Un grupo de pasajeros reclama en un mostrador del aeropuerto de Valencia. Foto: El País.
J.M. Álvarez
Tras la militarización de personal civil a consecuencia de un conflicto laboral, el Fiscal General de España, Cándido Conde-Pumpido, dice que solicitará penas de hasta ocho años de cárcel para los controladores aéreos que abandonaron su puesto de trabajo, tras conocer las arteras maniobras del Gobierno. En ese sentido, las distintas fiscalías se están coordinando para ponerse de acuerdo en las actuaciones y, supongo, que en las penas a aplicar.
Continúan los servidores de la burguesía (aterrada ante las consecuencias sociales que puede acarrear esa crisis que vino para quedarse) lanzando mensajes en los medios, con el objetivo de asustar a todos los trabajadores del país (en activo o en paro), utilizando al colectivo de los controladores como un ejemplo represivo que pueda prevenir futuras protestas de millones de pobres, excluidos y desempleados.
Creo que Cándido Conde-Pumpido hace honor a su nombre, pues no parece comprender que, de seguir así las cosas, por mucho que el sistema agudice la estrategia (ahora han dado una vuelta de tuerca con el "Cuartelazo aeroportuario") destinada a propagar miedo e inquietud en las masas, el capitalismo se encontrará, tarde o temprano, con barricadas en las calles por una simple razón: más asusta el hambre.
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