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Un pariente de Gilmar Castillo Morales, uno de los tres guatemaltecos identificados entre las víctimas de la masacre de 72 inmigrantes ilegales en el estado mexicano de Tanaulipas, muestra su foto, 27 de agosto de 2010.
El proceso de identificación de los 72 emigrantes asesinados en el noreste de México continuaba este sábado con la posibilidad de que la mayoría no puedan ser reconocidos, en tanto se multiplican los reclamos internacionales.
"Se sigue trabajando en el proceso de identificación en colaboración con las autoridades de otros países", dijo el sábado a periodistas Alejandro Poiré, portavoz del gobierno de México en materia de seguridad.
El viernes el vicecanciller de Honduras, Alden Rivera, dijo que "un grupo importante de estos 72 (cuerpos) quedará sin posibilidad alguna de identificación".
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Hasta el viernes habían sido reconocidos 31 de los 72 cuerpos -entre ellos 14 hondureños, 12 salvadoreños, cuatro guatemaltecos y un brasileño- porque eran los únicos que portaban algún documento de identidad, explicó el diplomático en la Ciudad de México.
Sólo un ecuatoriano de 18 años sobrevivió a la matanza, y según una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR), declaró en días pasados que los agresores pertenecen al cartel Los Zetas, quienes abrieron fuego cuando los inmigrantes se negaron a ser reclutados.
El sobreviviente, herido de bala en el rostro, y trasladado el viernes a la Ciudad de Méxicoa un centro de salud militar por solicitud de Ecuador, será repatriado en cuanto mejore su estado de salud, dijo el sábado una autoridad migratoria mexicana.
Representantes de los países de los que eran originarias las víctimas, como Rivera, un director de Derechos Humanos de la cancillería de El Salvador, entre otros, viajaron el viernes acompañados del subdirector para América del Norte, Beltrán Del Río, a Reynosa, Tamaulipas, para participar en la identificación de los inmigrantes masacrados, entre ellos 14 mujeres.
La matanza ocurrida en Tamaulipas provocó que gobiernos de Centroamérica y organismos internacionales elevaran sus viejas demandas al gobierno mexicano de garantizar la protección de los derechos de los emigrantes.
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La cancillería de Guatemala externo su "preocupación por las constantes denuncias de abusos, vejaciones y violaciones de los derechos humanos de los migrantes en tránsito por territorio mexicano".
"Por el tráfico de personas ya hemos abierto la investigación para establecer quiénes fueron las personas que llevaban a estos migrantes hacia la búsqueda de nuevos derroteros", aseguró a la prensa el sábado el fiscal general de El Salvador, Romeo Barahona.
"Estoy profundamente consternada ante estos asesinatos, que evidencian la situación crítica de las personas migrantes en el país", dijo por otro lado el viernes Navi Pillay, titular de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh).
De los 400.000 emigrantes que atraviesan México para llegar a Estados Unidos, "la mayoría es víctima de redes trasnacionales de contrabando, trata de personas y tráfico de drogas; muchos de esos migrantes nunca alcanzan sus destinos", denunció desde Ginebra.
En Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su "más profunda preocupación por la matanza" y urgió al gobierno "a adoptar medidas urgentes para investigar y hacer justicia, así como para proteger a los migrantes en tránsito", informó un comunicado.
La Comisión, ente de la Organización de Estados Americanos (OEA), recibió en marzo denuncias de ONGs de que 18.000 personas fueron secuestradas por el crimen organizado en 2009, y que la mayoría de los afectados son niños, niñas y mujeres.
La CIDH agregó que envió una carta en la que solicitó al gobierno de México más información sobre los hechos de Tamaulipas.
(Con información de AFP)