Julio Godoy (IPS)
Hay consenso en que la responsabilidad mayor por las emisiones de gases causantes del recalentamiento de la Tierra recae en los países industrializados. Que de esa responsabilidad se derivan consecuencias políticas debería ser igualmente inequívoco. Pero no lo es.
Un ejemplo: los gobiernos del país que por mucho tiempo fue el principal emisor de gases de efecto invernadero, Estados Unidos, se negaron casi desde el principio de las negociaciones internacionales a cumplir con obligaciones válidas para las otras naciones industriales.
En 1999, el Senado de Estados Unidos se negó a ratificar el Protocolo de Kyoto, adoptado en 1997 para regular las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero de los países industrializados hasta 2012.
La negativa fue oficializada por el presidente George W. Bush en 2001, quien repudió el Protocolo e hizo retirar de él la firma que había estampado su predecesor, Bill Clinton (1993- 2001).
A su tiempo, el Legislativo y el Ejecutivo estadounidenses emplearon dos argumentos contra el Protocolo de Kyoto. El primero: la reducción sustancial de emisiones de dióxido de carbono y de otros gases invernadero dañaría la competitividad industrial de Estados Unidos.
El segundo: países del mundo pobre con altas tasas de crecimiento económico, como Brasil, China e India, debían ser parte del Anexo I del Protocolo de Kyoto y estar obligados a reducir sus emisiones, con independencia de los costos que tal reducción entrañara para su desarrollo.
Esta negativa de Estados Unidos –y de otros países industrializados como Australia– a admitir su responsabilidad en la creación de las condiciones propicias para el cambio climático, continúa bloqueando las negociaciones para alcanzar un nuevo esquema de compromisos más allá de 2012, que debería concluir en diciembre, en una conferencia internacional que se celebrará en Copenhague.
Yvo de Boer, secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, sostuvo el lunes que la conferencia de Copenhague no producirá “un nuevo tratado internacional completo”.
De Boer recordó que los negociadores internacionales disponen de muy pocos días para conseguir un acuerdo. “Esta falta de tiempo nos obliga a concentrarnos en lo que puede ser alcanzado y planificado”, añadió en una conferencia de prensa en Londres.
Christophe de Margerie, director ejecutivo de la corporación francesa petrolera Total, auguró también el jueves en París que “las distintas partes no están dispuestas a comprometerse” a reducir sus emisiones de gases invernadero según un tratado internacional vinculante.
En ese marco, Copenhague albergó este fin de semana un foro de la Organización Global de Legisladores para el Equilibrio Ambiental (Globe), conformada por parlamentarios del Grupo de los Ocho (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón y Rusia), además de Brasil, China, India, México y Sudáfrica.
El encuentro de Globe, fundada en 1989, aspira a movilizar esfuerzos en pro de los acuerdos mínimos que se necesitarán en diciembre y más allá.
El vicepresidente de Globe y miembro del Parlamento británico, Graham Stuart, dijo a IPS que la mayoría de las medidas necesarias para reducir las emisiones en los países industriales no necesitan de un tratado internacional.
Estas medidas son las que determinan estándares ambientales para la reducción de emisiones en edificios en el transporte y en aparatos electrónicos, en el estímulo de energías renovables y en la optimización de la eficiencia energética, además de las políticas de reforestación.
Benno Pilardeaux, portavoz del Consejo Consultivo Alemán sobre el Cambio Mundial (WBGU, según sus siglas en alemán), dijo a IPS que expertos ambientales que participan en los preparativos de Copenhague estiman imposible un acuerdo en diciembre.
“Lo más probable es que se establezca sólo un marco de posteriores negociaciones, para continuar los debates en una nueva conferencia, a realizarse en marzo de 2010″, dijo Pilardeaux a IPS.
El WBGU, integrado por los científicos más prestigiosos en todas las áreas del saber humano de Alemania, asesora al gobierno en cuestiones de cambio climático.
Considerando el bloqueo de las negociaciones, el WBGU ha elaborado una nueva propuesta de reducciones de gases invernadero, cuyos fundamentos son, precisamente, la justicia ambiental y los límites en las emisiones impuestos por el propio desarrollo del cambio climático en los próximos 40 años.
