La flor y nata de la clase política estadounidense está acostumbrada a los pulsos legislativos de última hora. El presupuesto fiscal de 2011, que expirará el próximo 30 de septiembre, ha sido la moneda de cambio perfecta para que los republicanos y demócratas hayan demostrado una vez más su falta de sintonía ideológica. Un hecho que ignora el brutal efecto que un cierre del gobierno federal supone para la marcha del país.
A menos de 7 horas del primer apagón federal de los últimos 15 años, los demócratas y la Casa Blanca dieron su brazo a torcer. El representante de la mayoría demócrata en la Cámara Alta, el senador Harry Reid, anunció que su partido apoyó la decisión de aplicar 38.000 millones de dólares en recortes presupuestarios para garantizar la financiación del gobierno durante los próximos meses. Una cifra superior a los 33.000 millones inicialmente previstos.
Sin embargo, la única traba para dar luz verde a la decisión pesaba sobre la financiación de servicios de planificación familiar, un coste peliagudo que los republicanos demandan desaparezca del presupuesto federal para el resto del año.
En este sentido, el portavoz de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, sacó pecho y reiteró que la razón por la que no había acuerdo era únicamente "el gasto federal", ya que todavía quedaban 5.000 millones de dólares en el tintero. Aún así, es cierto, que la propuesta republicana presentada a la Casa Blanca incluye restricciones sobre la financiación de programas de planificación familiar, un campo donde los demócratas no permitirán recortes.
Contribuyentes y funcionarios
Bajo estas circunstancias, con acuerdo o sin él, un cierre del gobierno afectaría mayoritariamente a los contribuyentes y a cerca de 800.000 funcionarios del país. El Pentágono, por ejemplo continuará con sus operaciones en Afganistán pero las tropas estadounidenses trabajarán sin cobrar, de acuerdo con un informe emitido por el Departamento de Defensa.
En lo que respecta a Wall Street, las distintas agencias federales, como la SEC, podrían frenar la petición de salidas a bolsa, de fusiones o compras por parte de empresas e, incluso, las emisiones de deuda.
Para el ciudadano de a pie servicios como el acceso a embajadas, permanecerán cerrados. También lo harán agencias relacionadas con servicios fiscales, como el IRS (en plena temporada de declaración de la renta en EEUU), la Administración de Pequeñas y Medianas Empresas o la Agencia Federal Inmobiliaria.
Impacto económico
En este último caso, hay que recordar que el 21% de las hipotecas que ofrecen los bancos están respaldadas por la Administración Federal. Los parques nacionales tampoco abrirán, por lo que el turismo se verá afectado. En lo que se refiere a los tribunales federales de justicia, si un cierre del gobierno dura más de 15 días deben comenzar a reducir plantilla de trabajadores y sólo contar con empleados "esenciales".
El impacto económico de un cierre de Gobierno depende de los días que se prolongue. La última vez que tuvo lugar un cierre de la Administración central, la economía de EEUU se ralentizó en un 1% en ese trimestre. El gasto federal cayó más de un 14 por ciento para repuntar en el siguiente trimestre más de un 8,5%.
(Tomado de El Economista)