Cubadebate

La Jornada

David Brooks
Corresponsal

El gobierno de Barack Obama denunció el golpe en Honduras como acto "ilegal", y afirmó que el presidente constitucional, Manuel Zelaya, es el único mandatario democráticamente electo, pero no pidió de manera explícita su restitución ni suspendió por ahora la asistencia militar al país centroamericano, como marca la ley en caso de golpe de Estado.
"El presidente (Manuel) Zelaya fue electo democráticamente. Aún no había cumplido su periodo. Creemos que el golpe no fue legal y que Zelaya sigue siendo el presidente de Honduras, democráticamente electo", declaró Obama esta tarde.
Agregó que será un "precedente terrible si nos empezamos a mover hacia atrás, a una era en la que vemos golpes militares como medio de transición política, en lugar de elecciones democráticas. La región ha logrado enormes avances a lo largo de los últimos 20 años en instaurar tradiciones democráticas en Centroamérica y América Latina. No queremos regresar a un pasado oscuro".
La secretaria de Estado pide atender la "polarización política"
En comentarios hechos durante una reunión bilateral con su colega de Colombia, Álvaro Uribe, en la Casa Blanca, Obama reiteró que su gobierno trabaja con la Organización de Estados Americanos (OEA) y otros mecanismos multilaterales para buscar una solución pacífica a la crisis.
Pero no demandó de modo explícito la restitución del Ejecutivo expulsado; tampoco lo hizo la secretaria de Estado, Hillary Clinton, en comentarios sobre la situación hechos horas antes.
Se le preguntó por qué no había un reclamo más preciso. Clinton respondió: "no hemos presentado demandas sobre las cuales estamos insistiendo, porque estamos trabajando con otros a nombre de nuestros objetivos finales, los cuales son ampliamente compartidos".
Abundó: "pensamos que el arresto y la expulsión de un presidente ciertamente son preocupantes y tiene que ser abordados".
En otro momento declaró que "todas las partes tienen una responsabilidad de abordar los problemas de fondo que llevaron a los eventos de ayer" y proceder "de una manera que mejore la democracia y el régimen de ley en Honduras".
Los objetivos que enumeró fueron, además de la restauración del orden democrático, "abordar los serios problemas de la polarización política en Honduras, restaurar la confianza en sus instituciones de gobierno y asegurar que Honduras procede exitosamente hacia sus elecciones presidenciales programadas para noviembre de este año".
Poco después, sin embargo, su vocero, Ian Kelly, trató de argumentar que el gobierno estadunidense, al sumarse a la declaración de la OEA presentada anoche, sí demanda la restauración de la presidencia de Zelaya.
Y aunque Clinton denominó "golpe" lo ocurrido en Honduras, se negó a pronunciarlo así legalmente, ya que hacerlo obligaría a Washington a suspender toda la asistencia militar y económica a Tegucigalpa.
"Pensamos que esto ha evolucionado a ser un golpe", afirmó Clinton, pero cuando se le preguntó si consideraba suspender la asistencia militar, indicó que no.
Reconoció que "gran parte de nuestra asistencia está condicionada a la integridad del sistema democrático", pero "estamos aplazando cualquier determinación legal formal" de que esto sea un "golpe".
Argumentó que aunque se está evaluando esa determinación, por ahora lo que se busca restablecer es "el régimen de derecho y el orden constitucional dentro de un periodo de tiempo relativamente corto. Creo que eso sería un buen resultado".
Según la ley estadunidense, ninguna asistencia militar y económica puede ser otorgada a un país cuyo jefe de Estado ha sido derrocado por un golpe de Estado.La asistencia de seguridad (militar y policiaca) de Estados Unidos a Honduras es significativa, además de que el país es sede de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, residente en la base aérea hondureña de Soto Cano en Palmerota, donde comparte las instalaciones con las fuerzas armadas locales.
Entre 2005 y 2010 la asistencia total de seguridad estadunidense (entre gastos aprobados, entregados y algunos calculados) asciende a 43 millones 430 mil dólares.
Las cifras compiladas anualmente por el proyecto conjunto Just the Facts, del Centro de Política Internacional, la Oficina de Washington sobre América Latina y el Grupo de Trabajo Latinoamericano, con base en datos oficiales, incluyen más de 6 millones de dólares para el Programa de Educación y Capacitación Militar Internacional del Pentágono, 5.3 millones en un programa de asistencia antinarcóticos y otros 2 millones por separado para lo mismo, pero incluyendo asistencia policiaca, y casi 6 millones en asistencia y financiamiento para compra de armas y equipo de seguridad, entre otras.
Un total de 881 militares hondureños recibieron adiestramiento y capacitación en programas militares y de seguridad estadunidenses en 2005 y 2006.
Entre las justificaciones oficiales que se someten al proponer la asistencia estadunidense al Congreso, el Departamento de Estado expresó que los programas de "educación militar" y de seguridad pública para Honduras en 2009 están diseñados para "mejorar las relaciones cívico-militares y la integración y estabilidad regional. El entrenamiento ayudará a reforzar la noción del control civil de lo militar y promover los derechos humanos".
Por otro lado, entre 500 y 600 militares estadunidenses permanecen en la base aérea Soto Cano de manera rotativa, como integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, bajo la autoridad del Comando Sur de Estados Unidos.
Su misión principal, según el Comando Sur, es promover ejercicios conjuntos y la cooperación regional y "apoyar el desarrollo democrático" en Centroamérica.
Entre otros objetivos, la Fuerza de Tarea Conjunta busca apoyar estrategias antinarcóticos en la región, como el "desarrollo de papeles militares y misiones para el siglo XXI, apoyar a las fuerzas armadas latinoamericanas cuando se desarrollen estructuras de fuerza y doctrina, demostrar apoyo a los derechos humanos y subordinación a las autoridades civiles".
Altos funcionarios del gobierno de Obama declararon ayer que Estados Unidos había trabajado, junto con otros países de la región, durante los últimos días para evitar precisamente una situación así en Honduras.
Sostuvieron discusiones con varios sectores, pero informaron que a partir del domingo los militares hondureños ya no recibían sus llamadas.
Otras voces de condena
A la vez, legisladores y organizaciones no gubernamentales y sindicales, así como inmigrantes hondureños, se sumaron al coro de condena al golpe de Estado.
Hoy el presidente del subcomité sobre el hemisferio occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Eliot Angel, condenó "firmemente la remoción del presidente Zelaya" y aseveró que "debe ser restituido sin demora".
Aunque expresó que es "preocupante" que Zelaya y otros líderes latinoamericanos hayan buscado "alterar" constituciones para permanecer en el poder, Angel agregó que "derrocar al presidente Zelaya o cualquier otro no es la manera de enfrentar tales acciones".