En el primer litigio de este tipo en Europa, el buscador de Internet Google rechazó en Madrid eliminar de su sistema enlaces a documentos que puedan contener información perjudicial sobre determinadas personas, al considerar que eso sería una especie de censura.
En una vista en la Audiencia Nacional sobre el pleito legal que la empresa estadounidense mantiene con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Google indicó que los buscadores de Internet son meros intermediarios y que la responsabilidad sobre la publicación de los datos no es suya sino que corresponde sólo a la página web que los alberga.
"Los buscadores no son más que un reflejo de los contenidos de los servidores", argumentó el abogado de la compañía, Luis Javier Aparicio, quien insistió en que Google se limita a almacenar los datos. Retirarlos, dijo, atentaría contra la libertad de información y expresión y equivaldría, por lo tanto, a una censura.
Trasladar la responsabilidad sobre lo publicado al buscador, y no al que lo publica, da una "patente de corso" a los editores y haría proliferar la información perjudicial incluso si los buscadores no indexaran ese contenido y renunciaran a ofrecerlo como resultado de una consulta, añadió.
Si cada particular pudiese decidir qué información suya aparece en la red, "Internet perdería su objetividad", ya que todo el mundo eliminaría la información perjudicial, sostuvo Aparicio. "El derecho al honor no es el derecho a que no hablen de uno, sino el derecho a que no se digan mentiras", dijo.
En una serie de alrededor de 75 resoluciones, la AEPD exigió a Google eliminar de su índice enlaces a determinados documentos con información sobre cinco personas que consideran que esos datos atentan contra su honor y su buen nombre.
En concreto, estos cinco particulares quieren evitar que sus nombres salgan siempre asociados con hechos negativos ocurridos años atrás y que fueron publicados en su día en los boletines oficiales del Estado o -en un caso- por el diario "El País".
La empresa estadounidense respondió a estas resoluciones con varios recursos contenciosos administrativos, por lo que el caso terminó en la Audiencia Nacional.
En opinión de la AEPD no se trata de censurar ningún tipo de información, sino de preservar el derecho a la intimidad de las personas incluso en Internet y de garantizar el llamado "derecho al olvido", es decir, evitar que hechos ciertos pero perjudiciales del pasado de una persona no sean recordados permanentemente por los buscadores.
"Lo que no se puede proponer es un escenario en el que los derechos individuales no tengan vigencia ante la inmensidad de Internet", argumentó el abogado de uno de los demandantes.
En este sentido, el abogado del Estado alegó en nombre de la Agencia de Protección de Datos que los buscadores no son meros intermediarios sino facilitadores y que por ello sí deben ser responsables por lo publicado en la red.
Recordó que, en uno de los casos objeto del litigio la información aparece publicada en el Boletín Oficial del Estado, de donde no puede desaparecer, pero donde es difícil de localizar y difundir, a menos que sea a través de Google.
Google hace que esa información aparezca "cada vez que se busca el nombre de mi clienta, y por eso Google sí es responsable", manifestó el abogado de la demandante en cuestión.
La compañía estadounidense argumenta, por el contrario, que los buscadores indexan términos "continua, automática y masivamente" sin reparar en el contenido, por lo que los responsables últimos de que esa información aparezca o no son las páginas que albergan dichos documentos.
El letrado de la empresa agregó que incluso retirando el enlace, la información seguiría estando accesible a todos en Internet.
Tampoco es posible, agregó, eliminar un nombre propio, ya que se borraría el acceso a la información sobre cualquier persona con el mismo nombre.
A este respecto, Google puso como ejemplo que uno de los cinco demandantes comparte apellido con la actual Defensora del Pueblo en España.
(Con información de DPA)