Cubadebate

Ley de Caducidad: a no comerse los mocos

La hegemonía de pensamiento que se impone desde las esferas de gobierno sería casi unánime de no mediar las nunca tan bien ponderadas excepciones que confirman las reglas. Gracias a ello la voz discordante, anti-hegemónica pudo escucharse a través del excelente informe de Fabrizzio Acosta por cx36, informe único, distinto, que permite conocer la cara desnuda de los representantes parlamentarios.
Tanto los medios locales como varios internacionales, en el día de hoy recogen bajo el título “Uruguay, anulan la ley de caducidad” la percepción totalmente errónea de que ha sido anulada la ley.
Nuevamente gracias al informe de cx 36, con la prueba inapelable que significa la voz grabada de los diferentes expositores, pudieron escucharse encendidas defensa de “la voluntad del pueblo uruguayo expresada en DOS plebiscitos” sobre la anulación de la ley.
Son unánimes las opiniones categóricas sobre el respeto a la voluntad popular cada vez que se toca o roza el tema de la ley de impunidad.
Quizás entonces sería bueno hacer un pequeño ejercicio de memoria sobre la tan respetada –en este caso- voluntad popular:
El 12 de enero de 1987, el Frente Amplio adhirió a la iniciativa de recolectar las firmas que se necesitaban para activar la consulta ciudadana que permitiera derogar la ley de impunidad (que por otra parte está declarada inconstitucional hace largo tiempo). Se sumaron a la convocatoria el Movimiento Nacional de Rocha y varias figuras blancas y coloradas; el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y también manifestaron su adhesión organizaciones sociales como el PIT-CNT, Fucvam, FEUU y las gremiales de los estudiantes de secundaria y UTU.
Se instala la Comisión Nacional pro Referéndum y se inicia la recolección de firmas a nivel nacional e internacional.
Las papeletas viajaban a la Argentina, Brasil y demás países donde hubieran importantes colonias de uruguayos. Había que superar el 25% del padrón electoral, equivalente a más de 520 mil firmas.
Diez meses duró la campaña con lo que se pudo y como se pudo. Recorriendo barrios, lugares de trabajo, ubicándose en plazas y yendo casa por casa.
Mientras esto ocurría Sanguinetti desde el gobierno amenazaba del peligro de "volver al pasado" y acusaba a los promotores del referéndum, de poner en riesgo la democracia.
Los grandes medios de comunicación ignoraban olímpicamente lo que ocurría, callando, como cada vez que quieren desinformar a la población.
Finalmente en diciembre de 1987 se entregaron 634.702 firmas, que conformaban más del 28% del padrón, dando comienzo desde ese momento a un proceso lamentable para validar las firmas, en el que la Corte Electoral jugó un triste papel al tomar cualquier argumento para anular firmas de manera que no se lograra el número necesario. El colmo fue anular –por ejemplo- la firma de Seregni.
Entre otras cosas y a fin de sembrar miedo en los firmantes y luego votantes, desde la Corte se llegaron a emitir listas de ciudadanos que habían firmado, cuando esos datos son absolutamente reservados.
El reconocimiento demoró un año y cuando ya no pudieron retrasarla más porque no quedaban argumentos, la Corte Electoral se descolgó con algo tan inédito como estúpido: llamó a 19.000 ciudadanos a ratificar su firma, porque supuestamente no todas eran auténticas.
Fue así que los días 18, 19 y 20 de diciembre los ciudadanos cuyas firmas no eran “legítimas” para la Corte, debían presentarse en algunos circuitos electorales habilitados al efecto y ratificar la misma.
Cuando se acabaron las chicanas no quedó otra alternativa que fijar fecha: el 16 de abril de 1989. Para derogar, papeleta verde, y para mantener la ley papeleta amarilla.
La Comisión Nacional promovió una campaña basada en la necesidad de verdad y justicia.
Desde el gobierno y la derecha, la campaña siguió apuntando al miedo de la gente. El entonces vicepresidente de la República, Enrique Tarigo, manifestaba por su lado que “no sabía si los militares acatarían una derogación” a la vez que el general Medina consultado respondió: "Veremos", con cara de perro, o de milico impune según se lo mire.
La gran prensa como siempre: los canales de televisión censuraron la emisión de un aviso pagado por la Comisión en el cual Sara Méndez hablaba de su hijo desaparecido, Simón Riquelo. Es que hay que recordar que Sanguinetti afirmaba que "en Uruguay no hay niños desaparecidos".
La sumatoria de todas estas cosas, derivaron en que el 57% votara amarillo, y un 43 verde, por lo que la ley se mantuvo.

