cual no es tiene nada de sorprendente para quienes saben que el CNT no surgió como resultado de los sucesos de Benghazi sino hace ya varios años, en Londres, como un gobierno provisional en el exilio.
Por consiguiente, el verdadero objetivo de la acción militar de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN y del Consejo de Cooperación del Golfo no es garantizar la protección de los civiles, como se estipula en la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU, ni mucho menos la «liberación de los libios» sino la colonización del país.
Thierry Meyssan
[1] «Résolution 1970 sur la Libye», Réseau Voltaire, 26 de febrero de 2011.
[2] «Libye: Washington prépare sa revanche», por Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 21 de julio de 2011.