Cubadebate

El presidente boliviano, Evo Morales, aseveró que los oligarcas en Honduras aplican el mismo formato que el golpe de Estado que quisieron imponer sus adversarios en 2008, destaca hoy el diario Cambio.

En un encuentro con sectores campesinos de la región de Jach a Carangas (La Paz), el dignatario explicó que son similares los intentos de dividir al país centroamericano y el atentado contra autoridades elegidas democráticamente por el pueblo.

Morales aseveró que los dirigentes de las naciones inmersas en profundos procesos de cambios están obligados a librar una batalla permanente contra esos grupos antipatrióticos.

Asimismo identificó al colonialismo interno que no acepta las transformaciones en el país centroamericano como uno de los principales adversarios a derrotar en la región.

El dignatario propuso esta semana a la Organización de Estados Americanos (OEA) la creación de un Tribunal Penal Interamericano para condenar el golpe militar perpetrado contra el presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya.

La iniciativa está basada en el artículo tres de la Carta Democrática Interamericana, precisó.

Ese apartado asegura que los pueblos de la región tienen derecho a la democracia y sus gobernantes la obligación de promoverla y defenderla, indicó el jefe de Estado.

Según la propuesta, el Tribunal tendrá como finalidad la recepción de denuncias, investigación, procesamiento y sanción a personas que hayan cometido delitos y atentados contra la democracia y los derechos humanos en la nación centroamericana.

La audiencia actuará amparada en varios documentos de derechos internacional, entre ellos, la Carta de la OEA, la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre Americano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución Política de Honduras.

Por su parte, el Comité Cívico de Bolivia condenó enérgicamente el golpe de Estado que destituyó a Zelaya  y solicitó a los gobiernos hacer los esfuerzos necesarios para restituirlo en su cargo.

También pidió a la OEA que haga cumplir el ultimátum de 72 horas que exige el inmediato, seguro e incondicional retorno del presidente hondureño a sus funciones constitucionales.