La policía intensificó hoy la ocupación de la Universidad de Puerto Rico (UPR), en Río Piedras, con el fin de evitar la materialización de una huelga estudiantil declarada ilegal por el Tribunal Supremo del país.
Más de 300 agentes con armas automáticas, incluidas Uzi de fabricación israelí, mantienen fuertes medidas de seguridad para impedir el paro indefinido de los universitarios, previsto para comenzar hoy.
El Tribunal Supremo, en decisión mayoritaria de los cuatro jueces vinculados al anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), de gobierno, rechazó la víspera el derecho a huelga, al tiempo que la administración de la UPR decretó la prohibición de toda actividad pública, incluso musical.
Juristas consideran que en ambos casos se plantea una violación a la Constitución del denominado Estado Libre Asociado, ya que conculca la libertad de expresión, así como la de Estados Unidos, que también aplica a la isla.
El estudiante doctoral Carlos Poventud fue arrestado en la madrugada de hoy al iniciar un acto de desobediencia civil por presuntamente violentar las normas de la UPR al intentar manifestarse en uno de los portones de acceso al recinto de Río Piedras.
Instó, al quedar en libertad tras ser citado a comparecer al tribunal el 30 de diciembre, que mantendrá su lucha con el fin de "crearle un problema al Gobierno batallando pacíficamente". Los universitarios se oponen a la imposición de una cuota especial de 800 dólares, junto con el pago de matrícula, que impuso la administración de la UPR a partir de enero para pagar un préstamo que tomó en agosto pasado ante una alegada crisis fiscal.
Los dirigentes estudiantiles no se han hecho visibles en el campus de Río Piedras, el principal de los once recintos de la UPR, donde es evidente una mayoría de policías armados, que impidieron la entrada desde la medianoche hasta las 6:00 de la mañana.
Mientras, el clandestino Partido Revolucionario de los Trabajadores Puertorriqueños (PRTP-Macheteros) hizo un llamamiento a la resistencia contra los intentos de la clase dominante de excluir a las mayorías del pueblo de estudiar en la UPR.
La organización, otrora el brazo político del Ejército Popular Boricua (EPB-Macheteros), acusó al gobierno de Luis Fortuño de querer arrebatar al pueblo la institución académica, donde recientemente una huelga estudiantil se prolongó por dos meses.
El presidente de la UPR, José Ramón de la Torre, se reunió con representantes estudiantiles, pero no llegó a ningún acuerdo porque rechaza la posibilidad de eliminar la cuota de 800 dólares, que impedirá el acceso a unos diez mil alumnos.
Xiomara Caro, portavoz de los estudiantes en protesta, dijo que el gobierno debe pagar los 300 millones de dólares que le debe por servicios a la UPR para solventar la supuesta crisis económica.
Condenó, además, la decisión del Tribunal Supremo que ha pretendido retrotraer la historia de lucha de los estudiantes a la década del 60 del siglo pasado, cuando se expulsaba a los alumnos por su lucha democrática.
La estudiante de Derecho advirtió que ante la inexistencia de una reglamentación expresa, la rectora Ana Guadalupe no puede prohibir el derecho ciudadano a la expresión y a la protesta.
Refirió que la cuota especial de 800 dólares representa más de un 300 por ciento de aumento en la matrícula.
Con información de Prensa Latina