El 13 de diciembre de 1992 el pueblo uruguayo se manifestó por una aplastante mayoría contra las privatizaciones, a favor de mantener las empresas públicas dentro de la órbita estatal, rechazando categóricamente la propuesta del gobierno del entonces presidente Luis Alberto Lacalle a favor de la privatización.
Con un 71.57% de votos el Sí triunfó en todos los departamentos del país y
se derogaron los artículos 1, 2, 3, 10 y 32 de la Ley Nº 16.211, denominada Ley de Empresas Públicas.
La Comisión que inició las acciones tendientes al referéndum planteaba que los artículos -que finalmente fueron derogados- habilitaban un desmantelamiento indiscriminado y discrecional de las empresas públicas en general, y de Antel en particular, con consecuencias que para Uruguay serían devastadoras.

Otro proceso similar de recolección de firmas desembocó en el plebiscito del 7 de diciembre de 2003, en esta oportunidad para evitar la privatización de la petrolera estatal Ancap.
También ese día el 62,21 % de los votantes se expidió por el sí a la derogación de una ley que posibilitaba la privatización parcial de Ancap, mientras que quienes apoyaban la venta logró el 35,42 %. 2,38 % fueron votos en blanco.
Ancap, creada en 1931, es la mayor empresa industrial de Uruguay, con una facturación anual que ronda los 1.000 millones de dólares. La ley 17.448 sancionada por el Parlamento en el 2001 y promulgada por el gobierno en 2002, eliminaba el monopolio estatal –que detentaba Ancap- sobre la importación, exportación y refinación de petróleo crudo, así como de la exportación de derivados de petróleo.

Finalmente, llegó el turno del referéndum por el agua. El día 31 de octubre de 2004 se desarrolló la elección nacional y conjuntamente con el voto a cada candidato presidencial se colocaba la papeleta para la reforma constitucional que entre otras cosas, dejaba en claro que el agua es un derecho humano.
La Reforma Constitucional impulsada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV) fue aprobada ese 31 de octubre de 2004 por 64,7% de los votantes y derogó las concesiones a privados de los servicios de agua potable y saneamiento.
En ese mismo acto de votación el partido Frente Amplio ganó las elecciones y su presidente Tabaré Vázquez asumió el primero de marzo de 2005.
El 20 de mayo de ese año (un mes y 19 días después) un decreto, firmado por Tabaré Vázquez y el Consejo de Ministros, autoriza, permite a las empresas transnacionales Aguas de Bilbao (española) y Suez (francesa) a continuar con la prestación de servicios de agua potable y saneamiento en el Departamento de Maldonado, habilitando la permanencia de las multinacionales del agua en ese departamento.
Esto originó que el 30 de mayo de 2005 la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida presentara un recurso de revocación ante el presidente y posteriormente pidiera la nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en el entendido de que el decreto que lleva la firma del Presidente y su Consejo de Ministros va contra los preceptos constitucionales.
Independientemente del resultado que pueda producir la presentación, en particular conociendo el funcionamiento de la justicia en el país y el carácter de rehén del Ejecutivo y Legislativo que tiene el tercer poder del Estado, el Judicial, lo que importa destacar es que actualmente –y desde hace años- OSE, UTE, ANCAP y ANTEL se encuentran en una especie de carrera en la que compiten entre sí para ver quién tiene más servicios y sectores tercerizados, esto es, privatizados, en lo que implica un absoluto desprecio a la tan predicada “voluntad popular” plasmada en varios referéndums.
¿Cabe entonces otra conclusión que no sea la de que blancos, colorados y frenteamplistas EL ÚNICO PLEBISCITO QUE QUIEREN RESPETAR con uñas y dientes, es el de la ley de Caducidad?
O para decirlo de otra manera, ¿alguien ha visto o escuchado que aunque sea un solo legislador, de cualquiera de los tres partidos, haya elevado su voz para defender alguno de los plebiscitos violados en reiteración real?

Mirta Graciela González