Los 72 cadáveres encontrados el martes en una hacienda del estado mexicano de Tamaulipas (noreste), fronterizo con Estados Unidos, serían de indocumentados de Brasil, Ecuador, El Salvador y Honduras, informó el miércoles Alejandro Poire, portavoz del Consejo de Seguridad mexicano.
"De acuerdo con información preliminar por confirmar, (las 72 víctimas) pudieran ser inmigrantes de El Salvador, Honduras, Ecuador y Brasil", explicó Poire en rueda de prensa.
En Brasilia, un portavoz de la cancillería dijo que el gobierno mexicano se comunicó con el embajador de Brasil y le "informó oficialmente que fueron hallados los cuerpos de cuatro ciudadanos brasileños".
Según Poire, las 72 víctimas, de las cuales 14 son mujeres, fueron localizadas a partir de un enfrentamiento el lunes entre policías y "presuntos integrantes de la delincuencia organizada" en Tamaulipas, y del testimonio de un "herido de origen ecuatoriano que se presentó en la Armada (Marina) de México para solicitar su apoyo".
Por su parte, la Procaduría General de la República (PGR, fiscalía) anunció más tarde que los restos permanecerán en San Fernando, poblado más cercano al sitio de la matanza.
"En vez de trasladarlos a Ciudad Victoria (capital estatal), donde había la refrigeración necesaria, las procuradurías federal y estatal decidieron trasladar los sistemas de refrigeración a San Fernando", ubicado a unos 300 kilómetros de la capital, dijo a la AFP el portavoz Ricardo Nájera.
Además, una delegación consular de los cuatro países de los inmigrantes asesinados llegará el jueves por la mañana a Tamaulipas para verificar sus nacionalidades, dijo por su parte a la AFP Hugo Carrillo, embajador de El Salvador en México.
Los gobiernos de la región condenaron este miércoles la masacre, y algunos de los que podrían tener ciudadanos entre las víctimas anunciaron que colaborarán con las investigaciones.
"Eso es gravísimo y lamentable, pero la embajada y los consulados se han movilizado inmediatamente", dijo el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, tras una reunión en Quito con su homóloga mexicana, Patricia Espinosa.
También El Salvador manifestó su repudio. "Esperamos que como producto de la investigación se encuentre y se castigue a los culpables", subrayó el canciller salvadoreño, Hugo Martínez.
"Quiero expresar mi más enérgico repudio y rechazo (...) por estos hechos criminales, cobardes, violentos, que enlutan no solamente a las familias de los ciudadanos que fueron cobardemente asesinados, sino a todos los gobiernos y los pueblos de América Latina", dijo por su parte la canciller mexicana.
También el gobierno de Estados Unidos, autoridades y entidades dedicadas a la defensa de inmigrantes en Guatemala, organizaciones internacionales y de derechos humanos deploraron la matanza.
"Este caso, después de que las autoridades hayan precisado su documentación, se va a convertir en un emblema de la capacidad o incapacidad (del Estado mexicano) para hacer frente" a los abusos contra los indocumentados en México, que incluyen denuncias de miles de secuestros anuales, enfatizó Alberto Herrera, director de Amnistía Internacional (AI) en México.
Este miércoles, las carreteras que conducen a San Fernando eran transitadas por numerosos vehículos militares, constató un periodista de la AFP.
Tras la denuncia del ecuatoriano, la Marina efectuó el martes un operativo que incluyó acciones aéreas en una hacienda cercana al municipio de San Fernando, de unos 30.000 habitantes, dijo en la conferencia junto a Poire el portavoz de la Armada, José Luis Vergara.
El estado de Tamaulipas es escenario de fuertes disputas entre el cártel narcotraficante del Golfo y sus antiguos aliados Los Zetas, liderados por soldados de élite desertores a los que las autoridades acusan de cometer distintas masacres y de perpetrar secuestros masivos de indocumentados.
Según el portavoz Vergara, el ecuatoriano señaló a los Zetas como responsables de la masacre.
Por su parte, una fuente de la PGR del estado dijo que el sobreviviente aseguró que hombres armados que viajaban en vehículos los interceptaron cuando se trasladaban de una hacienda a otra y les ofrecieron trabajo como sicarios con una paga de 1.000 dólares quincenales.
Ante la negativa de los indocumentados, empezaron a dispararles, dijo la fuente. El ecuatoriano, identificado como "Freddy", fue puesto bajo vigilancia como testigo protegido de la fiscalía, agregó.
La violencia desatada por el narcotráfico ha provocado más de 28.000 muertos desde finales de 2006, la mayoría víctima de sus guerras intestinas.
El gobierno de México ha movilizado a unos 50.000 militares para combatir a los cárteles.
En los últimos dos meses y medio hubo en México otros dos grandes hallazgos de cadáveres, en fosas clandestinas, que las autoridades creen fueron usadas por pistoleros del narcotráfico para deshacerse de los cuerpos de enemigos.
(Con información de AFP)