En la propuesta, titulada “Solving the climate dilemma”, el WBGU recuerda que la reducción de emisiones hacia el año 2050 está determinada por el límite del aumento de la temperatura media de la Tierra que los científicos consideran tolerable y que establecieron en dos grados centígrados.
El WBGU insiste en que respetar este límite es imperativo para evitar consecuencias ambientales irreversibles, incontrolables y muy peligrosas para la naturaleza y para la humanidad.
A partir de este límite, el WBGU estima que en los próximos 40 años, la humanidad podrá emitir un máximo de entre 600 000 y 750 000 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2). Éste es el presupuesto total de CO2 del que la humanidad dispondrá hasta 2050.
El margen depende de la probabilidad estimada de que el cambio climático ocurra o no, y en qué grado, en función de ese aumento de la temperatura en dos grados.
Si la probabilidad de que ocurra el cambio climático es fijada en 75 por ciento, el presupuesto total de CO2 será de 600 000 millones de toneladas. Si la probabilidad se reduce 67 por ciento, el presupuesto se alzará a 750 000 millones de toneladas.
“En cualquier caso”, advierte el WBGU, “hacia el año 2050, las emisiones de CO2 deberán ser reducidas al mínimo. La época de la economía alimentada por combustibles fósiles deberá haber finalizado en la primera mitad de este siglo”.
Hans Joachim Schellnhuber, coautor del reporte del WBGU, y principal asesor del gobierno alemán sobre el cambio climático, dijo a IPS que, “por una cuestión de elemental justicia ambiental, el presupuesto total de CO2 debe ser dividido en partes iguales entre toda la población mundial”.
“¿Por qué un ciudadano alemán tendría derecho a emitir más CO2 que una persona en India o en Tanzania?” Schellnhuber preguntó. “La regla a seguir debe ser dividir de manera justa el presupuesto global de CO2 con el que la Tierra puede sobrevivir hasta 2050, por la población mundial total”, añadió.
Así, cada persona, más allá de su nacionalidad, tiene derecho a emitir unas 110 toneladas de CO2 en los próximos 40 años.
Schellnhuber, director del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático, recordó que cada ciudadano alemán emite un promedio de 11 toneladas anuales. En Estados Unidos, este promedio es de 19 toneladas por persona, en Australia, de 18, y en China, de 4,6, mientras India y Brasil tienen emisiones anuales de CO2 inferiores a dos toneladas por persona.
De este dato se desprende que los países industriales ya han consumido el presupuesto de CO2 estimado por el WBGU, o lo consumirán en pocos años. Incluso China, según sus emisiones actuales, sólo dispone de un presupuesto para 34 años.
Schellnhuber argumenta que el uso de este método permitiría establecer de manera sistemática y justa objetivos precisos de reducción de emisiones hacia 2020 para todos los países industriales, así como determinar las responsabilidades de las naciones en desarrollo para concebir una economía libre de carbón a mediano plazo.
El WBGU expresa la esperanza de que “el presupuesto total de CO constituya la base (de las negociaciones hacia) un nuevo tratado sobre el cambio climático”, pues el concepto combina “principios fundamentales de equidad (con) cifras concretas para la reducción de emisiones, que todos los países del mundo deberían aceptar para prevenir la desestabilización del clima de la Tierra”.
La secretaría de la Convención publicó esta semana nuevas cifras de emisiones de los países industriales. Pese a la puesta en práctica del Protocolo de Kyoto, la concentración de CO2 en la atmósfera sigue aumentando.
Las emisiones de los 40 países más industrializados crecieron tres por ciento entre 2000 y 2007, indicó un comunicado de la Convención fechado el miércoles.
Aunque las emisiones de los 37 países obligados por el Protocolo de Kyoto han caído en 16 por ciento desde 1990, añadió el comunicado, esto se debe al declive de las economías de antiguo bloque socialista, y no a políticas ambientales y energéticas adecuadas.
Vea además:
ONU baja expectativas para acuerdo cambio clima en Copenhague (Reuters)
El calentamiento global tiene su mapa (BBCMundo)
